El país donde la corrupción depende de quién la comete

En Colombia la corrupción no pesa lo mismo.
Pero los delitos que traicionan la rectitud que se espera de un gobierno suelen tener siempre el mismo rostro. El daño al erario público es el mismo. Las víctimas son las mismas.

Lo único que cambia es quién está en el poder cuando ocurre.

Si el escándalo viene de la izquierda, la indignación ha sido inmediata, total, casi religiosa. Se habla de amenaza institucional, de crisis moral, de peligro para la democracia. De catástrofe de inmensas proporciones, e inclusive, de que "hay que salvar el país."

Pero si viene de la derecha, el tono suele transformarse: aparecen las explicaciones, los matices, los silencios prudentes, las interpretaciones benevolentes. No porque los hechos sean distintos. Sino porque el relato político ya estaba escrito. O porque no hay medios tradicionales para magnificarlos.

Este país aprendió durante las últimas décadas a ver la política como una guerra moral entre dos bandos irreconciliables. Y en esa guerra simbólica muchos decidieron desde hace tiempo quién representaba el bien y quién representaba el mal.

La derecha fue asociada al orden, a la defensa del Estado, a la promesa de seguridad.
La izquierda fue asociada durante años al caos, a la subversión, a la amenaza.

Ese imaginario no nació de la nada. Nació de una historia marcada por el conflicto armado, el miedo y la violencia. Pero también produjo una de las tragedias políticas más profundas de nuestra democracia.

En Colombia un partido político entero fue prácticamente exterminado.

La Unión Patriótica surgió como parte de un intento de abrir espacios democráticos en medio del conflicto. Miles de personas decidieron abandonar la lucha armada o apostar por la política como camino.

El resultado fue devastador.

Candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, concejales, líderes sociales y militantes fueron asesinados sistemáticamente durante años. Miles de vidas truncadas por la idea de que ese partido no era un actor político legítimo, sino simplemente el brazo civil de la guerrilla.

La democracia colombiana cargará siempre con esa herida.

Porque cuando un sistema político permite —o tolera— la eliminación física de una corriente política completa, lo que queda no es una democracia plena. Es una democracia mutilada.

Durante décadas esa mutilación tuvo consecuencias.

La izquierda institucional prácticamente desapareció del mapa político. No porque no existiera en la sociedad, sino porque representarla implicaba un riesgo enorme de caer defendiéndola.

Solo mucho tiempo después empezó a reconstruirse una alternativa política real. No necesariamente porque estuviera completamente preparada, sino porque una parte importante del país comenzó a buscar un contrapeso frente a un sistema dominado por los mismos actores, las mismas élites y las mismas narrativas.

Y ahí apareció otro fenómeno. El miedo.

Para amplios sectores de la sociedad colombiana, la idea de que la izquierda pudiera gobernar generó un rechazo visceral. No una crítica política normal, sino una sensación de amenaza existencial: "volvernos como Venezuela."

Pero esa reacción revela algo aún más profundo.

Durante demasiado tiempo en Colombia la política no se entendió como una competencia democrática entre proyectos distintos, sino como una lucha en la que uno de los dos debía desaparecer para que el otro pudiera sobrevivir.

La eliminación del adversario —simbólica, política o incluso física— se volvió parte de nuestra cultura política. Pero esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Una democracia real no funciona cuando un proyecto solo puede existir si el otro es destruido. Funciona cuando los proyectos compiten, se limitan mutuamente y se vigilan entre sí.

El adversario político no es una anomalía del sistema democrático. Es uno de sus mecanismos de equilibrio. Los contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se vuelva absoluto. El disenso existe para impedir que una sola visión capture el Estado.

Por eso el verdadero problema de Colombia no es simplemente la derecha ni simplemente la izquierda.

El problema es la incapacidad cultural de aceptar que ambos deben existir al mismo tiempo.

