El negocio de recibir un país en ruinas

¿Qué ocurre con una democracia cuando cada gobierno necesita pintar al anterior como una catástrofe para justificar su propia existencia?

La pregunta parece hablar de Colombia. Pero en realidad habla del poder.

Donald Trump entendió muy pronto que "Make America Great Again" no era solo una promesa de futuro. Era, sobre todo, un relato sobre el pasado. Para volver a hacer grande a Estados Unidos, primero debía convencer a millones de personas de que había dejado de serlo. Obama dejó de ser el presidente que ayudó a sacar al país de la crisis financiera.

Biden dejó de ser el mandatario de una economía que, con todas sus dificultades, conservaba indicadores robustos de empleo y crecimiento. Ambos pasaron a representar el fracaso, la corrupción y la decadencia.

No porque esa fuera toda la realidad. Sino porque mientras peor luciera la herencia, más heroica parecería la reconstrucción.

Y entonces miré hacia Colombia.

No porque crea que estamos copiando a Trump. Las diferencias ideológicas son evidentes. Pero sí porque empiezo a reconocer el mismo mecanismo narrativo, aun cuando definitivamente, no me gusta la corrupción que hemos padecido.

Antes incluso de comenzar a gobernar, el nuevo relato ya nos habla de un Estado destruido, de unas finanzas arrasadas, de corrupción por todas partes y de un país que debe ser rescatado antes que administrado. Ni un solo logro, por dar 2 sencillos ejemplos, en materia de agricultura o recuperación de tierras.

Aclaro algo para evitar la discusión equivocada. Investigar posibles irregularidades no solo es legítimo: es una obligación. Si hubo corrupción, que actúen los jueces y se establezcan responsabilidades y sanciones.

Ese no es el debate.

El debate comienza cuando el relato llega antes que las pruebas. Cuando la sospecha sustituye a la evidencia. Cuando un país entero queda resumido en una caricatura porque esa caricatura resulta políticamente rentable.

Empiezo a sospechar que existe una de las formas más eficaces de fabricar prestigio político: controlar el punto de partida.

Porque quien controla la línea de salida, controla también la magnitud de la victoria.

Si logras convencer al país de que recibiste un desastre sin precedentes, cualquier mejora parecerá una hazaña. Si, en cambio, reconoces que heredaste problemas, pero también instituciones que funcionan, ciudadanos que producen, empresarios que arriesgan, campesinos que regresan a sus tierras, maestros que enseñan y servidores públicos que cumplen con su deber, entonces gobernar bien deja de ser una epopeya. Se convierte, simplemente, en tu responsabilidad.

El primer acto de muchos gobiernos no es gobernar. Es convencer al país de que la línea de partida estaba mucho más atrás de donde realmente estaba.

Y esa narrativa tiene una víctima silenciosa. No es el gobierno anterior.

Es el país.

Porque cada vez que un presidente afirma que recibió únicamente escombros, también les dice a millones de ciudadanos que su trabajo durante esos años no cuenta. Que las empresas que crecieron no crecieron. Que los hospitales que mejoraron no mejoraron. Que los campesinos no produjeron comida. Que los maestros no enseñaron. Que los emprendedores no resistieron. Que el esfuerzo colectivo vale menos que el relato político.

Los gobiernos cambian. Los países no.

Un presidente no hereda un desierto. Hereda una nación construida todos los días por millones de personas, incluso durante el gobierno al que hoy descalifica.

Todo gobierno tiene derecho a construir un futuro mejor. Lo que no tiene es el derecho de empobrecer el pasado para engrandecer su propio mérito. Porque hay una corrupción de la que casi nunca hablamos.

La corrupción de la memoria.

Y cuando un país acepta que su historia comienza de nuevo cada cuatro años, deja de construir sobre sus cimientos y empieza a vivir de demoliciones. No para gobernar mejor, sino para que cada nuevo inquilino del poder pueda posar, una vez más, en la fotografía de la primera piedra.

