Es importante conocer el contenido del acuerdo para el cese del conflicto con las FARC. Su realización depende de que los colombianos dejemos atrás varios mitos que se han creado desde el inicio de la negociación, para poder comprender su conveniencia no solamente para el país, sino para el día a día de nuestras vidas. Por lo tanto, resulta útil conocer los puntos principales del mismo, los cuales, partiendo fielmente de los textos finales se pueden resumir así:
· Política de Desarrollo Agrario Integral como Política de Estado
Significa concentrar la atención del Estado en las necesidades del campo, que han sido desatendidas por gobiernos sucesivos durante décadas. Este enfoque tiene como objetivo elevar el nivel de vida del campesino colombiano, para reducir y, eventualmente, eliminar la brecha económica y de desarrollo humano frente al nivel urbano.
Lo anterior implica que el acuerdo conduzca a satisfacer una necesidad apremiante para el agro colombiano, y de esta manera mejorar la productividad del campo e incrementar los ingresos de los campesinos. Se abre la ruta para la producción agroindustrial en extensas zonas rurales, estimulando la efectividad en el uso del suelo y reduciendo las tierras ociosas. El acuerdo también permite la formalización de la propiedad, cuya ausencia ha sido una notable desventaja para el patrimonio campesino.
Otro aspecto fundamental del acuerdo señala que el Estado se compromete a garantizar la devolución de siete millones de hectáreas que han sido arrebatadas a seis millones de campesinos. Importante analizar las bondades de los acuerdos para el desarrollo social integral de las regiones campesinas, y su incorporación a la normalidad del Estado
Los anteriores son tan sólo algunos de los beneficios para el agro que entregaría el acuerdo en mención.
· Participación política
Es un hecho comprobado en el mundo que ningún conflicto armado interno puede finalizar adecuadamente sin la generación de un pacto de participación política. Se trata del resultado de una negociación, que busca garantizar la entrega de armas pero requiere contraprestaciones. .
El concepto se denomina “Armas por Urnas” e implica que las propuestas políticas serán dirimidas a través del proceso democrático y pacífico mediante la votación ciudadana. Al final del día, es la población colombiana quien elige a sus representantes. Este punto asegura una verdadera solución política a un conflicto de orígenes políticos, mientras que abre la democracia a sus reales alcances, y crea rutas para nuevos jugadores en el debate político al facilitar la entrada de nuevas opciones ciudadanas. Así, queda deslegitimada y anulada la opción de guerra en el monte, que cambia por participación democrática y respeto al Estado de Derecho. La participación política de las FARC implica, a su vez, el reconocimiento de ese grupo de apegarse a la civilidad y a las normas del Estado colombiano como grupo guerrillero desmovilizado.
El Estado, por su parte, adquiere el importante compromiso de garantizar la posibilidad de que la oposición política ejerza su actividad con seguridad, sin riesgo de ser exterminados. Casos como el de A luchar, o el de la Unión Patriótica, no pueden repetirse. Es decir, nunca más se usarán las armas contra la oposición política ni las armas tendrán cabida alguna en cualquier aspiración política.
· Desmonte de los cultivos ilícitos
El acuerdo también exige a las FARC compromiso y acción relacionados con el desmonte de la operación de cultivos ilícitos.
Los compromisos adquiridos por las FARC no finalizan allí: Vale la pena un reconocimiento frente a la no cabida dineros ilícitos en la política legítima colombiana. Ello contribuye a desactivar tales prácticas ilegales y de corrupción.
Es importante anotar, sin embargo, que si bien las FARC se comprometen a poner fin a la posibilidad de utilizar cultivos ilícitos en función de la rebelión, en ausencia del grupo permanece el riesgo de reactivación del negocio por parte de bandas criminales.
Acuerdo de Justicia Transicional
Al contrario de lo que lo que la oposición dice y repite, el acuerdo no contempla impunidad, dado que se trata de un acuerdo fundado en justicia restaurativa que orienta su atención a la sanación de las víctimas, previo reconocimiento pleno de la responsabilidad del victimario y de sus derechos violados. Ofrece en esencia aportar la Verdad en Comisión Solemne, para que la víctima tenga la opción de desvelar el pasado y quizás inclusive llegar a perdonar si encuentra arrepentimiento y condiciones. Ejemplos de la Comisión de la Verdad sudafricana sobran para ilustrar esta institución.
También contempla un Tribunal Especial de Paz, compuesto por magistrados independientes, que se ocupa de los delitos no amnistiables e impone SANCIONES PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, incluyendo reclusión; pero la sanción no termina allí puesto que obliga a la compensación del daño causado mediante trabajo verificable, pensando en resarcir a las víctimas. Es un castigo real porque restringe la movilidad y reviste tiempos a cumplir antes de normalizar la vida. El acuerdo define bien la diferencia entre Privación de la Libertad y Restricción de Derechos y Libertades, separándolos y haciéndoles efectivos.
Si se incumple el acuerdo o se falta a la verdad, la pena de cárcel que se impone será de 20 años. De esta manera, el acuerdo arroja resultados mucho más completos que la renombrada pena de cárcel de 8 años, propia de la Ley de Justicia y Paz que fue aceptada por gran parte de colombianos que hoy critican el acuerdo de paz con las FARC.
Estos son los puntos principales acordados que pueden llegar a ser realidad. Sin embargo, la culminación definitiva del conflicto armado está en riesgo todo el tiempo que se demore su firma. Aumenta la desconfianza cuando hechos injustificados como los de Conejo, Guajira, puedan restarle credibilidad al proceso.
Por ello, el acuerdo necesita definiciones finales. Eso significa que se deben surtir los grandes temas pendientes como dejación de armas, concentración de guerrillas, declaración de amnistía de los delitos que son amnistiables, definición concreta de los delitos que NO son amnistiables, seguridad de las guerrillas y desmovilización completa.
Luis Carlos Jacobsen
@LuchoJacosen
Febrero 25 de 2016
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