El país donde la corrupción depende de quién la comete

En Colombia la corrupción no pesa lo mismo.
Pero los delitos que traicionan la rectitud que se espera de un gobierno suelen tener siempre el mismo rostro. El daño al erario público es el mismo. Las víctimas son las mismas.

Lo único que cambia es quién está en el poder cuando ocurre.

Si el escándalo viene de la izquierda, la indignación ha sido inmediata, total, casi religiosa. Se habla de amenaza institucional, de crisis moral, de peligro para la democracia. De catástrofe de inmensas proporciones, e inclusive, de que "hay que salvar el país."

Pero si viene de la derecha, el tono suele transformarse: aparecen las explicaciones, los matices, los silencios prudentes, las interpretaciones benevolentes. No porque los hechos sean distintos. Sino porque el relato político ya estaba escrito. O porque no hay medios tradicionales para magnificarlos.

Este país aprendió durante las últimas décadas a ver la política como una guerra moral entre dos bandos irreconciliables. Y en esa guerra simbólica muchos decidieron desde hace tiempo quién representaba el bien y quién representaba el mal.

La derecha fue asociada al orden, a la defensa del Estado, a la promesa de seguridad.
La izquierda fue asociada durante años al caos, a la subversión, a la amenaza.

Ese imaginario no nació de la nada. Nació de una historia marcada por el conflicto armado, el miedo y la violencia. Pero también produjo una de las tragedias políticas más profundas de nuestra democracia.

En Colombia un partido político entero fue prácticamente exterminado.

La Unión Patriótica surgió como parte de un intento de abrir espacios democráticos en medio del conflicto. Miles de personas decidieron abandonar la lucha armada o apostar por la política como camino.

El resultado fue devastador.

Candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, concejales, líderes sociales y militantes fueron asesinados sistemáticamente durante años. Miles de vidas truncadas por la idea de que ese partido no era un actor político legítimo, sino simplemente el brazo civil de la guerrilla.

La democracia colombiana cargará siempre con esa herida.

Porque cuando un sistema político permite —o tolera— la eliminación física de una corriente política completa, lo que queda no es una democracia plena. Es una democracia mutilada.

Durante décadas esa mutilación tuvo consecuencias.

La izquierda institucional prácticamente desapareció del mapa político. No porque no existiera en la sociedad, sino porque representarla implicaba un riesgo enorme de caer defendiéndola.

Solo mucho tiempo después empezó a reconstruirse una alternativa política real. No necesariamente porque estuviera completamente preparada, sino porque una parte importante del país comenzó a buscar un contrapeso frente a un sistema dominado por los mismos actores, las mismas élites y las mismas narrativas.

Y ahí apareció otro fenómeno. El miedo.

Para amplios sectores de la sociedad colombiana, la idea de que la izquierda pudiera gobernar generó un rechazo visceral. No una crítica política normal, sino una sensación de amenaza existencial: "volvernos como Venezuela."

Pero esa reacción revela algo aún más profundo.

Durante demasiado tiempo en Colombia la política no se entendió como una competencia democrática entre proyectos distintos, sino como una lucha en la que uno de los dos debía desaparecer para que el otro pudiera sobrevivir.

La eliminación del adversario —simbólica, política o incluso física— se volvió parte de nuestra cultura política. Pero esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Una democracia real no funciona cuando un proyecto solo puede existir si el otro es destruido. Funciona cuando los proyectos compiten, se limitan mutuamente y se vigilan entre sí.

El adversario político no es una anomalía del sistema democrático. Es uno de sus mecanismos de equilibrio. Los contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se vuelva absoluto. El disenso existe para impedir que una sola visión capture el Estado.

Por eso el verdadero problema de Colombia no es simplemente la derecha ni simplemente la izquierda.

El problema es la incapacidad cultural de aceptar que ambos deben existir al mismo tiempo.

Mientras una parte del país justifica o relativiza los abusos de su propio bando, y la otra celebra cada caída del adversario como una victoria moral, seguimos atrapados en una política tribal que empobrece la democracia.

Ni la seguridad justifica la corrupción o el abuso de poder.
Ni la justicia social justifica la incompetencia.

El país necesita algo más exigente que elegir un bando.

Necesita una derecha capaz de examinar críticamente sus propios excesos sin refugiarse en el relato de la seguridad. Y necesita una izquierda capaz de gobernar con rigor, preparación institucional y responsabilidad democrática, sin caer en populismos ni improvisaciones.

