La herida que no cierra: la cultura paraca que se nos volvió paisaje

Conocí a una linda mujer de Ocaña hace años, recién llegada a Bogotá a trabajar. Me hablaba bajito, como quien todavía teme que las paredes tengan oídos. Se notaba que venía de vivir con miedo. Contaba cosas que a veces este país prefiere olvidar: muchachos asesinados por andar tarde en la calle, señalados de “marihuaneros” por cualquier vigilante armado del turno; mujeres marcadas, literalmente marcadas, para ser “escogidas” por el jefe de la zona. No es ficción. Eso viene pasando en todo nuestro territorio hace un tiempo, y es aún peor que como lo cuento. Es Colombia escrita con sangre fina.

Aquí todos conocemos esa cultura de la fuerza bruta: la del “usted no sabe quién soy yo”, la de las venias al uniforme, la del político regional que reparte puestos, terrenos y permisos porque tiene a los “muchachos” de su lado. "El Duro" de la región. El que conquistó poder económico por medios ilícitos que dejan de importar. El hombre tiene poder y plata.. Esa cultura no nació de la nada. Se incubó con el paramilitarismo, se alimentó de miedo y de silencios, y terminó filtrándose como humedad en las grietas de los pueblos, las ciudades y hasta la política nacional.

El paramilitarismo no solo dejó muertos, masacres, desplazamientos. Dejó una forma de pensar: la idea de que el pensamiento contrario es un enemigo al que hay que desaparecer; que la izquierda es sinónimo de guerrilla; que el debate es una amenaza; que escuchar al otro es perder autoridad. Ese guion, reciclado hasta hoy por ciertos personajes que aspiran a la presidencia —como los de La Espriellas o las Vicky Dávilas—, convierte cualquier idea progresista en un riesgo para la patria. El truco es viejo: si no puedes rebatir al otro, mételo en el mismo saco del enemigo y muéstralo como alguien a quien hay que temerle. Generar temor del contradictor ha sido la mejor forma de sacarlo del camino. Como pasó con la masacre de la UP que aún personas como la Cabal niegan a pesar de sentencias judiciales.

En ese clima, la diversidad no es riqueza: es delito. Ser gay, trans, diferente de cualquier modo… es motivo suficiente para ser golpeado, expulsado o asesinado. La moral del fusil siempre cree que tiene razón.

Y aquí viene lo incómodo (lo que muchos fingen no haber visto): ese modelo de poder se consolidó cuando un partido político —el de aquel gobierno de la reelección fraudulenta, cosa rara— decidió aliarse con los paramilitares para “ordenar” las regiones. No es mi opinión, son decenas de sentencias judiciales que demuestran que el poder del partido de gobierno fue impuesto por la fuerza en las regiones. No fue ingenuidad. No fue torpeza. Fue cálculo. Y ese cálculo terminó corrompiendo Fuerzas Militares, alcaldías, gobernaciones, notarías, registradurías… todo. Y eso está ahí, sembrado en la cultura política de regiones como Antioquia, Cesar, Córdoba y tantos otros lugares. La institucionalidad quedó atravesada por la lógica del que manda porque puede, y del que obedece porque teme. Y si eso pasó hace 2 décadas, el flagelo persiste hoy con diferentes derivaciones. La mafia en la política es un hecho que nadie puede controvertir. Es un legado de aquel gobierno tan democrático que algunos aún añoran. Y si a alguno le cuesta creerlo, recordemos al concejal con su bate de baseball que recientemente amenazaba la protesta social, con miles de personas que avalaban sus maneras y método. 

Muchos no quieren aceptar esa responsabilidad política. Otros prefieren maquillarla como “estrategias de seguridad”. Pero los hechos son tozudos: con tal de acabar la guerrilla, terminaron legitimando una mafia armada que hizo de la crueldad su doctrina.