Mientras una parte del país justifica o relativiza los abusos de su propio bando, y la otra celebra cada caída del adversario como una victoria moral, seguimos atrapados en una política tribal que empobrece la democracia.

Ni la seguridad justifica la corrupción o el abuso de poder.
Ni la justicia social justifica la incompetencia.

El país necesita algo más exigente que elegir un bando.

Necesita una derecha capaz de examinar críticamente sus propios excesos sin refugiarse en el relato de la seguridad. Y necesita una izquierda capaz de gobernar con rigor, preparación institucional y responsabilidad democrática, sin caer en populismos ni improvisaciones.

Pero sobre todo necesita ciudadanos que abandonen la comodidad del fanatismo.

Ciudadanos capaces de exigir lo mismo a todos: la misma transparencia, la misma rendición de cuentas, la misma vara ética.

Porque mientras la corrupción siga pesando distinto según quién la cometa, el problema no será la izquierda ni la derecha. Será nuestra incapacidad colectiva de sostener una democracia adulta.

Y esa es una responsabilidad que no pertenece a los políticos.

Nos pertenece a todos.

Luis Carlos Jacobsen

Marzo 15 de 2026

Colombia no necesita salvadores

 

El Centro Democrático es, probablemente, el partido que con más frecuencia invoca la palabra democracia en el debate público colombiano.

Y, al mismo tiempo, el que más gira alrededor de un solo nombre: Álvaro Uribe Vélez. Y el que es capaz de centralizar sus decisiones en este personaje tan querido y odiado por tantos.

Eso no es un delito. Pero sí es una paradoja cuando ese mismo partido se presenta como custodio exclusivo de la moral pública y guardián último de las instituciones.

La oposición es legítima. Criticar al gobierno actual es necesario. Denunciar la corrupción es un deber democrático. Pero la autoridad moral no se proclama. Se construye. Y, sobre todo, se sostiene en la memoria.

Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe hubo avances en seguridad que una parte del país reconoce. También hubo una cadena de escándalos que no pueden tratarse como accidentes aislados.

Las interceptaciones ilegales del DAS bajo la dirección de MP Hurtado, Noguera nombrado por Uribe, condenado por vínculos con estructuras paramilitares en la costa. El espionaje a magistrados, periodistas y opositores que investigaban la parapolítica, y a Mario Uribe en particular, primo hermano del señor Uribe. La tensión sistemática con el poder judicial. El señalamiento reiterado a defensores de derechos humanos como “terroristas vestidos de civil”, en un contexto donde esa estigmatización no era inocua.

En el círculo cercano al poder aparecieron nombres que marcaron esa etapa: el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad presidencial, condenado en Estados Unidos por vínculos con el paramilitarismo; Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga golpeada por investigaciones relacionadas con financiación irregular. Cuando los escándalos se acumulan en el entorno inmediato del poder, la pregunta deja de ser individual y se vuelve estructural. Podríamos seguir con escándalos, y hasta meternos con los serios líos penales que hoy día arropan al eterno presidente, como es llamado por algunos.

Y está el capítulo más doloroso: los falsos positivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado miles de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Asesinatos de jóvenes inocentes para hacernos creer que la lucha antiguerrillera era fructífera. No fueron simples casos aislados. Fue un fenómeno extendido bajo un sistema de incentivos que privilegiaba cifras de bajas como indicador de éxito operacional. Jóvenes civiles fueron asesinados y reportados como combatientes caídos en combate. Para engañarnos, o para crear terror.

Es una de las páginas más aberrantes de nuestra historia reciente.

Reducirlo a “manzanas podridas” es moralmente insuficiente. Cuando el incentivo institucional es perverso, la responsabilidad política no desaparece señalando a subordinados. La Directiva 029/2005 así lo confirma: incentivos para matar recomenzando las muertes. Un horror.

Por eso resulta difícil aceptar lecciones de superioridad ética sin una revisión proporcional de ese legado. La coherencia no puede ser selectiva.