Pero sobre todo necesita ciudadanos que abandonen la comodidad del fanatismo.

Ciudadanos capaces de exigir lo mismo a todos: la misma transparencia, la misma rendición de cuentas, la misma vara ética.

Porque mientras la corrupción siga pesando distinto según quién la cometa, el problema no será la izquierda ni la derecha. Será nuestra incapacidad colectiva de sostener una democracia adulta.

Y esa es una responsabilidad que no pertenece a los políticos.

Nos pertenece a todos.

Luis Carlos Jacobsen

Marzo 15 de 2026

Colombia no necesita salvadores

 

El Centro Democrático es, probablemente, el partido que con más frecuencia invoca la palabra democracia en el debate público colombiano.

Y, al mismo tiempo, el que más gira alrededor de un solo nombre: Álvaro Uribe Vélez. Y el que es capaz de centralizar sus decisiones en este personaje tan querido y odiado por tantos.

Eso no es un delito. Pero sí es una paradoja cuando ese mismo partido se presenta como custodio exclusivo de la moral pública y guardián último de las instituciones.

La oposición es legítima. Criticar al gobierno actual es necesario. Denunciar la corrupción es un deber democrático. Pero la autoridad moral no se proclama. Se construye. Y, sobre todo, se sostiene en la memoria.

Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe hubo avances en seguridad que una parte del país reconoce. También hubo una cadena de escándalos que no pueden tratarse como accidentes aislados.

Las interceptaciones ilegales del DAS bajo la dirección de MP Hurtado, Noguera nombrado por Uribe, condenado por vínculos con estructuras paramilitares en la costa. El espionaje a magistrados, periodistas y opositores que investigaban la parapolítica, y a Mario Uribe en particular, primo hermano del señor Uribe. La tensión sistemática con el poder judicial. El señalamiento reiterado a defensores de derechos humanos como “terroristas vestidos de civil”, en un contexto donde esa estigmatización no era inocua.

En el círculo cercano al poder aparecieron nombres que marcaron esa etapa: el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad presidencial, condenado en Estados Unidos por vínculos con el paramilitarismo; Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga golpeada por investigaciones relacionadas con financiación irregular. Cuando los escándalos se acumulan en el entorno inmediato del poder, la pregunta deja de ser individual y se vuelve estructural. Podríamos seguir con escándalos, y hasta meternos con los serios líos penales que hoy día arropan al eterno presidente, como es llamado por algunos.

Y está el capítulo más doloroso: los falsos positivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado miles de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Asesinatos de jóvenes inocentes para hacernos creer que la lucha antiguerrillera era fructífera. No fueron simples casos aislados. Fue un fenómeno extendido bajo un sistema de incentivos que privilegiaba cifras de bajas como indicador de éxito operacional. Jóvenes civiles fueron asesinados y reportados como combatientes caídos en combate. Para engañarnos, o para crear terror.

Es una de las páginas más aberrantes de nuestra historia reciente.

Reducirlo a “manzanas podridas” es moralmente insuficiente. Cuando el incentivo institucional es perverso, la responsabilidad política no desaparece señalando a subordinados. La Directiva 029/2005 así lo confirma: incentivos para matar recomenzando las muertes. Un horror.

Por eso resulta difícil aceptar lecciones de superioridad ética sin una revisión proporcional de ese legado. La coherencia no puede ser selectiva.

Y, sin embargo, el recurso vuelve a ser el mismo: el miedo.

El miedo como método político. El miedo como combustible electoral.

Cada ciclo revive los mismos fantasmas: el país al borde del abismo, la amenaza ideológica total, el colapso inminente. El adversario no es un competidor democrático; es una catástrofe anunciada.

Colombia lleva años viviendo en estado de alarma. Y las democracias no se salvan a punta de alarma. Se administran con sensatez.

Por eso sigo creyendo que Colombia necesita algo menos épico y más sensato.

Si el escenario ideal estuviera sobre la mesa, votaría por una opción de centro despolarizante. Por perfiles como el de Armitage en Cali con su buena alcaldía o como el de Oviedo en su discurso técnico y menos incendiario. Liderazgos que no necesitan dividir para gobernar. Que pueden equivocarse, como todos, pero que no construyen su identidad política sobre el miedo.

Ese es el país que preferiría ver. Pero la política rara vez ofrece el escenario perfecto.