Pregunta ñapa:

¿Estamos viendo el país que somos... o el encuadre que alguien quiere que vean sus seguidores? Luis Carlos Jacobsen

Julio 5 de 2026

El prójimo que no cabe en el gobierno

Estoy hastiado. No es una frase de columnista buscando efecto, es lo que siento cada vez que abro una red social y veo a los colombianos tratarse como si el otro no fuera una persona. "Mamertos. Zurdos. Vamos a destriparlos. Escoria. Una plaga que hay que extinguir." Un concejal amenazando con un bate como si fuera argumento. "Plomo es lo que viene, plomo es lo que hay" sigue retumbando todavía, como si la historia no nos hubiera enseñado ya, con sangre suficiente, a dónde lleva esa frase. Y del otro lado, el mismo desprecio con otro vocabulario: al empresario se le declara enemigo, al que piensa distinto se le acusa de querer destruir el país.

Dos países que no se reconocen. Eso tuvimos en campaña. La pregunta ahora es si eso es lo que vamos a tener en el gobierno.

El agotamiento de lo sagrado

Colombia se declara católico. Invoca a Dios en su himno, en sus fiestas, en sus discursos de posesión. Y quienes hoy llegan al poder, en su mayoría, van puntuales a misa todos los domingos. Pero pareciera que solo practican lo que ahí predican con los suyos, y solo con quien comparte su misma orilla política. Es posible ser ateo declarado, y convertirse en un escenario público porque eso da votos. Son capaces de apropiarse, como la camiseta de la sele, de una fe que nos pertenece a todos —creyentes de cualquier signo político, y también a quienes no creen— y usarla para diferenciarse del resto, no para acercarse a él.

Prójimo. Qué palabra tan repetida en la misa, y tan pisoteada al salir de ella.

La foto que veremos

Y ese agotamiento no se quedó en el discurso. Ya se tradujo en un gesto concreto, del que casi nadie ha hablado con la seriedad que merece: el presidente electo confirmó que no irá a la Casa de Nariño a encontrarse con el presidente saliente. No habrá apretón de manos, no habrá la fotografía protocolaria que, más allá de cualquier simpatía o antipatía política, ha servido históricamente para una sola cosa: decirle al país, en un solo gesto, que el poder cambia de manos sin que la nación se rompa en el proceso.

Se puede argumentar, con razón, que el desencuentro entre ambos tiene motivos de fondo, no solo de forma. Pero la semiótica no distingue entre motivos justificados y no justificados: solo transmite lo que transmite. Y lo que ese vacío transmite, a un país que ya está al borde del ataque de histeria de tanto vernos como enemigos, es que ni siquiera en el momento más simbólico de la democracia —la entrega pacífica del poder— hay espacio para sentarse en la misma sala. Si eso no ocurre en la cúpula, ¿con qué autoridad moral le vamos a pedir al ciudadano de a pie que se siente a conversar con el vecino que votó distinto?

La campaña ya se acabó. Pero los ecos con los que ese poder se ganó no se apagan con el cierre de urnas. Pasan factura, y la van a seguir pasando. Vamos a verlo en el bienestar de la gente, que sigue viviendo con la tensión de sentir que su país está partido en dos. Lo vamos a ver en la productividad, porque ningún país rinde igual cuando media su energía se va en pelear por identidad en vez de construir futuro. Lo vamos a ver en la salud mental colectiva, agotada de un discurso público que no da tregua. Y lo vamos a ver, tarde o temprano, en el crecimiento económico mismo, porque la inversión y la confianza no florecen en terrenos que se sienten, todos los días, al borde de la ruptura.