Y, sin embargo, el recurso vuelve a ser el mismo: el miedo.

El miedo como método político. El miedo como combustible electoral.

Cada ciclo revive los mismos fantasmas: el país al borde del abismo, la amenaza ideológica total, el colapso inminente. El adversario no es un competidor democrático; es una catástrofe anunciada.

Colombia lleva años viviendo en estado de alarma. Y las democracias no se salvan a punta de alarma. Se administran con sensatez.

Por eso sigo creyendo que Colombia necesita algo menos épico y más sensato.

Si el escenario ideal estuviera sobre la mesa, votaría por una opción de centro despolarizante. Por perfiles como el de Armitage en Cali con su buena alcaldía o como el de Oviedo en su discurso técnico y menos incendiario. Liderazgos que no necesitan dividir para gobernar. Que pueden equivocarse, como todos, pero que no construyen su identidad política sobre el miedo.

Ese es el país que preferiría ver. Pero la política rara vez ofrece el escenario perfecto.

Y si la segunda vuelta vuelve a plantearse entre extremos, no tengo dificultad en decirlo con claridad: mi voto no será por el miedo. Conozco a Iván Cepeda desde hace siete años, participando en espacios de defensa del Acuerdo de Paz. Lo he visto escuchar cuando otros gritan. Lo he visto sostener la serenidad cuando el ambiente se enrarece. Lo he visto privilegiar el diálogo sobre la descalificación.

No lo conozco como caricatura. Lo conozco en conversación.

Por eso me aparto de la narrativa que lo reduce a etiquetas fáciles o a herencia automáticas. No voto por consignas. No voto por fantasmas.

Voto por coherencia. Voto por memoria. Y llegado el caso, votaré por quien represente mayor capacidad de concertación y menor vocación de polarización.

Colombia no necesita otro redentor.

Necesita memoria.

Luis Carlos Jacobsen

La ley puede proteger a una institución. Pero solo el liderazgo protege su legitimidad.

He seguido con atención la audiencia reciente de Pam Bondi, Directora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No desde el lente jurídico — donde seguramente existen argumentos técnicos, límites procesales y responsabilidades institucionales que deben respetarse — sino desde el lente del liderazgo público.

Y ahí aparece una pregunta más profunda.

En situaciones que involucran víctimas, el rol del Departamento de Justicia no es únicamente custodiar procesos legales. Es también representar simbólicamente la búsqueda de justicia. Ese componente humano no es retórico; es esencial para la confianza pública.

Durante la audiencia, Pam Bondi defendió procedimientos, decisiones y límites institucionales. Eso puede ser correcto desde lo legal. Pero el liderazgo público rara vez se evalúa solo por lo que es correcto en términos técnicos. También se evalúa por lo que las personas sienten que está siendo protegido.

Cuando el tema son víctimas, la sociedad busca algo más que explicaciones jurídicas. Busca señales claras de empatía y propósito.

No se trata de convertir una audiencia en un acto emocional ni de abandonar la prudencia institucional. Se trata de comprender que, en ciertos momentos, el tono del liderazgo pesa tanto como el contenido de sus respuestas.

Ahí es donde la figura de Pam Bondi como líder institucional entra en una zona difícil. No necesariamente por lo que hizo, sino por la percepción que puede quedar cuando la defensa del proceso parece ocupar más espacio que el reconocimiento del dolor humano.

La historia del liderazgo público muestra algo interesante: las crisis rara vez comienzan por lo ilegal; comienzan cuando aparece una brecha entre la corrección institucional y la conexión moral con la sociedad.

El Departamento de Justicia depende profundamente de esa conexión.
La autoridad legal puede sostenerse en el tiempo. La legitimidad moral es más frágil.

Tal vez Pam Bondi esté actuando dentro de los límites que su rol le impone. Eso es posible. Pero el liderazgo en momentos sensibles exige algo adicional: hacer visible que la justicia no es solo un procedimiento, sino también un compromiso humano.