Y si la segunda vuelta vuelve a plantearse entre extremos, no tengo dificultad en decirlo con claridad: mi voto no será por el miedo. Conozco a Iván Cepeda desde hace siete años, participando en espacios de defensa del Acuerdo de Paz. Lo he visto escuchar cuando otros gritan. Lo he visto sostener la serenidad cuando el ambiente se enrarece. Lo he visto privilegiar el diálogo sobre la descalificación.

No lo conozco como caricatura. Lo conozco en conversación.

Por eso me aparto de la narrativa que lo reduce a etiquetas fáciles o a herencia automáticas. No voto por consignas. No voto por fantasmas.

Voto por coherencia. Voto por memoria. Y llegado el caso, votaré por quien represente mayor capacidad de concertación y menor vocación de polarización.

Colombia no necesita otro redentor.

Necesita memoria.

Luis Carlos Jacobsen

La ley puede proteger a una institución. Pero solo el liderazgo protege su legitimidad.

He seguido con atención la audiencia reciente de Pam Bondi, Directora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No desde el lente jurídico — donde seguramente existen argumentos técnicos, límites procesales y responsabilidades institucionales que deben respetarse — sino desde el lente del liderazgo público.

Y ahí aparece una pregunta más profunda.

En situaciones que involucran víctimas, el rol del Departamento de Justicia no es únicamente custodiar procesos legales. Es también representar simbólicamente la búsqueda de justicia. Ese componente humano no es retórico; es esencial para la confianza pública.

Durante la audiencia, Pam Bondi defendió procedimientos, decisiones y límites institucionales. Eso puede ser correcto desde lo legal. Pero el liderazgo público rara vez se evalúa solo por lo que es correcto en términos técnicos. También se evalúa por lo que las personas sienten que está siendo protegido.

Cuando el tema son víctimas, la sociedad busca algo más que explicaciones jurídicas. Busca señales claras de empatía y propósito.

No se trata de convertir una audiencia en un acto emocional ni de abandonar la prudencia institucional. Se trata de comprender que, en ciertos momentos, el tono del liderazgo pesa tanto como el contenido de sus respuestas.

Ahí es donde la figura de Pam Bondi como líder institucional entra en una zona difícil. No necesariamente por lo que hizo, sino por la percepción que puede quedar cuando la defensa del proceso parece ocupar más espacio que el reconocimiento del dolor humano.

La historia del liderazgo público muestra algo interesante: las crisis rara vez comienzan por lo ilegal; comienzan cuando aparece una brecha entre la corrección institucional y la conexión moral con la sociedad.

El Departamento de Justicia depende profundamente de esa conexión.
La autoridad legal puede sostenerse en el tiempo. La legitimidad moral es más frágil.

Tal vez Pam Bondi esté actuando dentro de los límites que su rol le impone. Eso es posible. Pero el liderazgo en momentos sensibles exige algo adicional: hacer visible que la justicia no es solo un procedimiento, sino también un compromiso humano.

Porque cuando la justicia se percibe distante del sufrimiento de las víctimas, incluso si los procesos siguen su curso, la confianza empieza a debilitarse.

Y la confianza, más que la ley, es el verdadero capital de una institución como el Departamento de Justicia.

¿Y qué tal?

¿Y qué tal si eliminamos de nuestro lenguaje el presagio fatal?

¿Si nos desintoxicamos, al menos por un momento, de esa narrativa insistente que anuncia que todo va a salir mal? Que con este gobierno cualquiera no, pero que con el otro sí.

Pareciera que no importa lo que hagamos: la economía se presenta como una “ciencia exacta”, capaz de predecir variables e intuir el futuro con una seguridad casi mística. ¿Cierto que es exacta y completamente predecible?

¿Y qué tal si, en lugar de repetir ese libreto, construimos un imaginario distinto? Uno de esperanza. Venga el presidente que venga. Uno donde nos unamos en el deseo simple —pero poderoso— de que a Colombia le vaya bien.
Basta ya del “nos vamos a volver Venezuela”, de las amenazas de castrochavismo y del miedo como argumento. Nuestra economía está estable. Buenos indicadores. Podría crecer más, sin duda. Pero no es ningún desastre como lo aseveran.

