¿Cuál cambio? La comodidad de negar lo incómodo

Hay algo que me ha venido rondando con insistencia cuando pienso en eso que se bautizó —con una carga casi emocional— como el “gobierno del cambio”. No tanto por lo que prometía, que en política suele ser una narrativa generosa, sino por lo que terminó ocurriendo cuando esa promesa tuvo que enfrentarse con la realidad, que casi siempre es más terca.

Muchos votaron con una expectativa clara: que algo profundo se moviera, que el país girara, que dejáramos de ser lo que veníamos siendo. Y si uno mira con lupa —con esa lupa incómoda que no milita en ningún bando— la política pública, la estructura del Estado, la forma como se ejecuta el gasto, la sensación es, como mínimo, ambigua. No hubo ese quiebre estructural que algunos soñaban. Persisten prácticas conocidas: contratación abundante, una burocracia que no precisamente se encogió, un Estado que sigue creciendo como si nunca hubiera aprendido a medirse.

Pero quedarse ahí sería, curiosamente, repetir el mismo error que tanto criticamos.

Porque sí pasaron cosas. Y pasaron cosas que no caben del todo bien en una hoja de Excel.

Por primera vez, la izquierda gobernó Colombia. Y eso, en un país históricamente receloso —por no decir alérgico— a ese espectro político, no es un dato menor. Cambió el tono, cambió el lenguaje, cambió la estética del poder. Cambió incluso la conversación sobre quién cabe y quién no cabe en la mesa.

Algunas reformas avanzaron, otras se estrellaron contra un muro que sigue ahí, firme, recordándonos que el poder en Colombia no se entrega con facilidad. Y en medio de ese pulso, aparecieron señales que incomodan porque no encajan del todo en los relatos prearmados. El campo, por ejemplo, mostró momentos de dinamismo poco habituales, con crecimientos que superaron el 10%. Más dinero en manos campesinas, más movimiento en territorios que durante años parecían condenados a la inercia.

Y sí, también se intentó mover una ficha que lleva décadas atascada: la tierra.

No porque antes no existiera el problema. La tierra incautada al narcotráfico ha estado ahí, durante años, bajo la administración de entidades como la Sociedad de Activos Especiales, pasando de gobierno en gobierno, acumulando promesas, enredos jurídicos y, en demasiados casos, abandono. No es que antes no hubiera intención; es que el sistema, como suele pasar, es más complejo —y más resistente— de lo que cualquier gobierno quisiera admitir.

Lo que aparece ahora es un intento más explícito de mover esa tierra, de adjudicarla, de ponerla a producir, de hacer algo con ella más allá de administrarla en un limbo elegante. ¿Es una revolución agraria? Decir eso hoy suena más a deseo que a realidad consolidada. Pero tampoco es honesto decir que no se ha intentado nada distinto.

Y aquí es donde la conversación se pone interesante… o incómoda, dependiendo de desde dónde se mire.

Porque hay un sector que ante todo esto responde con una pregunta que ya no suena a pregunta, sino a consigna: “¿Cuál cambio?”. Y en ese gesto hay algo profundamente revelador. No es solo escepticismo. Es, muchas veces, una negación activa de cualquier matiz.

Critican que no haya cambio, pero nunca quisieron uno que viniera desde ahí.

Es como quien pide más agua… pero le pone una piedra al molino.

Se exige transformación en el discurso, pero se bloquea, se deslegitima o se minimiza cualquier intento que no encaje en la propia visión de mundo. Todo se reduce, se caricaturiza, se invalida por origen. Y entonces ya no importa si algo funciona o no, si tiene impacto o no. Importa quién lo hizo.

Y así es muy difícil construir país.

Porque una cosa es criticar —y hay mucho que criticar, sería ingenuo negarlo—, y otra muy distinta es negar de plano cualquier posibilidad de mérito. Cuando todo se invalida por principio, dejamos de evaluar por contenido. Y ahí ya no estamos en el terreno de las ideas, sino en el de las identidades defendidas a toda costa.