Por eso hay que sacudirnos esa cultura paraca que todavía respira en tantas esquinas. No va a ser recitando discursos ni firmando pactos simbólicos. Se hace de otra forma: validando al que piensa distinto, escuchando al otro sin convertirlo en enemigo, defendiendo la vida del que no se parece a nosotros, y devolviéndole a la política su tarea más elemental: resolver conflictos sin matar gente. Defendiendo a la izquierda, o a la derecha legítimas, así seamos del ala contraria.

Puede sonar ingenuo. Pero es exactamente lo contrario: es lo único verdaderamente revolucionario que nos queda. Volver a creer en la convivencia, en la diferencia, en el argumento, en la dignidad humana. Porque solo así este país puede sanar la herida que no quiere cerrar.

Luis Carlos Jacobsen

23.11.25

Esa derecha radical de mi país.

Esa derecha radical de mi país…

Esa colectividad que todo lo ha hecho tan bien en su historia y que inclusive es capaz de contar con la atención de mucho incauto que se suma a las críticas a Petro gracias a la narrativa de la prensa nacional en televisión y escrita, que no brilla por su objetividad y mesura.

Veamos...

Esa derecha que antes de que Petro se posesionara ya narraba el fin del mundo con devoción casi religiosa. Traían ya todo escrito: "país fallido, fuga de capitales, inflación galopante, hambruna, empresas quebradas, caos social, turismo evaporado, dólar en ocho mil y, por supuesto, la conversión inmediata a Venezuela en seis meses." Así lo afirmaban, sin cifras, ni datos, augurando el peor futuro para Colombia. Y de tanto oírlo, eso cala en cualquier incauto. 

Un apocalipsis tan elaborado que casi merecía derechos de autor.

No soy hincha ciego de este gobierno. Tiene errores garrafales. Hechos de corrupción inaceptables.  La seguridad se deterioró, el manejo de la paz negociada arrancó desordenado y sin método riguroso, y varios proyectos quedaron en promesa.

Pero hay una distancia abismal entre reconocer errores… y sostener el libreto del desastre que cierto sector de derecha recitó con tanta convicción y tan poca evidencia. Y que repito, tantos incautos repiten con fervor.

Porque cuando uno confronta los anuncios con la realidad, el guion no cuadra por ningún lado.

La realidad que arruinó este gobierno

El dólar viene en bajada y está hoy, 22.11.25 a 3.741, no los 8.000 que juraban los profetas del mercado. La inflación bajó al 5 % y el desempleo al 8,2 %, el nivel más bajo desde 2018. La economía crece en promedio alrededor del 2,4 %. Sin embargo, anunciaba ayer el DANE que en el último trimestre nuestra economía crece al 3.6%. (!)

El salario mínimo subió y, contrario a la narrativa del terror y la exageración, no generó espiral inflacionaria. Esto con inflación controlada es más plata en el bolsillo para la gente común. Y eso es muy bueno para el país y su consumo.

Y lo más doloroso para quienes anunciaban “quiebras masivas”:
Las grandes empresas del país reportaron utilidades que harían sonrojar a cualquier predicador del colapso, trayendo cifras de su propios reportes:

– Ecopetrol: 14,9 billones
– Grupo Sura: 5,3 billones
– Cenit: 5,3 billones
– EPM: 4,8 billones
– ISA: 2,8 billones
– Argos: 2,5 billones
– GEB: 2,4 billones
– Bavaria: 2,3 billones
– Emgesa: 2,2 billones

Más de 50 billones en utilidades combinadas.
Para ser un país “al borde del colapso”, la quiebra nos salió bien rara.

El campo que según la derecha no sobreviviría

El sector agropecuario creció 10,2 %, su mejor cifra en seis años.
Los fertilizantes bajaron tras la crisis global. Subsectores como papa, arroz, maíz y palma crecieron entre 5 y 15 %. El ingreso campesino mejoró, acorde con diversas fuentes.