"Yo no marcho, yo produzco"

Y aquí quiero ir más lejos, porque el agotamiento religioso no es el único vacío que nos tiene así de fracturados. Está también el discurso de quien opera desde la ventaja y se victimiza al mismo tiempo. Se sienten orgullosos de dar empleo —y no niego que generar empleo sea deseable—, pero muchas veces lo hacen en las condiciones mínimas que la ley les exige, ni una más. Se ufanan de ser empresarios y, en el mismo aliento, se quejan de lo duro que les toca. No lo voy a negar: les toca duro, de verdad. Pero detengámonos un instante a preguntar si esa riqueza que se crea con el trabajo de muchos no termina beneficiando, sobre todo, a quien ya estaba arriba.

Quiero ser claro en algo: no creo que el empresario sea el villano de esta historia, ni que el trabajador asalariado sea un resentido por pedir más. Eliminemos ya, de una vez por todas, el discurso clasista que necesita un enemigo de clase para sostenerse. Lo que pide la mayoría de este país no es una revolución. Es un parque público digno donde llevar a sus hijos. Un hospital público impecable que no le tome meses dar una cita. Una escuela con profesores bien pagados y bien formados. Un transporte que no sea un TransMilenio atestado hasta la asfixia o una moto que es, estadísticamente, la forma más peligrosa de moverse por esta ciudad.

Eso mismo —parque, salud, educación, movilidad— está garantizado, sin drama, para quien puede pagar el club privado, la medicina prepagada, el colegio bilingüe, la universidad privada, el carro que se cambia cada tantos años, y hasta el conductor contratado en ciertos casos. No son brechas lo que separa a estos dos países. Son abismos infranqueables.

El abismo no se cierra solo

Y no podemos seguir dejando que esos abismos se acentúen mientras unos pocos dicen, con la conciencia tranquila, "yo no marcho, yo produzco" — como si producir y exigir justicia fueran cosas incompatibles, como si la incomodidad ajena no fuera, también, un poco su responsabilidad. Quien más tiene, tiene también más capacidad de cerrar la distancia. Y si no lo hace por convicción, debería hacerlo, cuando menos, por lucidez: la historia de este continente ha sido clara y repetida sobre lo que ocurre cuando los abismos se dejan crecer sin freno. No hace falta desearlo ni anunciarlo como amenaza. Basta con mirar hacia atrás para saber que ninguna seguridad privada, por costosa que sea, ha logrado nunca contener del todo la furia acumulada de un país que se sintió abandonado durante demasiado tiempo.

La pregunta a quien debería tener la talla moral

Si el presidente que hoy asume no frena, de manera expresa y pública, el lenguaje que corrió libre en su propia corriente durante la campaña, no sé quién más podría hacerlo. Y la pregunta cae, inevitable, sobre su vicepresidente: católico consumado, practicante rezandero del santo rosario, cercano a los recién convertidos, con la investidura simbólica de quien podría liderar, desde su propia fe, un llamado real a tratar al otro como a uno mismo. ¿Tiene esa talla moral? Lo sabremos no por lo que diga en un discurso, sino por si logra que los suyos dejen de llamar plaga a la mitad del país que no votó por ellos, y por si logra que los más privilegiados entiendan que su fe, si es real, tiene que traducirse en cerrar el abismo, no solo en administrarlo desde la comodidad de no cruzarlo nunca.

Comulgar con el contrario

Metan toda la religión que quieran en el gobierno. Eso no lo voy a cuestionar. Pero si de verdad creen en lo que predican, entonces caminen sobre esa prédica, no solo la repitan el domingo. Comulguen con el contrario: reconozcan, desde el privilegio que en su gran mayoría representan, que hay un país entero que necesita más que discursos de unidad y fotos en misa. Necesita parques, hospitales, escuelas y transporte dignos, financiados también por quienes hoy dicen que no marchan porque producen.

Y esto no es solo para un lado. Dejemos, todos, de echarle leña al fuego de la izquierda enemiga de la derecha, o de la derecha enemiga de la izquierda. El prójimo no es una palabra de sermón. O empieza a ser una práctica de lunes a viernes, con el abismo social como primera prioridad, o dejemos de fingir que la fe tiene algo que ver con lo que estamos haciendo.