Ahora, tampoco nos engañemos del otro lado. Convertir cada intento en una gesta heroica también empobrece la conversación. El gobierno no estuvo a la altura de todas las expectativas que generó —probablemente ninguna experiencia política lo está—, pero tampoco fue el desastre absoluto que algunos anunciaban con entusiasmo casi anticipado.

Y entonces quedamos en ese lugar incómodo donde no hay respuestas fáciles.

Lo que sí cambió, y esto me parece más profundo de lo que solemos reconocer, es el tablero. La izquierda gobernando Colombia dejó de ser una hipótesis improbable para convertirse en experiencia concreta. Con inexperiencia, con errores, con tensiones internas, con aprendizajes a veces torpes… pero gobernó.

Y eso, en un país que durante décadas se explicó a sí mismo desde un solo ángulo, ya es un movimiento significativo.

No es el cambio épico que muchos imaginaron. Tampoco es la nada que otros repiten. Es algo más difícil de digerir: un desplazamiento.

Un movimiento que incomoda porque obliga a revisar certezas, a salir del libreto cómodo, a aceptar que la realidad —como las decisiones difíciles en la vida— rara vez cabe en extremos limpios. Tal vez el problema no es que no haya habido cambio. Tal vez el problema es que no sabemos muy bien cómo mirarlo cuando no se parece a lo que esperábamos.

Y por eso, cuando pienso en lo que viene, no puedo evitar una inquietud que se siente menos ideológica y más humana. No quisiera ver este país atrapado en un péndulo donde cada gobierno hereda no solo los problemas del anterior, sino también el estilo de su oposición.

Porque si algo ha quedado claro es que las formas también gobiernan. Y las formas, cuando se radicalizan, no solo contradicen al otro: lo incuban.

No quisiera que quedara Valencia por una sola cosa. La oposición que recibiría sería casi un espejo de la que hoy ella misma ha contribuido a construir. Y en ese juego de reflejos, donde cada lado justifica sus excesos en los del otro, el país termina pagando el costo.

A veces creemos que estamos frenando un modelo, cuando en realidad lo estamos preparando para que vuelva… con más fuerza. Y ahí sí, lo que se vuelve invivible no es un gobierno.

Es la forma en que decidimos convivir.

Luis Carlos Jacobsen

Mayo 3 de 2026

Parte II: La democracia que no aprendimos a sostener

Lo que más me incomoda de la actual contienda electoral, es que no se trata solo de política. Se trata de la cultura que está presente en todo. La narrativa que nos invade y que se retroalimenta ella misma desde la protección de intereses económicos que no permiten un cambio. Intereses económicos con nombre propio del medio de comunicación que se prefiera, para el cual la verdad puede ceder a un segundo plano. 

Colombia no ha logrado consolidar una democracia donde el poder se equilibre, se cuestione y se limite de manera consistente, sin importar quién lo ejerza. En lugar de eso, hemos construido una lógica más simple y más peligrosa: la de la política como eliminación del otro.

Durante mucho tiempo, la existencia misma de una izquierda legítima fue puesta en duda. No se la veía como un contradictor necesario, sino como un enemigo a neutralizar. Esa lógica no solo justificó discursos de exclusión, sino que convivió con hechos mucho más graves que terminaron por distorsionar profundamente el juego democrático.

Pero esa lógica no desapareció. Solo cambió de forma.

Hoy no se elimina físicamente al adversario político como antes, pero se le desfigura, se le caricaturiza, se le reduce a una amenaza constante. Se reinstala el miedo como herramienta electoral. Se construyen narrativas que convierten cualquier propuesta en el inicio de una catástrofe.

Y mientras eso ocurre, algo más sigue intacto: una estructura de poder que ha sido históricamente funcional a ciertos intereses, que ha convivido con economías ilegales, que ha tolerado niveles profundos de corrupción y que ha encontrado en el miedo una forma eficaz de protegerse.

