Primero EAN que Semana.

Paseaba a mi perrita por la 11 con 78 bajo una luz especial de las diez de la mañana en diciembre. Bogotá, después de la Navidad, parecía recién lavada: cielo azul, gente lenta, ciudad en pausa. Y entonces aparecieron, una detrás de la otra, como si alguien hubiera armado la escena con intención.

Primero, una universidad: la Universidad EAN.
Después, una revista: Revista Semana.

El orden importa. Mucho.

La EAN no promete salvar el país. No grita. No adoctrina. Enseña.
Forma jóvenes que conviven con el barrio, con la ciudad real, con la complejidad del mundo. Allí la verdad no se impone: se descubre, se discute, se prueba. No es una verdad cómoda. Es una verdad que exige pensar.

Ahí no hay dogma. Hay método. No hay consigna. Hay criterio.

Y esa verdad —lenta, imperfecta, revisable— es la única que termina impregnándose de verdad en la cultura de un país.

Luego viene la revista.

Una revista de derecha que no tiene problema en asumirse como tal. Hasta ahí, legítimo. El problema comienza cuando informar deja de ser el centro y pasa a ser un medio para otra cosa: intereses económicos, reputación, poder político. Cuando el periodismo deja de incomodar al poder y empieza a administrarlo.

El capital en los medios no es neutral. Nunca lo ha sido.

El capital en los medios es amarre político. Es interés disfrazado de objetividad.
Es reputación cuidada. Es la voz —más o menos maquillada— de un partido político hablando en nombre del país.

Todo dentro de la ley, claro.
Pero no todo lo legal es ético.
Y no todo lo publicado es información.

Lo verdaderamente inquietante no es que existan medios así.
Lo inquietante es que la gente los compra.

Compra la revista. Compra el titular. La suscripción. Compra la indignación dirigida.
Compra el miedo bien empacado. Compra opinión creyendo que es información.

Un país no se debilita solo por malos medios.
Se debilita cuando sus ciudadanos no distinguen entre periodismo y propaganda.

Por eso la EAN va primero que Semana.
No por ideología. Por sentido histórico.

Porque cuando los medios —de derecha o de izquierda— están copados por militancias y, sobre todo, por los grandes grupos económicos, la educación se convierte en el último contrapeso real de una democracia.

La educación no compite con los medios: los supera.
Porque mientras un medio intenta convencer, la educación enseña a pensar.

Un país sin pensamiento crítico es un país gobernado por titulares.
Un país sin debate es un país dócil. Un país que no enseña a contrastar ideas termina obedeciendo relatos.

Los jóvenes no están “aprendiendo para algún día”.
Están decidiendo ahora.

Son los jóvenes quienes decidirán qué país vale la pena narrar, a quién creerle, y a quién dejar de comprarle el miedo.

Y a nosotros nos queda una responsabilidad incómoda, pero ineludible:
aprender a liderarlos sin domesticarlos. Una idea suelta para rematar. Necesitamos estudiar y descubrir el tipo de liderazgo que más conecta con los jóvenes. Necesitamos buenos, jóvenes líderes de todos los rincones de la nación, de todos los estratos y orígenes económicos, para que saquen adelante este país, con una verdad construida por ellos mismos. 

Porque el futuro no se informa.
El futuro se piensa.

La moral Lafaurie Cabal es digna de estudio para entender la idiosincrasia colombiana.

I.

La historia comienza, como tantas buenas farsas políticas, con una lección moral.

“Los subsidios hacen a la gente perezosa”, se nos ha explicado con paciencia pedagógica desde tribunas, micrófonos y redes sociales por el uribismo mismo. ¿Remember AIS? El Estado, al parecer, es un mal hábito… salvo cuando es útil.

Así, el joven abogado Juan José Lafaurie Cabal, fogoso crítico del asistencialismo, decidió protagonizar un interesante ejercicio académico:
denunciar los subsidios en público y estudiarlos bien aplicadito en privado.

El experimento incluyó un crédito de 400 millones de pesos de Finagro, elegantemente acompañado por un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) —esa figura tan perezosa—, diseñado precisamente para pequeños productores. Todo muy técnico. Muy legal. Muy… conveniente.

Para mayor tranquilidad institucional, el crédito contó con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) en un 80 %. Es decir: si algo salía mal, el Estado respondía. Nada fomenta más el espíritu emprendedor que saber que papá paga si el negocio no cuaja.

El acceso a estos beneficios requirió un gesto de humildad administrativa:
declararse “pequeño productor”.
Una categoría flexible, como la conciencia ideológica, cuando se la mira desde el formulario correcto.

Todo esto ocurrió mientras José Félix Lafaurie, patriarca de la familia, ocupaba —desde hace más de 16 años— un asiento en la Junta Directiva de Finagro, el máximo órgano rector de la entidad. Él aclara que no informó del asunto porque, técnicamente, no era su responsabilidad. Y en política, lo que no es responsabilidad directa, suele evaporarse como el té mal servido.

Los recursos, por supuesto, no flotaban en el aire. Estaban destinados a un proyecto de palma de aceite en una finca vinculada a la sociedad familiar Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., cuyos socios incluyen, casualmente, a la senadora y a sus hijos. La empresa familiar: ese noble invento que permite que el mérito se herede sin hacer ruido.

