El Centro Democrático es, probablemente, el partido que con más frecuencia invoca la palabra democracia en el debate público colombiano.
Y, al mismo tiempo, el que más gira alrededor de un solo nombre: Álvaro Uribe Vélez. Y el que es capaz de centralizar sus decisiones en este personaje tan querido y odiado por tantos.
Eso no es un delito. Pero sí es una paradoja cuando ese mismo partido se presenta como custodio exclusivo de la moral pública y guardián último de las instituciones.
La oposición es legítima. Criticar al gobierno actual es necesario. Denunciar la corrupción es un deber democrático. Pero la autoridad moral no se proclama. Se construye. Y, sobre todo, se sostiene en la memoria.
Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe hubo avances en seguridad que una parte del país reconoce. También hubo una cadena de escándalos que no pueden tratarse como accidentes aislados.
Las interceptaciones ilegales del DAS bajo la dirección de MP Hurtado, Noguera nombrado por Uribe, condenado por vínculos con estructuras paramilitares en la costa. El espionaje a magistrados, periodistas y opositores que investigaban la parapolítica, y a Mario Uribe en particular, primo hermano del señor Uribe. La tensión sistemática con el poder judicial. El señalamiento reiterado a defensores de derechos humanos como “terroristas vestidos de civil”, en un contexto donde esa estigmatización no era inocua.
En el círculo cercano al poder aparecieron nombres que marcaron esa etapa: el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad presidencial, condenado en Estados Unidos por vínculos con el paramilitarismo; Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga golpeada por investigaciones relacionadas con financiación irregular. Cuando los escándalos se acumulan en el entorno inmediato del poder, la pregunta deja de ser individual y se vuelve estructural. Podríamos seguir con escándalos, y hasta meternos con los serios líos penales que hoy día arropan al eterno presidente, como es llamado por algunos.
Y está el capítulo más doloroso: los falsos positivos.
La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado miles de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Asesinatos de jóvenes inocentes para hacernos creer que la lucha antiguerrillera era fructífera. No fueron simples casos aislados. Fue un fenómeno extendido bajo un sistema de incentivos que privilegiaba cifras de bajas como indicador de éxito operacional. Jóvenes civiles fueron asesinados y reportados como combatientes caídos en combate. Para engañarnos, o para crear terror.
Es una de las páginas más aberrantes de nuestra historia reciente.
Reducirlo a “manzanas podridas” es moralmente insuficiente. Cuando el incentivo institucional es perverso, la responsabilidad política no desaparece señalando a subordinados. La Directiva 029/2005 así lo confirma: incentivos para matar recomenzando las muertes. Un horror.
Por eso resulta difícil aceptar lecciones de superioridad ética sin una revisión proporcional de ese legado. La coherencia no puede ser selectiva.
Y, sin embargo, el recurso vuelve a ser el mismo: el miedo.
El miedo como método político. El miedo como combustible electoral.
Cada ciclo revive los mismos fantasmas: el país al borde del abismo, la amenaza ideológica total, el colapso inminente. El adversario no es un competidor democrático; es una catástrofe anunciada.
Colombia lleva años viviendo en estado de alarma. Y las democracias no se salvan a punta de alarma. Se administran con sensatez.
Por eso sigo creyendo que Colombia necesita algo menos épico y más sensato.
Si el escenario ideal estuviera sobre la mesa, votaría por una opción de centro despolarizante. Por perfiles como el de Armitage en Cali con su buena alcaldía o como el de Oviedo en su discurso técnico y menos incendiario. Liderazgos que no necesitan dividir para gobernar. Que pueden equivocarse, como todos, pero que no construyen su identidad política sobre el miedo.
Ese es el país que preferiría ver. Pero la política rara vez ofrece el escenario perfecto.
Y si la segunda vuelta vuelve a plantearse entre extremos, no tengo dificultad en decirlo con claridad: mi voto no será por el miedo. Conozco a Iván Cepeda desde hace siete años, participando en espacios de defensa del Acuerdo de Paz. Lo he visto escuchar cuando otros gritan. Lo he visto sostener la serenidad cuando el ambiente se enrarece. Lo he visto privilegiar el diálogo sobre la descalificación.
No lo conozco como caricatura. Lo conozco en conversación.
Por eso me aparto de la narrativa que lo reduce a etiquetas fáciles o a herencia automáticas. No voto por consignas. No voto por fantasmas.
Voto por coherencia. Voto por memoria. Y llegado el caso, votaré por quien represente mayor capacidad de concertación y menor vocación de polarización.
Colombia no necesita otro redentor.
Necesita memoria.
Luis Carlos Jacobsen