Porque cuando la justicia se percibe distante del sufrimiento de las víctimas, incluso si los procesos siguen su curso, la confianza empieza a debilitarse.

Y la confianza, más que la ley, es el verdadero capital de una institución como el Departamento de Justicia.

¿Y qué tal?

¿Y qué tal si eliminamos de nuestro lenguaje el presagio fatal?

¿Si nos desintoxicamos, al menos por un momento, de esa narrativa insistente que anuncia que todo va a salir mal? Que con este gobierno cualquiera no, pero que con el otro sí.

Pareciera que no importa lo que hagamos: la economía se presenta como una “ciencia exacta”, capaz de predecir variables e intuir el futuro con una seguridad casi mística. ¿Cierto que es exacta y completamente predecible?

¿Y qué tal si, en lugar de repetir ese libreto, construimos un imaginario distinto? Uno de esperanza. Venga el presidente que venga. Uno donde nos unamos en el deseo simple —pero poderoso— de que a Colombia le vaya bien.
Basta ya del “nos vamos a volver Venezuela”, de las amenazas de castrochavismo y del miedo como argumento. Nuestra economía está estable. Buenos indicadores. Podría crecer más, sin duda. Pero no es ningún desastre como lo aseveran.

Y qué tal si, mejor aún, bajamos la conversación a lo concreto.
Hoy hablé con mi portero. Va a ganar +/- 400.000 pesos más al mes.
Linda conversación tuvimos. Me cuenta que por fin podrá salir de deudas con la compra de su lotecito en el sur, bien lejos pero está feliz.. Coincidimos en algo sencillo: el valor del mercado que hacemos no ha cambiado de forma dramática en los últimos 2 años, los precios estuvieron estables.

Para él, esos 400.000 pesos significan algo muy claro: nuevas posibilidades el fin de semana con su familia, menor el drama con la compra de útiles escolares para sus hijos, más consumo, más movimiento. Redistribución del ingreso, le llaman.

Descontaminado del afán derrotista, me sacudo del fatalismo de la amarga oposición. No puedo sino alegrarme por los porteros, las empleadas de servicio, los mensajeros, los analistas, los agentes de centros de contacto y tantos trabajadores beneficiados por esta ley. He entendido, de verdad, lo que 400.000 pesos al mes significan para ellos.

Frecuentemente mucha gente que conozco y yo mismo nos gastamos eso en una buena cena con vino en pareja. Una de esas de las que, estoy seguro, nos podemos privar sin ningún drama.

Esperemos lo mejor. Reconozcamos que el trabajo de nuestros empleados vale el aumento. Aprovechemos para fortalecer su motivación. Digámosles que no vamos a hacer despidos, que nos vamos a esforzar por crecer juntos. Que seremos más productivos. Que el miedo no tiene por qué ser siempre el punto de partida.

Que en medio de la incertidumbre sobre los efectos, que ya los veremos y comentaremos, elijamos lo que nos nace del corazón. Qué bueno pagar más hasta lo que más podamos. Y esperemos atentos qué efectos tiene esa plata circulante en la vida diaria de nuestro país.

Y ahí nos damos palo si quieren, y me tildan de ingenuo, de petrista, de lo que quieran. Me encantaría ver que pudimos incrementar salarios, todos, en todos los tamaños, y que la economía se ajustó por algo que no conocíamos, quizás?

Ya veremos. Nadie me puede decir hoy que soy muy burro, porque ya hubo grandes aumentos de salario mínimo sin que viéramos todos los efectos que con tanta seguridad predecían.

¿Y qué tal que le vaya mejor a la gran mayoría de colombianos?

¿Seré tan ingenuo como el niño de la foto de mí mismo a los 10 años?

No lo creo. Vamos a salir adelante, Colombia! Feliz y próspero año para Todos!