Y qué tal si, mejor aún, bajamos la conversación a lo concreto.
Hoy hablé con mi portero. Va a ganar +/- 400.000 pesos más al mes.
Linda conversación tuvimos. Me cuenta que por fin podrá salir de deudas con la compra de su lotecito en el sur, bien lejos pero está feliz.. Coincidimos en algo sencillo: el valor del mercado que hacemos no ha cambiado de forma dramática en los últimos 2 años, los precios estuvieron estables.

Para él, esos 400.000 pesos significan algo muy claro: nuevas posibilidades el fin de semana con su familia, menor el drama con la compra de útiles escolares para sus hijos, más consumo, más movimiento. Redistribución del ingreso, le llaman.

Descontaminado del afán derrotista, me sacudo del fatalismo de la amarga oposición. No puedo sino alegrarme por los porteros, las empleadas de servicio, los mensajeros, los analistas, los agentes de centros de contacto y tantos trabajadores beneficiados por esta ley. He entendido, de verdad, lo que 400.000 pesos al mes significan para ellos.

Frecuentemente mucha gente que conozco y yo mismo nos gastamos eso en una buena cena con vino en pareja. Una de esas de las que, estoy seguro, nos podemos privar sin ningún drama.

Esperemos lo mejor. Reconozcamos que el trabajo de nuestros empleados vale el aumento. Aprovechemos para fortalecer su motivación. Digámosles que no vamos a hacer despidos, que nos vamos a esforzar por crecer juntos. Que seremos más productivos. Que el miedo no tiene por qué ser siempre el punto de partida.

Que en medio de la incertidumbre sobre los efectos, que ya los veremos y comentaremos, elijamos lo que nos nace del corazón. Qué bueno pagar más hasta lo que más podamos. Y esperemos atentos qué efectos tiene esa plata circulante en la vida diaria de nuestro país.

Y ahí nos damos palo si quieren, y me tildan de ingenuo, de petrista, de lo que quieran. Me encantaría ver que pudimos incrementar salarios, todos, en todos los tamaños, y que la economía se ajustó por algo que no conocíamos, quizás?

Ya veremos. Nadie me puede decir hoy que soy muy burro, porque ya hubo grandes aumentos de salario mínimo sin que viéramos todos los efectos que con tanta seguridad predecían.

¿Y qué tal que le vaya mejor a la gran mayoría de colombianos?

¿Seré tan ingenuo como el niño de la foto de mí mismo a los 10 años?

No lo creo. Vamos a salir adelante, Colombia! Feliz y próspero año para Todos!

Primero EAN que Semana.

Paseaba a mi perrita por la 11 con 78 bajo una luz especial de las diez de la mañana en diciembre. Bogotá, después de la Navidad, parecía recién lavada: cielo azul, gente lenta, ciudad en pausa. Y entonces aparecieron, una detrás de la otra, como si alguien hubiera armado la escena con intención.

Primero, una universidad: la Universidad EAN.
Después, una revista: Revista Semana.

El orden importa. Mucho.

La EAN no promete salvar el país. No grita. No adoctrina. Enseña.
Forma jóvenes que conviven con el barrio, con la ciudad real, con la complejidad del mundo. Allí la verdad no se impone: se descubre, se discute, se prueba. No es una verdad cómoda. Es una verdad que exige pensar.

Ahí no hay dogma. Hay método. No hay consigna. Hay criterio.

Y esa verdad —lenta, imperfecta, revisable— es la única que termina impregnándose de verdad en la cultura de un país.

Luego viene la revista.

Una revista de derecha que no tiene problema en asumirse como tal. Hasta ahí, legítimo. El problema comienza cuando informar deja de ser el centro y pasa a ser un medio para otra cosa: intereses económicos, reputación, poder político. Cuando el periodismo deja de incomodar al poder y empieza a administrarlo.

El capital en los medios no es neutral. Nunca lo ha sido.

El capital en los medios es amarre político. Es interés disfrazado de objetividad.
Es reputación cuidada. Es la voz —más o menos maquillada— de un partido político hablando en nombre del país.

Todo dentro de la ley, claro.
Pero no todo lo legal es ético.
Y no todo lo publicado es información.

Lo verdaderamente inquietante no es que existan medios así.
Lo inquietante es que la gente los compra.

Compra la revista. Compra el titular. La suscripción. Compra la indignación dirigida.
Compra el miedo bien empacado. Compra opinión creyendo que es información.

Un país no se debilita solo por malos medios.
Se debilita cuando sus ciudadanos no distinguen entre periodismo y propaganda.

Por eso la EAN va primero que Semana.
No por ideología. Por sentido histórico.