Decir esto no es una defensa de la izquierda. Sería irresponsable negar los errores, las improvisaciones, los escándalos y las limitaciones evidentes del gobierno actual. La corrupción existe y es grave. Las dificultades en sectores como la salud no nacieron ayer, y vaya que sí ha beneficiado a unos cuantos mediante un esquema corrupto y mal controlado, que terminó por explotar.  

Pero lo que resulta imposible de sostener es la idea de que estos problemas son inéditos o exclusivos de un solo sector político. Colombia arrastra fallas estructurales desde hace décadas: concentración de la tierra, desigualdad persistente, economías ilegales infiltrando el poder, instituciones capturadas, reformas necesarias que nunca avanzaron porque tocaban intereses demasiado fuertes.

Y sin embargo, cuando esas reformas se proponen, el debate se desplaza. Ya no se discute su contenido, sino el miedo que generan. Ahí es donde aparece el verdadero doble rasero. No en la existencia de errores —que son inevitables en cualquier gobierno— sino en la manera en que los juzgamos.

Unos son imperdonables. Otros son justificables.
Unos son prueba de una amenaza. Otros son daños colaterales.

Así no se construye democracia.

Una democracia madura no necesita que un proyecto destruya al otro para poder existir. Necesita exactamente lo contrario: que ambos coexistan, se vigilen, se contradigan y se limiten mutuamente.

El contrapeso no es una debilidad del sistema. Es su mayor fortaleza. Pero para que eso funcione, hay que hacer algo profundamente incómodo: dejar de pensar en el otro como enemigo y empezar a verlo como necesario.

Eso implica exigirle a todos lo mismo. Sin excepciones. Sin indulgencias selectivas. Sin miedos heredados que nublen el juicio.

Tal vez el problema de Colombia no sea la izquierda ni la derecha. Tal vez el problema es que seguimos sin aprender a convivir con ambas. Y mientras no lo hagamos, seguiremos atrapados en la misma historia: una donde el miedo decide más que la verdad, y donde la democracia existe… pero no termina de madurar.

Parte I: El miedo que elegimos creer

En Colombia no solo votamos por proyectos políticos. También votamos por relatos. Y algunos de esos relatos llevan décadas instalados en nuestra cabeza, moldeando lo que tememos, lo que rechazamos y, sobre todo, lo que estamos dispuestos a tolerar.

Uno de esos relatos es el del miedo a la izquierda.

No es un miedo cualquiera. Es un miedo profundo, histórico, alimentado por años de violencia, por la asociación casi automática entre izquierda y guerrilla, por la idea de que cualquier intento de transformación social es el primer paso hacia el caos: Venezuela, expropiaciones, crisis económica, pérdida de libertades. Ese miedo no surgió de la nada. Tiene raíces reales. Pero también ha sido cuidadosamente amplificado, repetido y utilizado.

Porque mientras ese miedo ocupa el centro de la conversación, otras cosas pasan a un segundo plano.

Durante años, Colombia vivió un momento en el que la seguridad se convirtió en la prioridad absoluta. Veníamos de un proceso de paz fallido, de un país desbordado por la violencia, de una sensación de pérdida de control. En ese contexto, apareció un liderazgo que ofrecía recuperar el orden, devolver la confianza, permitir que el país volviera a moverse. Y en muchos sentidos lo logró.

Pero ese logro vino acompañado de zonas oscuras que el país, en buena medida, decidió no mirar con el mismo rigor. Graves señalamientos, investigaciones con conclusiones desmoralizantes, vínculos incómodos del poder con estructuras ilegales, abusos en su ejercicio, uso indebido de instituciones del Estado, interceptaciones, persecuciones, relaciones peligrosamente cercanas con actores armados. Hechos muy dolorosos con afectación de derechos humanos que dejaron cicatrices terribles. Hechos sucedidos en un gobierno, causado por unas FFMM desbordadas en todos los rincones del país. No como la teoría de las manzanas podridas, sino la verificación de estar el costal entero incentivado para cometer un hecho tan atroz. 