Y mientras aseguraban que “no habría alimentos”, que no tendríamos qué comer (!!!) la realidad iba en dirección opuesta:

– Las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas crecieron 14 % en 2024, alcanzando USD 11.491,8 millones (Analdex).
Las exportaciones de alimentos crecieron 14 % en 2024, justo cuando se anunciaba que el país se quedaría sin campo.

Otras cifras

– Las exportaciones no minero-energéticas alcanzaron USD 21.999 millones en 2024 (+7,7 %) (MinComercio).
Un síntoma claro de diversificación y resiliencia.

– La inversión extranjera directa (IED) aumentó 22 % en el segundo trimestre de 2024 (+US$621 millones) frente al mismo trimestre del año anterior (Banco de la República).
Algunos “profetas del retiro de capitales” deberían revisarlo.

Todo eso mientras el relato opositor insistía en que nadie invertiría un peso aquí.

Tierras y ferrocarril: dos hechos que rompen el libreto del colapso

Más de un millón de hectáreas fueron formalizadas, restituidas o adjudicadas.
No es la revolución agraria total, pero sí una corrección histórica significativa. Y bastantes tierras que sí le quitaron a poseedores a quienes anteriores gobiernos de derecha se las habían adjudicado. (SAE)

Y el ferrocarril —ese fantasma del pasado que supuestamente “jamás volvería”— tuvo un renacer impensado:

– 245 km operativos entre Chiriguaná–Santa Marta
– 522 km rehabilitados entre La Dorada–Chiriguaná
– 498 km en recuperación en la red férrea del Pacífico

No es un milagro japonés… pero tampoco el cementerio férreo que heredamos. Es movimiento de carga a fletes más baratos. 

Turismo y seguridad: otra brecha entre pobres augurios y la realidad

Mientras aseguraban que “nadie volvería a pisar Colombia”:
– Llegaron 6,7 millones de visitantes no residentes en 2024. Y vamos en casi 6 millones este año
– 40 millones de pasajeros pasaron por El Dorado, rompiendo su récord histórico. Colombia está de moda. La imagen del país está lejos de ser una imagen negativa. 

En seguridad, 2023 alcanzó más de 700 toneladas de cocaína incautadas, 889 en 2024 y este año vamos en más de 600, una cifra histórica. (Mindefensa) 

Pero lamentablemente no podemos dar un debate equilibrado sobre la demanda de cocaína que se origina principalmente los EEUU, la cual propicia su producción. País que a su vez, y paradójicamente, es el que certifica nuestro compromiso de lucha contra las drogas sin ser el que sufre los muertos y la corrupción política.

Nada puede sugerir un país abandonado a su suerte.
Mucho menos “entregado”. Tampoco somos un estado fallido. Vivimos las consecuencias de las luchas infructuosas por alcanzar la paz, y las legítimas contradicciones que representa esta idea, que hacen que esta no se logre consolidar, ni por la vía armada, ni por la vía negociada. 

Postura frente a Trump: una coherencia selectiva

La derecha radical adoptó hacia Trump una postura más emocional que estratégica. No es afinidad geopolítica. No es visión hemisférica. No es doctrina. Es simple aversión a Petro.

Trump insultó a Colombia, llamó “veneno” a lo que exportamos como si la cocaína fuera un producto promovido por nuestro estado, promovió endurecer visas para colombianos y responsabilizó unilateralmente al país de la crisis de drogas en EE.UU.
Aun así, ese sector lo aplaude con devoción y le celebra cada insulto y cada desplante al jefe de nuestro gobierno. Y además es bien triste: no les cabe una sola crítica a los procedimientos ilegales de asesinato de gente en el mar bajo la presunción de ser narcotraficantes. 

No lo hacen por Colombia. Lo hacen por rabia hacia Petro. Y eso revela una incoherencia profunda: prefieren defender al que desprecia al país, si con ello golpean al presidente que detestan.