Porque cuando los medios —de derecha o de izquierda— están copados por militancias y, sobre todo, por los grandes grupos económicos, la educación se convierte en el último contrapeso real de una democracia.

La educación no compite con los medios: los supera.
Porque mientras un medio intenta convencer, la educación enseña a pensar.

Un país sin pensamiento crítico es un país gobernado por titulares.
Un país sin debate es un país dócil. Un país que no enseña a contrastar ideas termina obedeciendo relatos.

Los jóvenes no están “aprendiendo para algún día”.
Están decidiendo ahora.

Son los jóvenes quienes decidirán qué país vale la pena narrar, a quién creerle, y a quién dejar de comprarle el miedo.

Y a nosotros nos queda una responsabilidad incómoda, pero ineludible:
aprender a liderarlos sin domesticarlos. Una idea suelta para rematar. Necesitamos estudiar y descubrir el tipo de liderazgo que más conecta con los jóvenes. Necesitamos buenos, jóvenes líderes de todos los rincones de la nación, de todos los estratos y orígenes económicos, para que saquen adelante este país, con una verdad construida por ellos mismos. 

Porque el futuro no se informa.
El futuro se piensa.

La moral Lafaurie Cabal es digna de estudio para entender la idiosincrasia colombiana.

I.

La historia comienza, como tantas buenas farsas políticas, con una lección moral.

“Los subsidios hacen a la gente perezosa”, se nos ha explicado con paciencia pedagógica desde tribunas, micrófonos y redes sociales por el uribismo mismo. ¿Remember AIS? El Estado, al parecer, es un mal hábito… salvo cuando es útil.

Así, el joven abogado Juan José Lafaurie Cabal, fogoso crítico del asistencialismo, decidió protagonizar un interesante ejercicio académico:
denunciar los subsidios en público y estudiarlos bien aplicadito en privado.

El experimento incluyó un crédito de 400 millones de pesos de Finagro, elegantemente acompañado por un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) —esa figura tan perezosa—, diseñado precisamente para pequeños productores. Todo muy técnico. Muy legal. Muy… conveniente.

Para mayor tranquilidad institucional, el crédito contó con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) en un 80 %. Es decir: si algo salía mal, el Estado respondía. Nada fomenta más el espíritu emprendedor que saber que papá paga si el negocio no cuaja.

El acceso a estos beneficios requirió un gesto de humildad administrativa:
declararse “pequeño productor”.
Una categoría flexible, como la conciencia ideológica, cuando se la mira desde el formulario correcto.

Todo esto ocurrió mientras José Félix Lafaurie, patriarca de la familia, ocupaba —desde hace más de 16 años— un asiento en la Junta Directiva de Finagro, el máximo órgano rector de la entidad. Él aclara que no informó del asunto porque, técnicamente, no era su responsabilidad. Y en política, lo que no es responsabilidad directa, suele evaporarse como el té mal servido.

Los recursos, por supuesto, no flotaban en el aire. Estaban destinados a un proyecto de palma de aceite en una finca vinculada a la sociedad familiar Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., cuyos socios incluyen, casualmente, a la senadora y a sus hijos. La empresa familiar: ese noble invento que permite que el mérito se herede sin hacer ruido.

La contradicción, ya para este punto, era tan evidente que decidió llamar la atención de la Contraloría General, que anunció una visita de auditoría. Nada grave: solo el Estado revisándose a sí mismo después de haberse prestado dinero con una sonrisa.

Ante el revuelo, el patriarca salió a explicar que no había privilegios, sino política pública. Una distinción sutil pero crucial:
cuando otros reciben subsidios, es populismo;
cuando los recibe la familia, es diseño institucional.

El debate escaló. Periodistas, columnas, entrevistas, acusaciones de sesgo. La retahila del uribismo ya conocida que se encarga de desprestigiar y asociar a Coronell con las mafias, siempre que les pisa los talones y se les adelanta con una investigación contundente, contra lo cual, suelen también apelar al "odio que Daniel le tiene a nuestro Uribe". La vieja estrategia: si los hechos incomodan, se diestruye al mensajero. Al mejor estilo del patriarca mayor. Todo dentro del libreto de la derecha de mi país. 

Y como si la política tuviera un sentido del humor particularmente británico, ese mismo día, y a contrario sensu de lo que indicaban las encuestas, el partido decidió despejar cualquier suspenso democrático:

Paloma Valencia fue ungida candidata presidencial por el jefe supremo.