Nada de eso es un invento. Todo eso ha sido documentado, investigado, debatido. Y sin embargo, una parte importante del país eligió poner el foco en el resultado: la seguridad, el crecimiento, la sensación de orden. Ese fue el pacto implícito.

Mientras tanto, la izquierda seguía siendo vista no como una alternativa política, sino como una amenaza. Durante décadas, incluso intentar representarla podía costar la vida. El exterminio de la Unión Patriótica no es un episodio menor de nuestra historia: es una herida abierta que explica por qué el país llegó tarde a una verdadera competencia democrática entre proyectos distintos. Más de 5.000 militantes que declararon su militancia en una izquierda desarmada haciendo política. Fue demasiado fácil hacernos creer que eran "el brazo político de las FARC", y no dijimos nada cuando el exterminio sucedió ante nuestros ojos.

Cuando finalmente la izquierda apareció como una opción real de poder, lo hizo en medio de un enorme descontento social acumulado. No llegó desde la comodidad del establecimiento ni con el respaldo de los grandes medios o del poder económico tradicional. Llegó como respuesta a una sensación extendida de inequidad, de exclusión y de agotamiento frente a una forma de hacer política que parecía siempre favorecer a los mismos. Llegó de la frustración de una reforma agraria necesaria que fue torpedeada con el "hacer trizas la paz" con que se hizo elegir el gobierno de ese entonces.

Y entonces el miedo volvió a activarse. Se habló, otra vez, de la destrucción del país. De un salto inevitable hacia el desastre. De un proyecto oculto que terminaría arrasando con la economía, con la propiedad privada, con la institucionalidad.  El problema no es que se critique. La crítica es necesaria.

El problema es cuando el miedo sustituye el análisis. Y cuando las cosas que aseguraban como quien puede predecir el peor de los futuros, no sucedieron. 

Porque mientras discutimos escenarios catastróficos que aún no ocurren, dejamos de mirar con la misma severidad aquello que sí ha ocurrido durante décadas. Y así, sin darnos cuenta, seguimos alimentando un relato que nos permite indignarnos selectivamente.

Argentina: Ordenar el caos no es lo mismo que construir futuro

Hace unos días, en una conversación con alguien a quien respeto, apareció una frase que me dejó pensando más de la cuenta. Hablábamos de Argentina, de Javier Milei, y de cómo todo el mundo parece tener ya una posición tomada. O estás completamente a favor, o estás completamente en contra.

Y en ese momento me di cuenta de algo que no es nuevo, pero que cada vez se hace más evidente: cuando una conversación se vuelve binaria, normalmente deja de ser útil.

No porque falten opiniones, sino porque empieza a faltar pensamiento.

He tratado de mirar lo que está pasando en Argentina con algo de distancia. No con neutralidad —porque todos tenemos sesgos—, pero sí con la intención de no caer en respuestas automáticas. Y lo que veo, al menos por ahora, es un proceso que no cabe bien en los extremos.

Argentina venía de una situación muy difícil de sostener. No era solo una economía con problemas; era un sistema que había perdido referencias básicas. La inflación no permitía proyectar, el déficit se había vuelto estructural y, quizás lo más complejo de todo, se había erosionado la confianza en que las reglas del juego fueran a mantenerse.

En ese contexto, me parece importante reconocer algo que a veces se omite dependiendo de quién esté hablando: el gobierno de Javier Milei ha logrado ordenar variables que llevaban mucho tiempo fuera de control. La inflación ha bajado de manera significativa, las cuentas fiscales han mostrado un giro relevante y la economía ha comenzado a recuperar crecimiento después de una caída inicial.

Hasta ahí, hay un mérito que no me parece honesto desconocer.

Pero al mismo tiempo, hay algo que me cuesta pasar por alto. Y es que ese orden, que es necesario, todavía no se traduce de forma clara en una sensación de bienestar extendido. Cuando uno se sale de los indicadores y trata de mirar la vida cotidiana —el empleo, el consumo, la situación de distintos sectores— aparece una realidad más desigual, más fragmentada, menos contundente que los números agregados.