Postura frente a Israel: el alineamiento sin matices

Apoyar a Israel es legítimo. Si ello es lo que les nace.
El problema es hacerlo sin un solo matiz:

– sin reconocer el sufrimiento civil palestino, sin advertir usurpación de tierras en los territorios ocupados.
– sin cuestionar excesos militares,
– sin atender advertencias de organismos internacionales,
– descalificando toda crítica como antisemitismo.

La postura del gobierno colombiano fue crítica —no hostil— ante hechos que también denunciaron ONU, Amnistía Internacional, HRW y múltiples cortes internacionales.

Pero la derecha radical, y sus incautos amigos, prefiere simplificar: si Petro critica una acción militar, entonces está “del lado equivocado”. Una lectura pobre para un conflicto tan complejo en el que a todas luces salta la ilegalidad y el abuso de poder.

El papel de la prensa tradicional

La prensa tradicional, casi toda en manos de conglomerados privados con intereses muy definidos, amplifica esa narrativa de desastre. No miente del todo… pero cuenta solo la parte que le conviene. Nunca la historia completa. Y esa selección también es manipulación. Los colombianos en general, no estamos bien informados. Las grandes personalidades del periodismo profesan un bando y sesgan su opinión hacia su lado sin pudor. Y eso da rienda suelta a que aparezca la "verdad" de las redes sociales, la de los influencers, porque la prensa tradicional no ejerce ese rol vital para la democracia. 

Afirmaciones falsas de la derecha radical y sus realidades

❌ “Petro va a convertir a Colombia en Venezuela en seis meses.”
✔️ Nada parecido ocurrió.

❌ “El dólar se va a ocho mil apenas gane.”
✔️ El dólar ronda los 3.800

❌ “La inversión extranjera se va a ir toda.”
✔️ Se mantuvo en USD 17.000 millones y creció 22 % en 2024-Q2.

❌ “Las empresas van a quebrarse.”
✔️ Utilidades combinadas de más de 50 billones.

❌ “El campo va a desaparecer.”
✔️ Creció 10,2 % y aumentaron exportaciones.

❌ “La paz total es entregar el país al ELN.”
✔️ Lejos de una entrega, vivimos graves dificultades también experimentadas en el pasado. Y vale la pena recordar que la reducción sustancial de la violencia y la mejoría de la seguridad en los años posteriores al acuerdo de paz, se volvió a deteriorar luego de que medio país votara por "hacer trizas los acuerdos", que fue en lo que se empeñaron, pero eso sí criticando sin cuartel lo que vivimos hoy.

❌ “Colombia se va a quedar sin empleo.”
✔️ 8,2 %: el nivel más bajo desde 2018.

❌ “El turismo va a desplomarse”.
✔️ 6,7 millones de visitantes en 2024.

❌ “El país está aislado internacionalmente.”
✔️ Liderazgo visible en APEC, CELAC, ONU.

Este gobierno pudo ser mejor. Eso no tiene dudas.
Mucho mejor. Cometió errores, retrocesos y torpezas.
Pero nada —absolutamente nada— se pareció al apocalipsis que la derecha radical anunciaba con tanta rabia y tan poca evidencia. Y nada tampoco nos acerca a poder afirmar que este "es un desastre de gobierno que tiene como gobernante a un narcotraficante."

Este gobierno puede ser para muchos lo que quieran. Pero es un gobierno que respetó los DDHH, respetó la protesta social, y fue mucho más cuidadoso en sus acciones contra los alzados en armas. Sin embargo, hay quienes añoran la "mano dura" de antaño, a pesar de que hubo gobiernos que ampararon asesinatos de jóvenes inocentes para pasarlos como combatientes, y logró el récord de funcionarios cercanos al presidente condenados por gravísimos delitos. Mi país muchas veces pierde la memoria. 