Una decisión vertical.
Rápida.
Elegante en su contundencia.

Las dudas no tardaron. Surgieron incluso dentro del partido, empezando por la contendora directa, que hasta esa mañana se movía con la confianza de quien se sabe la mejor gallina del corral, convencida de que el puesto era cuestión de trámite.

Pero la política, como ciertas tradiciones familiares, no siempre se rige por concursos abiertos. A veces funciona más como herencia: se reparte en la sala, entre conocidos, con la naturalidad de quien lleva años usando la casa.

Nada ilegal, insistirán.
Nada personal, dirán.
Solo una cadena de hechos perfectamente explicables… por separado.

El problema es cuando se leen juntos.

Porque entonces el chiste se cuenta solo.
Y el público ríe.
No porque sea gracioso.
Sino porque ya entendió.

Y pasó por ahí el bobo despistado diciendo al aire que esa candidatura la acabó el muchachito Cabal... , eso dicen.

Fuego familiar, dirán otros. 

Es un patrón y es linaje, digo yo. 

II.

El libreto, visto en conjunto, empieza a parecer menos una anécdota aislada y más una obra en varios actos, escrita durante años.

Ya vimos el primero:
el joven tribuno anti-subsidios que descubre, con admirable flexibilidad intelectual, que los subsidios no son tan malos cuando llegan con nombre propio, respaldo estatal y finca familiar incluida.

Luego aparece el segundo acto, más doméstico, pero no menos ilustrativo.

Porque esta no es la primera vez que el apellido protagoniza escenas incómodas. En el reparto también está la hija repostera, convertida por unos días en fenómeno de redes, cuando una iniciativa empresarial —tan loable como cualquier otra— terminó acompañada de preguntas incómodas sobre condiciones laborales, privilegios y el uso de recursos asociados a esquemas de seguridad del Estado. Todo muy emprendedor. Todo muy… polémico.

Nada ilegal probado.
Pero tampoco exactamente edificante.

El tercer acto lo ocupa el patriarca. José Félix Lafaurie, personaje omnipresente en la política ganadera colombiana, con una larga trayectoria orbitando el Estado: juntas, gremios, cargos, interlocuciones privilegiadas. Siempre cerca del poder, siempre defendiendo que lo suyo no es privilegio sino gestión, no es renta sino representación. Una distinción semántica que, como el subsidio bien explicado, depende mucho de quién la escuche.

A esto se suman episodios que no necesitan sentencia para incomodar:
defensas públicas de comportamientos privados difíciles de justificar,
silencios selectivos,
y una concepción de la autoridad donde la responsabilidad moral suele diluirse en tecnicismos.

Y, por supuesto, está el telón de fondo permanente:
las controversias de la senadora María Fernanda Cabal, figura central de la confrontación política, asociada recurrentemente a debates por intereses de clase, posturas inflexibles frente a reformas tributarias —como la resistencia a gravar alimentos procesados— y señalamientos políticos que, aun sin condena judicial, han erosionado su reputación pública.

Tal vez —y esto hay que concederlo— un juez determine que todo se hizo dentro de la ley. Es perfectamente posible.
En Colombia, lo legal y lo legítimo rara vez viajan juntos.

Pero incluso en ese escenario, la duda persiste. No jurídica. Moral.

Porque cuando los subsidios se condenan pero se usan,
cuando el Estado se denuncia pero se aprovecha, cuando los privilegios se heredan con naturalidad, y cuando las polémicas se acumulan casi nunca por buenas noticias, lo que emerge no es un error aislado.

Es un estilo. Un estilo que hasta se manifiesta en los escándalos sociales como es que su hijo rompa a puños a un compañero y lo deje tendido y en el hospital 35 días. 

Una estirpe política donde el bien público se trata con familiaridad,
como si fuera parte del mobiliario.

Y aquí la sátira ya no necesita exagerar.

Porque cuando una familia aparece una y otra vez en el centro del escándalo —no por crear valor, sino por administrar ventajas—, el problema deja de ser el último episodio.

El problema es el patrón. El linaje.

Y el público, que podrá discrepar ideológicamente, no es ingenuo.

Puede que no condene.
Pero recuerda.

