En Colombia la corrupción no pesa lo mismo.
Pero los delitos que traicionan la rectitud que se espera de un gobierno suelen tener siempre el mismo rostro. El daño al erario público es el mismo. Las víctimas son las mismas.
Lo único que cambia es quién está en el poder cuando ocurre.
Si el escándalo viene de la izquierda, la indignación ha sido inmediata, total, casi religiosa. Se habla de amenaza institucional, de crisis moral, de peligro para la democracia. De catástrofe de inmensas proporciones, e inclusive, de que "hay que salvar el país."
Pero si viene de la derecha, el tono suele transformarse: aparecen las explicaciones, los matices, los silencios prudentes, las interpretaciones benevolentes. No porque los hechos sean distintos. Sino porque el relato político ya estaba escrito. O porque no hay medios tradicionales para magnificarlos.
Este país aprendió durante las últimas décadas a ver la política como una guerra moral entre dos bandos irreconciliables. Y en esa guerra simbólica muchos decidieron desde hace tiempo quién representaba el bien y quién representaba el mal.
La derecha fue asociada al orden, a la defensa del Estado, a la promesa de seguridad.
La izquierda fue asociada durante años al caos, a la subversión, a la amenaza.
Ese imaginario no nació de la nada. Nació de una historia marcada por el conflicto armado, el miedo y la violencia. Pero también produjo una de las tragedias políticas más profundas de nuestra democracia.
En Colombia un partido político entero fue prácticamente exterminado.
La Unión Patriótica surgió como parte de un intento de abrir espacios democráticos en medio del conflicto. Miles de personas decidieron abandonar la lucha armada o apostar por la política como camino.
El resultado fue devastador.
Candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, concejales, líderes sociales y militantes fueron asesinados sistemáticamente durante años. Miles de vidas truncadas por la idea de que ese partido no era un actor político legítimo, sino simplemente el brazo civil de la guerrilla.
La democracia colombiana cargará siempre con esa herida.
Porque cuando un sistema político permite —o tolera— la eliminación física de una corriente política completa, lo que queda no es una democracia plena. Es una democracia mutilada.
Durante décadas esa mutilación tuvo consecuencias.
La izquierda institucional prácticamente desapareció del mapa político. No porque no existiera en la sociedad, sino porque representarla implicaba un riesgo enorme de caer defendiéndola.
Solo mucho tiempo después empezó a reconstruirse una alternativa política real. No necesariamente porque estuviera completamente preparada, sino porque una parte importante del país comenzó a buscar un contrapeso frente a un sistema dominado por los mismos actores, las mismas élites y las mismas narrativas.
Y ahí apareció otro fenómeno. El miedo.
Para amplios sectores de la sociedad colombiana, la idea de que la izquierda pudiera gobernar generó un rechazo visceral. No una crítica política normal, sino una sensación de amenaza existencial: "volvernos como Venezuela."
Pero esa reacción revela algo aún más profundo.
Durante demasiado tiempo en Colombia la política no se entendió como una competencia democrática entre proyectos distintos, sino como una lucha en la que uno de los dos debía desaparecer para que el otro pudiera sobrevivir.
La eliminación del adversario —simbólica, política o incluso física— se volvió parte de nuestra cultura política. Pero esa lógica es incompatible con una democracia madura.
Una democracia real no funciona cuando un proyecto solo puede existir si el otro es destruido. Funciona cuando los proyectos compiten, se limitan mutuamente y se vigilan entre sí.
El adversario político no es una anomalía del sistema democrático. Es uno de sus mecanismos de equilibrio. Los contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se vuelva absoluto. El disenso existe para impedir que una sola visión capture el Estado.
Por eso el verdadero problema de Colombia no es simplemente la derecha ni simplemente la izquierda.
El problema es la incapacidad cultural de aceptar que ambos deben existir al mismo tiempo.
Mientras una parte del país justifica o relativiza los abusos de su propio bando, y la otra celebra cada caída del adversario como una victoria moral, seguimos atrapados en una política tribal que empobrece la democracia.
Ni la seguridad justifica la corrupción o el abuso de poder.
Ni la justicia social justifica la incompetencia.
El país necesita algo más exigente que elegir un bando.
Necesita una derecha capaz de examinar críticamente sus propios excesos sin refugiarse en el relato de la seguridad. Y necesita una izquierda capaz de gobernar con rigor, preparación institucional y responsabilidad democrática, sin caer en populismos ni improvisaciones.
Pero sobre todo necesita ciudadanos que abandonen la comodidad del fanatismo.
Ciudadanos capaces de exigir lo mismo a todos: la misma transparencia, la misma rendición de cuentas, la misma vara ética.
Porque mientras la corrupción siga pesando distinto según quién la cometa, el problema no será la izquierda ni la derecha. Será nuestra incapacidad colectiva de sostener una democracia adulta.
Y esa es una responsabilidad que no pertenece a los políticos.
Nos pertenece a todos.
Luis Carlos Jacobsen
Marzo 15 de 2026
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