No lo digo como crítica cerrada, sino como una inquietud real.

Porque hay una diferencia que me parece clave y que a veces se diluye en la discusión pública: estabilizar no es lo mismo que prosperar. La estabilización es, si se quiere, el piso. Pero lo que realmente valida un proceso económico es su capacidad de convertirse en oportunidades sostenidas para las personas.

Y ahí es donde siento que el proceso argentino todavía está en una especie de transición.

Como si hubiera salido de una fase crítica —lo cual ya es bastante—, pero aún no encontrara una forma clara de consolidar una mejora que se sienta compartida. Algunos sectores avanzan más rápido, otros siguen rezagados, y en el medio aparece una pregunta que no tiene todavía una respuesta evidente: si este modelo, tal como está planteado, puede sostener ese equilibrio en el tiempo sin generar nuevas tensiones.

No es una pregunta menor.

Porque sostener disciplina fiscal, reducir inflación, recuperar reservas y, al mismo tiempo, reactivar sectores que generan empleo masivo, no es un ejercicio mecánico. Es un equilibrio delicado. Y suele ser en esos equilibrios donde los procesos se consolidan… o se desgastan.

Además, hay algo que siempre termina entrando en juego, tarde o temprano: la percepción de las personas. Más allá de la consistencia técnica de las políticas, los procesos se legitiman —o se erosionan— en la experiencia cotidiana. Y esa experiencia no siempre se mueve al mismo ritmo que los indicadores.

Por eso, más que preguntarme si lo que está pasando en Argentina es un éxito o un fracaso, me resulta más honesto ubicarlo en su momento.

Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei ha conseguido algo que durante años fue esquivo: detener una dinámica de desorden persistente y recuperar cierto control sobre variables fundamentales.

Eso, para mí, es una primera victoria. Pero no es la última.

La parte más exigente —y probablemente la más incierta— es la que viene: convertir ese orden en un proceso de crecimiento que incluya, que genere empleo, que fortalezca el tejido productivo y que, sobre todo, se sienta en la vida de las personas de manera sostenida.

Ahí es donde realmente se define todo.

Y si soy honesto, es también donde me quedo pensando. No tanto en lo que ya ocurrió, sino en si ese paso siguiente va a lograrse sin que algo importante se rompa en el camino.

Porque ordenar era necesario. Pero no suficiente.

Y debo decir, que contrario a lo que pensaba originalmente de ese gobierno, lo veo con mejores ojos y me encanta lo que está pasando en ese querido país que quiero tanto sin saber bien por qué. 

Luis Carlos Jacobsen

Abril 6 de 2026

Cuando la prensa deja de ser el cuarto poder

 

“La libertad de prensa es el primer bastión de la democracia.”

“Mientras haya medios, habrá libertades.” 

"La libertad de expresión es lo primero que no se puede perder."

Lo hemos repetido durante décadas como una verdad casi incuestionable. Y, en esencia, lo es.

Una prensa libre, rigurosa e independiente es indispensable para cualquier democracia. Es el llamado cuarto poder porque tiene la capacidad —y la responsabilidad— de vigilar a los otros tres: investigar, incomodar, revelar lo que el poder ejecutivo o legislativo, y en menor proporción el judicial, preferiría mantener oculto.

Sin esa función, la democracia se debilita. Pero ahí está el punto incómodo: esa función no siempre se está cumpliendo como creemos.

Porque la libertad de prensa no garantiza, por sí sola, una prensa independiente. Y mucho menos una prensa neutral.

Los medios de comunicación no existen en el vacío. Operan dentro de estructuras económicas, responden a modelos de negocio, tienen dueños, líneas editoriales, intereses y, en muchos casos, relaciones cercanas con los mismos centros de poder que deberían vigilar. Eso no los invalida automáticamente. Pero sí obliga a mirarlos con más cuidado.