La contradicción, ya para este punto, era tan evidente que decidió llamar la atención de la Contraloría General, que anunció una visita de auditoría. Nada grave: solo el Estado revisándose a sí mismo después de haberse prestado dinero con una sonrisa.

Ante el revuelo, el patriarca salió a explicar que no había privilegios, sino política pública. Una distinción sutil pero crucial:
cuando otros reciben subsidios, es populismo;
cuando los recibe la familia, es diseño institucional.

El debate escaló. Periodistas, columnas, entrevistas, acusaciones de sesgo. La retahila del uribismo ya conocida que se encarga de desprestigiar y asociar a Coronell con las mafias, siempre que les pisa los talones y se les adelanta con una investigación contundente, contra lo cual, suelen también apelar al "odio que Daniel le tiene a nuestro Uribe". La vieja estrategia: si los hechos incomodan, se diestruye al mensajero. Al mejor estilo del patriarca mayor. Todo dentro del libreto de la derecha de mi país. 

Y como si la política tuviera un sentido del humor particularmente británico, ese mismo día, y a contrario sensu de lo que indicaban las encuestas, el partido decidió despejar cualquier suspenso democrático:

Paloma Valencia fue ungida candidata presidencial por el jefe supremo.

Una decisión vertical.
Rápida.
Elegante en su contundencia.

Las dudas no tardaron. Surgieron incluso dentro del partido, empezando por la contendora directa, que hasta esa mañana se movía con la confianza de quien se sabe la mejor gallina del corral, convencida de que el puesto era cuestión de trámite.

Pero la política, como ciertas tradiciones familiares, no siempre se rige por concursos abiertos. A veces funciona más como herencia: se reparte en la sala, entre conocidos, con la naturalidad de quien lleva años usando la casa.

Nada ilegal, insistirán.
Nada personal, dirán.
Solo una cadena de hechos perfectamente explicables… por separado.

El problema es cuando se leen juntos.

Porque entonces el chiste se cuenta solo.
Y el público ríe.
No porque sea gracioso.
Sino porque ya entendió.

Y pasó por ahí el bobo despistado diciendo al aire que esa candidatura la acabó el muchachito Cabal... , eso dicen.

Fuego familiar, dirán otros. 

Es un patrón y es linaje, digo yo. 

II.

El libreto, visto en conjunto, empieza a parecer menos una anécdota aislada y más una obra en varios actos, escrita durante años.

Ya vimos el primero:
el joven tribuno anti-subsidios que descubre, con admirable flexibilidad intelectual, que los subsidios no son tan malos cuando llegan con nombre propio, respaldo estatal y finca familiar incluida.

Luego aparece el segundo acto, más doméstico, pero no menos ilustrativo.

Porque esta no es la primera vez que el apellido protagoniza escenas incómodas. En el reparto también está la hija repostera, convertida por unos días en fenómeno de redes, cuando una iniciativa empresarial —tan loable como cualquier otra— terminó acompañada de preguntas incómodas sobre condiciones laborales, privilegios y el uso de recursos asociados a esquemas de seguridad del Estado. Todo muy emprendedor. Todo muy… polémico.

Nada ilegal probado.
Pero tampoco exactamente edificante.

El tercer acto lo ocupa el patriarca. José Félix Lafaurie, personaje omnipresente en la política ganadera colombiana, con una larga trayectoria orbitando el Estado: juntas, gremios, cargos, interlocuciones privilegiadas. Siempre cerca del poder, siempre defendiendo que lo suyo no es privilegio sino gestión, no es renta sino representación. Una distinción semántica que, como el subsidio bien explicado, depende mucho de quién la escuche.

A esto se suman episodios que no necesitan sentencia para incomodar:
defensas públicas de comportamientos privados difíciles de justificar,
silencios selectivos,
y una concepción de la autoridad donde la responsabilidad moral suele diluirse en tecnicismos.

Y, por supuesto, está el telón de fondo permanente:
las controversias de la senadora María Fernanda Cabal, figura central de la confrontación política, asociada recurrentemente a debates por intereses de clase, posturas inflexibles frente a reformas tributarias —como la resistencia a gravar alimentos procesados— y señalamientos políticos que, aun sin condena judicial, han erosionado su reputación pública.

Tal vez —y esto hay que concederlo— un juez determine que todo se hizo dentro de la ley. Es perfectamente posible.
En Colombia, lo legal y lo legítimo rara vez viajan juntos.

Pero incluso en ese escenario, la duda persiste. No jurídica. Moral.

Porque cuando los subsidios se condenan pero se usan,
cuando el Estado se denuncia pero se aprovecha, cuando los privilegios se heredan con naturalidad, y cuando las polémicas se acumulan casi nunca por buenas noticias, lo que emerge no es un error aislado.

Es un estilo. Un estilo que hasta se manifiesta en los escándalos sociales como es que su hijo rompa a puños a un compañero y lo deje tendido y en el hospital 35 días. 

Una estirpe política donde el bien público se trata con familiaridad,
como si fuera parte del mobiliario.

Y aquí la sátira ya no necesita exagerar.

Porque cuando una familia aparece una y otra vez en el centro del escándalo —no por crear valor, sino por administrar ventajas—, el problema deja de ser el último episodio.

El problema es el patrón. El linaje.

Y el público, que podrá discrepar ideológicamente, no es ingenuo.

Puede que no condene.
Pero recuerda.