Para la derecha radical, y sus amigos incautos, la realidad vivida en este gobierno, para su desgracia, les salió mejor que su discurso. Y me parece más bien que los carcome el odio contra Petro, y lo tildan de guerrillero, y desconocen de forma campante un proceso de desmovilización de la guerrilla del M19 cuyo ponente fue el mismo Uribe Velez. Paradójicamente dicen que es Petro quien odia Colombia, odia a las empresas, y odia a los ricos. Nada más falso, a mi juicio. 

Por esa razón, cuidémonos de discursos apocalípticos en épocas de elecciones. Están diseñados para exaltar ánimos en época electoral, generar temor, y mover el voto. Ocupémonos de ver hojas de vida, programas y propuestas audaces para que nuestro país avance. Y elijamos libremente al mejor para cada quién, basados en hechos y datos. 

Luis Carlos Jacobsen

22.11.2025

La verdad incómoda del Palacio de Justicia

        Créditos al Archivo fotográfico de El Espectador 

El 6 y 7 de noviembre de 1985 no fueron solo una tragedia: fueron un espejo perverso que todavía nos devuelve un reflejo que preferimos no mirar. El M-19 convirtió el corazón de la justicia en rehén. Y el Estado, en su supuesta misión de rescate, lo redujo a ruinas. La toma fue un crimen. La retoma, otro distinto, más amplio y más imperdonable, porque provino de quien tenía la obligación institucional —y ética— de proteger la vida. Ese es el punto que este país aún se resiste a entender.

La condena al M-19 no admite matices. Fue un acto criminal en toda regla: secuestro masivo, homicidio, uso de explosivos dentro de una sede judicial y sometimiento de cientos de personas al terror. Nadie sensato va a romantizar un ataque armado contra el Estado y contra civiles. La operación guerrillera violó la democracia, la vida y el principio más básico de convivencia: no convertir al otro en botín. Ese es un hecho y no merece ninguna relativización.

Pero aquí es donde la discusión suele enturbiarse. La responsabilidad del Estado, en cambio, es distinta y más pesada. No porque el uniformado valga más o menos que el insurgente, sino porque el Estado no es un actor más en el tablero: es quien debe custodiar la vida, incluso la del criminal. Y en el Palacio, el Estado falló de manera flagrante. Usó tanques contra pisos donde había rehenes, ignoró las súplicas del presidente de la Corte Suprema, permitió desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Lo hizo con poder legal, con estructura institucional y con una cadena de mando que decidió actuar como si el enemigo fuera la vida misma.

No lo digo yo: lo dicen las sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema y, sobre todo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Colombia por desapariciones, torturas y ejecución de civiles bajo custodia militar. Cuando un grupo insurgente comete atrocidades, traiciona la ley. Cuando lo hace el Estado, traiciona su razón de ser. Y eso no se puede maquillar con palabras como “exceso”, “confusión” o “operación compleja”. La desaparición forzada nunca es un “exceso”: es un crimen de lesa humanidad.

Las desapariciones son la zona más oscura del Palacio. Once personas —empleados de la cafetería, visitantes y una guerrillera— salieron vivas del edificio. Vivas. Registradas. Con nombre propio. Después fueron conducidas bajo custodia militar. Y luego… nada. Silencio. Olvido deliberado. Años de versiones contradictorias, de cuerpos mal identificados, de expedientes empantanados. Todo un aparato institucional trabajando más duro para encubrir que para esclarecer. Eso es lo que hace insoportable este capítulo de nuestra historia: no solo lo que pasó en la retoma, sino todo lo que se hizo para que no pudiéramos nombrarlo.

Créditos al Archivo fotográfico de las 2 Orillas

Por eso hay que decirlo sin rodeos: es inaceptable que un Estado —nuestro Estado— haya cometido actos criminales de la misma naturaleza que un grupo insurgente. Pero aún más grave: lo hizo desde el uniforme, desde la autoridad legal, desde el deber de proteger. El uniforme no puede ser un escudo para la barbarie. Si permitimos eso, si lo justificamos o lo relativizamos, erosionamos la democracia desde adentro.