Durante mucho tiempo, la prensa fue percibida como un intermediario confiable entre los hechos y la ciudadanía. No perfecta, pero sí lo suficientemente sólida como para construir una narrativa común de realidad. Hoy, esa confianza está erosionada.

No solo por la aparición de redes sociales o la sobreabundancia de información, sino porque cada vez resulta más evidente que no todos los hechos reciben el mismo tratamiento, que algunas historias se amplifican mientras otras se diluyen, que ciertos enfoques se repiten y otros apenas logran aparecer.

Y eso cambia todo.

Porque cuando la ciudadanía empieza a percibir que la información está mediada por intereses —económicos, políticos o ideológicos— la prensa deja de ser un árbitro creíble y pasa a ser un actor más dentro de la disputa.

Un actor con poder. Pero también con sesgos.

Ahí es donde la frase “prensa libre pero responsable” deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una exigencia concreta. Responsable no solo en la verificación de los hechos, sino en la forma en que decide qué hechos importan. Responsable no solo en lo que publica, sino en lo que omite. Porque lo que no se cuenta también construye realidad.

Decir que la prensa es el primer bastión de la democracia sin preguntarnos a quién responde, qué intereses la atraviesan y cómo construye sus narrativas, puede terminar siendo más una afirmación romántica que una descripción precisa. Y ese romanticismo es peligroso.

No porque la prensa no sea necesaria —lo es, profundamente— sino porque una prensa que no se cuestiona a sí misma puede terminar protegiendo, consciente o inconscientemente, los mismos privilegios que debería examinar. Eso no significa que no haya periodismo valioso. Lo hay, y mucho.

Significa que ya no podemos consumir información con la misma ingenuidad de antes. Hoy, más que nunca, la democracia no depende solo de que exista una prensa libre. Depende de que exista una ciudadanía capaz de leerla críticamente. De contrastar. De dudar cuando sea necesario. De no confundir repetición con verdad.

Porque si la información deja de ser un camino hacia la comprensión y se convierte en una herramienta de poder, la libertad de prensa, por sí sola, deja de ser suficiente. Y entonces la pregunta ya no es si tenemos medios. La pregunta es más incómoda:

¿Tenemos realmente una conversación pública basada en la verdad…
o, ¿esa conversación pública se funda en narrativas que favorecen a quienes siempre han tenido el poder de contarlas?

El país donde la corrupción depende de quién la comete

En Colombia la corrupción no pesa lo mismo.
Pero los delitos que traicionan la rectitud que se espera de un gobierno suelen tener siempre el mismo rostro. El daño al erario público es el mismo. Las víctimas son las mismas.

Lo único que cambia es quién está en el poder cuando ocurre.

Si el escándalo viene de la izquierda, la indignación ha sido inmediata, total, casi religiosa. Se habla de amenaza institucional, de crisis moral, de peligro para la democracia. De catástrofe de inmensas proporciones, e inclusive, de que "hay que salvar el país."

Pero si viene de la derecha, el tono suele transformarse: aparecen las explicaciones, los matices, los silencios prudentes, las interpretaciones benevolentes. No porque los hechos sean distintos. Sino porque el relato político ya estaba escrito. O porque no hay medios tradicionales para magnificarlos.

Este país aprendió durante las últimas décadas a ver la política como una guerra moral entre dos bandos irreconciliables. Y en esa guerra simbólica muchos decidieron desde hace tiempo quién representaba el bien y quién representaba el mal.

La derecha fue asociada al orden, a la defensa del Estado, a la promesa de seguridad.
La izquierda fue asociada durante años al caos, a la subversión, a la amenaza.

Ese imaginario no nació de la nada. Nació de una historia marcada por el conflicto armado, el miedo y la violencia. Pero también produjo una de las tragedias políticas más profundas de nuestra democracia.

En Colombia un partido político entero fue prácticamente exterminado.

La Unión Patriótica surgió como parte de un intento de abrir espacios democráticos en medio del conflicto. Miles de personas decidieron abandonar la lucha armada o apostar por la política como camino.

El resultado fue devastador.

Candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, concejales, líderes sociales y militantes fueron asesinados sistemáticamente durante años. Miles de vidas truncadas por la idea de que ese partido no era un actor político legítimo, sino simplemente el brazo civil de la guerrilla.

La democracia colombiana cargará siempre con esa herida.

Porque cuando un sistema político permite —o tolera— la eliminación física de una corriente política completa, lo que queda no es una democracia plena. Es una democracia mutilada.

Durante décadas esa mutilación tuvo consecuencias.

La izquierda institucional prácticamente desapareció del mapa político. No porque no existiera en la sociedad, sino porque representarla implicaba un riesgo enorme de caer defendiéndola.

Solo mucho tiempo después empezó a reconstruirse una alternativa política real. No necesariamente porque estuviera completamente preparada, sino porque una parte importante del país comenzó a buscar un contrapeso frente a un sistema dominado por los mismos actores, las mismas élites y las mismas narrativas.

Y ahí apareció otro fenómeno. El miedo.

Para amplios sectores de la sociedad colombiana, la idea de que la izquierda pudiera gobernar generó un rechazo visceral. No una crítica política normal, sino una sensación de amenaza existencial: "volvernos como Venezuela."

Pero esa reacción revela algo aún más profundo.

Durante demasiado tiempo en Colombia la política no se entendió como una competencia democrática entre proyectos distintos, sino como una lucha en la que uno de los dos debía desaparecer para que el otro pudiera sobrevivir.

La eliminación del adversario —simbólica, política o incluso física— se volvió parte de nuestra cultura política. Pero esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Una democracia real no funciona cuando un proyecto solo puede existir si el otro es destruido. Funciona cuando los proyectos compiten, se limitan mutuamente y se vigilan entre sí.

El adversario político no es una anomalía del sistema democrático. Es uno de sus mecanismos de equilibrio. Los contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se vuelva absoluto. El disenso existe para impedir que una sola visión capture el Estado.

Por eso el verdadero problema de Colombia no es simplemente la derecha ni simplemente la izquierda.

El problema es la incapacidad cultural de aceptar que ambos deben existir al mismo tiempo.

Mientras una parte del país justifica o relativiza los abusos de su propio bando, y la otra celebra cada caída del adversario como una victoria moral, seguimos atrapados en una política tribal que empobrece la democracia.

Ni la seguridad justifica la corrupción o el abuso de poder.
Ni la justicia social justifica la incompetencia.

El país necesita algo más exigente que elegir un bando.

Necesita una derecha capaz de examinar críticamente sus propios excesos sin refugiarse en el relato de la seguridad. Y necesita una izquierda capaz de gobernar con rigor, preparación institucional y responsabilidad democrática, sin caer en populismos ni improvisaciones.

Pero sobre todo necesita ciudadanos que abandonen la comodidad del fanatismo.

Ciudadanos capaces de exigir lo mismo a todos: la misma transparencia, la misma rendición de cuentas, la misma vara ética.

Porque mientras la corrupción siga pesando distinto según quién la cometa, el problema no será la izquierda ni la derecha. Será nuestra incapacidad colectiva de sostener una democracia adulta.

Y esa es una responsabilidad que no pertenece a los políticos.

Nos pertenece a todos.

Luis Carlos Jacobsen

Marzo 15 de 2026

Colombia no necesita salvadores

 

El Centro Democrático es, probablemente, el partido que con más frecuencia invoca la palabra democracia en el debate público colombiano.

Y, al mismo tiempo, el que más gira alrededor de un solo nombre: Álvaro Uribe Vélez. Y el que es capaz de centralizar sus decisiones en este personaje tan querido y odiado por tantos.

Eso no es un delito. Pero sí es una paradoja cuando ese mismo partido se presenta como custodio exclusivo de la moral pública y guardián último de las instituciones.

La oposición es legítima. Criticar al gobierno actual es necesario. Denunciar la corrupción es un deber democrático. Pero la autoridad moral no se proclama. Se construye. Y, sobre todo, se sostiene en la memoria.

Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe hubo avances en seguridad que una parte del país reconoce. También hubo una cadena de escándalos que no pueden tratarse como accidentes aislados.

Las interceptaciones ilegales del DAS bajo la dirección de MP Hurtado, Noguera nombrado por Uribe, condenado por vínculos con estructuras paramilitares en la costa. El espionaje a magistrados, periodistas y opositores que investigaban la parapolítica, y a Mario Uribe en particular, primo hermano del señor Uribe. La tensión sistemática con el poder judicial. El señalamiento reiterado a defensores de derechos humanos como “terroristas vestidos de civil”, en un contexto donde esa estigmatización no era inocua.

En el círculo cercano al poder aparecieron nombres que marcaron esa etapa: el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad presidencial, condenado en Estados Unidos por vínculos con el paramilitarismo; Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga golpeada por investigaciones relacionadas con financiación irregular. Cuando los escándalos se acumulan en el entorno inmediato del poder, la pregunta deja de ser individual y se vuelve estructural. Podríamos seguir con escándalos, y hasta meternos con los serios líos penales que hoy día arropan al eterno presidente, como es llamado por algunos.

Y está el capítulo más doloroso: los falsos positivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado miles de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Asesinatos de jóvenes inocentes para hacernos creer que la lucha antiguerrillera era fructífera. No fueron simples casos aislados. Fue un fenómeno extendido bajo un sistema de incentivos que privilegiaba cifras de bajas como indicador de éxito operacional. Jóvenes civiles fueron asesinados y reportados como combatientes caídos en combate. Para engañarnos, o para crear terror.

Es una de las páginas más aberrantes de nuestra historia reciente.

Reducirlo a “manzanas podridas” es moralmente insuficiente. Cuando el incentivo institucional es perverso, la responsabilidad política no desaparece señalando a subordinados. La Directiva 029/2005 así lo confirma: incentivos para matar recomenzando las muertes. Un horror.

Por eso resulta difícil aceptar lecciones de superioridad ética sin una revisión proporcional de ese legado. La coherencia no puede ser selectiva.

Y, sin embargo, el recurso vuelve a ser el mismo: el miedo.

El miedo como método político. El miedo como combustible electoral.

Cada ciclo revive los mismos fantasmas: el país al borde del abismo, la amenaza ideológica total, el colapso inminente. El adversario no es un competidor democrático; es una catástrofe anunciada.

Colombia lleva años viviendo en estado de alarma. Y las democracias no se salvan a punta de alarma. Se administran con sensatez.

Por eso sigo creyendo que Colombia necesita algo menos épico y más sensato.

Si el escenario ideal estuviera sobre la mesa, votaría por una opción de centro despolarizante. Por perfiles como el de Armitage en Cali con su buena alcaldía o como el de Oviedo en su discurso técnico y menos incendiario. Liderazgos que no necesitan dividir para gobernar. Que pueden equivocarse, como todos, pero que no construyen su identidad política sobre el miedo.

Ese es el país que preferiría ver. Pero la política rara vez ofrece el escenario perfecto.

Y si la segunda vuelta vuelve a plantearse entre extremos, no tengo dificultad en decirlo con claridad: mi voto no será por el miedo. Conozco a Iván Cepeda desde hace siete años, participando en espacios de defensa del Acuerdo de Paz. Lo he visto escuchar cuando otros gritan. Lo he visto sostener la serenidad cuando el ambiente se enrarece. Lo he visto privilegiar el diálogo sobre la descalificación.

No lo conozco como caricatura. Lo conozco en conversación.

Por eso me aparto de la narrativa que lo reduce a etiquetas fáciles o a herencia automáticas. No voto por consignas. No voto por fantasmas.

Voto por coherencia. Voto por memoria. Y llegado el caso, votaré por quien represente mayor capacidad de concertación y menor vocación de polarización.

Colombia no necesita otro redentor.

Necesita memoria.

Luis Carlos Jacobsen