Creo que Iván Cepeda se equivocó

Iván Cepeda anunció esta semana que, si el presidente electo no cumple una serie de condiciones, ejercerá "desobediencia civil pacífica" — e invitó a los más de doce millones de electores que votaron por él a hacer lo mismo. La frase corrió rápido, con aplausos de un lado y burlas del otro. Pero casi nadie se detuvo en la pregunta que debía preceder a ambos: ¿sabemos, de verdad, lo que estamos invocando?

Yo creo que no. Y creo que Cepeda tampoco lo midió con el rigor que el término exige. No porque su indignación sea ilegítima, sino porque el mecanismo que decidió invocar es mucho más exigente de lo que su anuncio dejó ver.

Lo que Gandhi nos enseñó, y que casi nadie repite

La desobediencia civil, tal como la pensó Gandhi y la heredaron Thoreau y Martin Luther King, no es un grito de indignación con forma de estrategia política. Es una disciplina moral que solo se sostiene si se cumplen condiciones precisas: un agravio real y verificable, no una sospecha; el agotamiento previo de los canales legítimos, porque la desobediencia era el último recurso, nunca el primero; autopurificación, entrar al acto sin odio ni ánimo de humillar, buscando convertir al adversario, no destruirlo; transparencia total —Gandhi avisaba a las autoridades antes de cada campaña—; y disposición a asumir el castigo sin represalia, como prueba de que el reclamo es sincero y no solo estratégico.

Ninguna de estas condiciones es un formalismo. Juntas son lo que separa la desobediencia civil de la obstrucción política con buen empaque retórico. Juntas le dieron la potencia para expulsar al imperio británico de su país.

Por qué esto no es un capricho semántico

La precisión aquí no es pedantería, es cuidado del arma misma. La desobediencia civil es de las herramientas más poderosas que tiene una democracia frente a un poder que de verdad se extralimita. Y como toda herramienta poderosa, se desgasta con el uso indebido. Invocarla ante la primera desavenencia la convierte en una consigna más, gastada antes de que llegue el día en que de verdad haga falta.

El caso Cepeda, medido contra esas condiciones

Puesto contra ese marco, el anuncio tiene fisuras difíciles de ignorar. Las exigencias que plantea —renuncia a la ciudadanía estadounidense del presidente electo, aclaración sobre vínculos con agencias de inteligencia— se apoyan, por ahora, en denuncias y señalamientos, no en hechos probados. Eso no las vuelve falsas, pero sí insuficientes para el nivel de certeza que el mecanismo exige antes de activarse.

Tampoco es claro que se hayan agotado los canales legítimos. Cepeda tiene una banca en el Senado, con más de doce millones de votos detrás y todas las herramientas del control político a su disposición. Anunciar la desobediencia antes de haberlas usado a fondo —y antes, incluso, de que el gobierno electo se posesione y cometa el acto que se le reprocha— invierte el orden que el concepto exige. No es la respuesta a una injusticia consumada. Es una condición impuesta por anticipado a un gobierno que todavía no ha gobernado.

Ahí está, creo, el verdadero error: no en indignarse, que es un derecho legítimo de cualquier opositor, sino en la forma y en el momento. Convocar a millones de personas a desconocer la autoridad de un gobierno antes de que actúe no es ejercer el último recurso de la democracia. Es adelantarlo, y al adelantarlo, desgastarlo.

La potencia que no hay que desperdiciar

Esto no significa que la desobediencia civil no tenga lugar en una democracia sana. Es, quizás, el instrumento más noble que le queda a un ciudadano cuando la ley o la autoridad se ponen genuinamente al servicio de la injusticia. Pero un instrumento noble usado a destiempo no fortalece a quien lo invoca. Lo debilita, y debilita también la reserva moral que el país podría necesitar el día que ese instrumento sea, de verdad, indispensable.

La pregunta no es si algún día será necesario desobedecer. Es si sabremos reconocer, sin apresurarnos, cuándo ese día realmente llegó.

Luis Carlos Jacobsen

Julio de 2026