La herida que no cierra: la cultura paraca que se nos volvió paisaje

Conocí a una linda mujer de Ocaña hace años, recién llegada a Bogotá a trabajar. Me hablaba bajito, como quien todavía teme que las paredes tengan oídos. Se notaba que venía de vivir con miedo. Contaba cosas que a veces este país prefiere olvidar: muchachos asesinados por andar tarde en la calle, señalados de “marihuaneros” por cualquier vigilante armado del turno; mujeres marcadas, literalmente marcadas, para ser “escogidas” por el jefe de la zona. No es ficción. Eso viene pasando en todo nuestro territorio hace un tiempo, y es aún peor que como lo cuento. Es Colombia escrita con sangre fina.

Aquí todos conocemos esa cultura de la fuerza bruta: la del “usted no sabe quién soy yo”, la de las venias al uniforme, la del político regional que reparte puestos, terrenos y permisos porque tiene a los “muchachos” de su lado. "El Duro" de la región. El que conquistó poder económico por medios ilícitos que dejan de importar. El hombre tiene poder y plata.. Esa cultura no nació de la nada. Se incubó con el paramilitarismo, se alimentó de miedo y de silencios, y terminó filtrándose como humedad en las grietas de los pueblos, las ciudades y hasta la política nacional.

El paramilitarismo no solo dejó muertos, masacres, desplazamientos. Dejó una forma de pensar: la idea de que el pensamiento contrario es un enemigo al que hay que desaparecer; que la izquierda es sinónimo de guerrilla; que el debate es una amenaza; que escuchar al otro es perder autoridad. Ese guion, reciclado hasta hoy por ciertos personajes que aspiran a la presidencia —como los de La Espriellas o las Vicky Dávilas—, convierte cualquier idea progresista en un riesgo para la patria. El truco es viejo: si no puedes rebatir al otro, mételo en el mismo saco del enemigo y muéstralo como alguien a quien hay que temerle. Generar temor del contradictor ha sido la mejor forma de sacarlo del camino. Como pasó con la masacre de la UP que aún personas como la Cabal niegan a pesar de sentencias judiciales.

En ese clima, la diversidad no es riqueza: es delito. Ser gay, trans, diferente de cualquier modo… es motivo suficiente para ser golpeado, expulsado o asesinado. La moral del fusil siempre cree que tiene razón.

Y aquí viene lo incómodo (lo que muchos fingen no haber visto): ese modelo de poder se consolidó cuando un partido político —el de aquel gobierno de la reelección fraudulenta, cosa rara— decidió aliarse con los paramilitares para “ordenar” las regiones. No es mi opinión, son decenas de sentencias judiciales que demuestran que el poder del partido de gobierno fue impuesto por la fuerza en las regiones. No fue ingenuidad. No fue torpeza. Fue cálculo. Y ese cálculo terminó corrompiendo Fuerzas Militares, alcaldías, gobernaciones, notarías, registradurías… todo. Y eso está ahí, sembrado en la cultura política de regiones como Antioquia, Cesar, Córdoba y tantos otros lugares. La institucionalidad quedó atravesada por la lógica del que manda porque puede, y del que obedece porque teme. Y si eso pasó hace 2 décadas, el flagelo persiste hoy con diferentes derivaciones. La mafia en la política es un hecho que nadie puede controvertir. Es un legado de aquel gobierno tan democrático que algunos aún añoran. Y si a alguno le cuesta creerlo, recordemos al concejal con su bate de baseball que recientemente amenazaba la protesta social, con miles de personas que avalaban sus maneras y método. 

Muchos no quieren aceptar esa responsabilidad política. Otros prefieren maquillarla como “estrategias de seguridad”. Pero los hechos son tozudos: con tal de acabar la guerrilla, terminaron legitimando una mafia armada que hizo de la crueldad su doctrina.

Por eso hay que sacudirnos esa cultura paraca que todavía respira en tantas esquinas. No va a ser recitando discursos ni firmando pactos simbólicos. Se hace de otra forma: validando al que piensa distinto, escuchando al otro sin convertirlo en enemigo, defendiendo la vida del que no se parece a nosotros, y devolviéndole a la política su tarea más elemental: resolver conflictos sin matar gente. Defendiendo a la izquierda, o a la derecha legítimas, así seamos del ala contraria.

Puede sonar ingenuo. Pero es exactamente lo contrario: es lo único verdaderamente revolucionario que nos queda. Volver a creer en la convivencia, en la diferencia, en el argumento, en la dignidad humana. Porque solo así este país puede sanar la herida que no quiere cerrar.

Luis Carlos Jacobsen

23.11.25