Cada tanto reaparece un argumento particularmente torpe: “¿Por qué unos militares están presos y los del M-19 quedaron libres?”. La respuesta es sencilla, pero exige pensamiento crítico. Los guerrilleros fueron amnistiados por un proceso de paz legal, validado por el Estado, con el propósito explícito de reducir la guerra y evitar más muertes. Una amnistía no es absolución moral: es un mecanismo jurídico para cerrar un conflicto. Y quienes se acogieron debieron reconocer su responsabilidad, no desfilar ondeando banderas como si hubieran ganado algo distinto a la posibilidad de reincorporarse.

Los militares condenados, en cambio, no están presos por “defender al país”. Están presos por torturar, desaparecer y asesinar ciudadanos usando el poder del país. No cayeron por cumplir el deber, sino por traicionarlo. Hay una diferencia moral y jurídica gigantesca entre “combatir una guerrilla” y desaparecer a un civil desarmado que salió con vida del Palacio. Pretender meter esas dos cosas en el mismo costal es un insulto a la inteligencia y a la decencia.

Lo más doloroso es el silencio cómplice que hemos arrastrado por décadas. Ese gesto colectivo de mirar hacia otro lado. De repetir que “así era la guerra” o que “algo habrán hecho”. El Estado no puede operar bajo esa lógica. Una guerrilla puede pedir amnistía; el Estado no puede desaparecer ciudadanos. Una insurgencia puede violar la ley; el Estado no puede violar la Constitución a nombre de la ley.

Esta columna no absuelve a nadie. Reconoce las responsabilidades de ambos actores, pero las distingue, porque el país necesita madurez para diferenciar entre quien actúa al margen de la ley y quien actúa en su nombre. La ciudadanía puede perdonar; el Estado no puede torturar. La guerrilla puede reincorporarse; el Estado no puede borrar personas de los registros.

El Palacio de Justicia sigue ardiendo en nuestra memoria. Arde no porque queramos vivir encadenados al pasado, sino porque ese incendio nos recuerda la primera obligación de un Estado decente: proteger la vida, incluso en medio del terror. Cuando el Estado falla ahí, no es un “error”: es un quiebre moral.

Si este país quiere sanar, necesita decir la verdad sin temblar: la guerrilla atacó la justicia; el Estado la traicionó.

Y esa diferencia lo es todo.

Citas y fuentes clave 

“La insurgencia convirtió la justicia en rehén; el Estado, que debía rescatarla, la hizo desaparecer.” Sustenta con Corte IDH + CSJ + CE. corteidh.or.cr+1

“El Palacio no ardió solo por el M-19; ardió también por tanques que dispararon donde había rehenes y por cadenas de mando que prefirieron el arrase a la vida.” Rama Judicial

“Cuando el Estado desaparece a sus ciudadanos, deja de ser Estado de derecho: es crimen de lesa humanidad, no ‘excesos’.” (núcleo de la sentencia Corte IDH). corteidh.or.cr

• Rama Judicial – “Memoria Viva” (micrositio oficial): cronología, número de víctimas, lista de desaparecidos, síntesis de fallos (CSJ/CE). Rama Judicial

• Corte IDH, caso “Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia”, 14/11/2014: sentencia de fondo (desaparición, tortura, ejecuciones). corteidh.or.cr

• CNMH – Especial 30 años: contexto, hallazgos y avance (incluye identificación de restos y estado de investigaciones). Centro Nacional de Memoria Histórica

• CSJ, AP6599-2024 (trámite de revisión) y antecedentes SP3956-2019 (casación Arias Cabrales). archivodigitalapi.cortesuprema.gov.co+1

• Wikipedia (uso de contraste rápido, no como fuente principal): síntesis de cifras y secuencia; siempre cruza con fuentes primarias. Wikipedia