Un niño cada hora

El anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel merece una discusión que, en mi opinión, el país todavía no ha dado.

No porque los Estados deban relacionarse únicamente con gobiernos intachables. Si esa fuera la regla, la diplomacia sería imposible. Los países mantienen relaciones incluso con gobiernos sobre los que existen profundas diferencias políticas, jurídicas y éticas. Así ha sido siempre.

Lo que hace excepcional este momento es el contexto.

Colombia anuncia el restablecimiento de relaciones con un gobierno cuyas actuaciones en Gaza están siendo investigadas por las más altas instancias del derecho internacional. No por activistas. No por campañas en redes sociales. No por gobiernos adversarios. Por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, por la Corte Internacional de Justicia y por la Corte Penal Internacional.

Ese contexto no puede tratarse como un asunto secundario.

Conviene comenzar por una afirmación que considero indispensable.

El ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 fue un acto terrorista. El asesinato deliberado de civiles, el secuestro de familias y el uso del terror como instrumento político merecen una condena absoluta. Israel tenía el derecho —y el deber— de proteger a su población y de perseguir a los responsables.

Esa nunca ha sido la discusión.

La discusión comenzó cuando la respuesta dejó de parecer una operación dirigida contra una organización terrorista y empezó a mostrar, ante los ojos del mundo entero, la devastación sistemática de un territorio donde viven más de dos millones de personas.

Durante meses, la explicación oficial fue la misma: Hamás utiliza a la población civil como escudo humano.

Es una acusación seria y existen evidencias de que esa práctica ha ocurrido. Pero precisamente porque el derecho internacional contempla esa posibilidad, también establece que su existencia no libera al otro actor de sus propias obligaciones. La protección de la población civil, la distinción entre combatientes y no combatientes y la proporcionalidad en el uso de la fuerza siguen siendo exigencias jurídicas, incluso cuando el enemigo las desconoce.

Si aceptáramos que la presencia de combatientes entre la población civil autoriza la destrucción de ciudades enteras, el derecho internacional humanitario perdería buena parte de su razón de ser.

Y aquí aparece una comparación que, como colombiano, no logro evitar.

Imaginemos un municipio controlado por el ELN o por una disidencia de las FARC. Imaginemos que sus integrantes se refugian entre viviendas, escuelas, iglesias y hospitales. ¿Aceptaríamos que la respuesta legítima del Estado consistiera en reducir ese municipio a escombros porque allí también viven los combatientes?

Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los colombianos respondería que no.

No porque el Estado deba renunciar a combatir el terrorismo, sino porque precisamente aprendimos que la población civil no puede convertirse en el precio aceptable de una operación militar.

Eso mismo es lo que hoy está examinando la comunidad internacional.

El informe más reciente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación creada por Naciones Unidas marca un punto de inflexión. Tras examinar durante meses testimonios, imágenes satelitales, registros médicos y otra evidencia, la Comisión concluye que existen fundamentos para investigar posibles actos de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Veinte mil niños muertos. No en un año de guerra. En catorce meses. Un niño cada hora, todos los días, mientras el mundo debatía si lo que veía era o no era un genocidio.

A ello se suma el proceso que continúa abierto ante la Corte Internacional de Justicia y las órdenes de captura expedidas por la Corte Penal Internacional contra altos dirigentes israelíes por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Israel rechaza categóricamente todas esas acusaciones. Tiene derecho a defenderse ante esas instancias. Lo que ya no parece serio es que otros gobiernos actúen como si esas investigaciones fueran irrelevantes o simplemente no existieran.

Hay un punto en que la tragedia deja de ser un asunto de política exterior y se convierte en una pregunta sobre quiénes somos. Creo que ya llegamos a ese punto.

Y es justamente ahí donde aparece Colombia.

Nosotros sí sabemos lo que es enterrar a un civil y llamarlo daño colateral. Nosotros sí sabemos el peso de esa mentira. Llegamos a esta conversación después de décadas de conflicto armado, después de millones de víctimas y después de un enorme esfuerzo institucional para reconocer una verdad que aprendimos demasiado tarde: cuando la población civil deja de ser protegida, la guerra pierde cualquier pretensión de legitimidad moral.

Esa memoria debería obligarnos a hablar con especial cuidado.

Por eso no me inquieta únicamente el restablecimiento de relaciones. Me inquieta la ausencia de una posición ética que lo acompañe.

Colombia puede decidir reconstruir sus relaciones diplomáticas con Israel. Esa es una decisión soberana. Lo que no debería hacer es reconstruirlas como si nada extraordinario estuviera ocurriendo.

Seguimos siendo parte de las Naciones Unidas. Seguimos reconociendo la autoridad de la Corte Internacional de Justicia. Seguimos defendiendo la importancia de la justicia penal internacional cuando protege principios que nosotros mismos invocamos para nuestro propio conflicto.

No podemos pedirle al mundo que crea en esas instituciones cuando examinan nuestras tragedias y restarles importancia cuando examinan las de otros.

No espero que Colombia convierta su política exterior en un ejercicio de pureza moral. Ningún Estado actúa así. Espero algo mucho más sencillo: que el restablecimiento de relaciones no venga acompañado del silencio. Que el Gobierno colombiano recién elegido sea capaz de decir, con la misma claridad con la que condenó el terrorismo de Hamás, que las investigaciones internacionales sobre Gaza merecen respeto, que el sufrimiento de la población civil no puede relativizarse y que ninguna razón de Estado convierte automáticamente en aceptable aquello que hoy examinan los más altos tribunales internacionales.

La verdadera prueba moral de Colombia no consiste en decidir con quién mantiene relaciones diplomáticas. Consiste en demostrar que las lecciones aprendidas con nuestras propias víctimas siguen teniendo valor cuando las víctimas nacieron en otra tierra.

Porque una nación no pierde su autoridad moral el día que toma una decisión diplomática difícil. La pierde el día que deja de llamar las cosas por su nombre.

Documentos de referencia

Las reflexiones de esta columna se apoyan en hechos documentados, no en opiniones. Quien quiera verificarlos, aquí están las fuentes:

Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU — Informe del 23 de junio de 2026 sobre el impacto de la guerra en la infancia palestina. Concluye que existen fundamentos para investigar posibles actos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Documenta más de 20.000 niños muertos entre octubre de 2023 y octubre de 2025.

Corte Internacional de Justicia (CIJ) — Proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Incluye medidas provisionales dictadas por la Corte. Proceso aún en curso.

Corte Penal Internacional (CPI) — Órdenes de captura emitidas contra altos dirigentes israelíes por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Proceso aún en curso.

OHCHR — Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos — Información oficial sobre el mandato y los informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación.

Reuters — Cobertura del informe de la Comisión del 23 de junio de 2026 y respuesta oficial del gobierno israelí.

Luis Carlos Jacobsen

Junio 25 de 2026