lunes, 6 de abril de 2026

Parte II: La democracia que no aprendimos a sostener

Lo que más me incomoda de la actual contienda electoral, es que no se trata solo de política. Se trata de la cultura que está presente en todo. La narrativa que nos invade y que se retroalimenta ella misma desde la protección de intereses económicos que no permiten un cambio. Intereses económicos con nombre propio del medio de comunicación que se prefiera, para el cual la verdad puede ceder a un segundo plano. 

Colombia no ha logrado consolidar una democracia donde el poder se equilibre, se cuestione y se limite de manera consistente, sin importar quién lo ejerza. En lugar de eso, hemos construido una lógica más simple y más peligrosa: la de la política como eliminación del otro.

Durante mucho tiempo, la existencia misma de una izquierda legítima fue puesta en duda. No se la veía como un contradictor necesario, sino como un enemigo a neutralizar. Esa lógica no solo justificó discursos de exclusión, sino que convivió con hechos mucho más graves que terminaron por distorsionar profundamente el juego democrático.

Pero esa lógica no desapareció. Solo cambió de forma.

Hoy no se elimina físicamente al adversario político como antes, pero se le desfigura, se le caricaturiza, se le reduce a una amenaza constante. Se reinstala el miedo como herramienta electoral. Se construyen narrativas que convierten cualquier propuesta en el inicio de una catástrofe.

Y mientras eso ocurre, algo más sigue intacto: una estructura de poder que ha sido históricamente funcional a ciertos intereses, que ha convivido con economías ilegales, que ha tolerado niveles profundos de corrupción y que ha encontrado en el miedo una forma eficaz de protegerse.

Decir esto no es una defensa de la izquierda. Sería irresponsable negar los errores, las improvisaciones, los escándalos y las limitaciones evidentes del gobierno actual. La corrupción existe y es grave. Las dificultades en sectores como la salud no nacieron ayer, y vaya que sí ha beneficiado a unos cuantos mediante un esquema corrupto y mal controlado, que terminó por explotar.  

Pero lo que resulta imposible de sostener es la idea de que estos problemas son inéditos o exclusivos de un solo sector político. Colombia arrastra fallas estructurales desde hace décadas: concentración de la tierra, desigualdad persistente, economías ilegales infiltrando el poder, instituciones capturadas, reformas necesarias que nunca avanzaron porque tocaban intereses demasiado fuertes.

Y sin embargo, cuando esas reformas se proponen, el debate se desplaza. Ya no se discute su contenido, sino el miedo que generan. Ahí es donde aparece el verdadero doble rasero. No en la existencia de errores —que son inevitables en cualquier gobierno— sino en la manera en que los juzgamos.

Unos son imperdonables. Otros son justificables.
Unos son prueba de una amenaza. Otros son daños colaterales.

Así no se construye democracia.

Una democracia madura no necesita que un proyecto destruya al otro para poder existir. Necesita exactamente lo contrario: que ambos coexistan, se vigilen, se contradigan y se limiten mutuamente.

El contrapeso no es una debilidad del sistema. Es su mayor fortaleza. Pero para que eso funcione, hay que hacer algo profundamente incómodo: dejar de pensar en el otro como enemigo y empezar a verlo como necesario.

Eso implica exigirle a todos lo mismo. Sin excepciones. Sin indulgencias selectivas. Sin miedos heredados que nublen el juicio.

Tal vez el problema de Colombia no sea la izquierda ni la derecha. Tal vez el problema es que seguimos sin aprender a convivir con ambas. Y mientras no lo hagamos, seguiremos atrapados en la misma historia: una donde el miedo decide más que la verdad, y donde la democracia existe… pero no termina de madurar.

Parte I: El miedo que elegimos creer


En Colombia no solo votamos por proyectos políticos. También votamos por relatos. Y algunos de esos relatos llevan décadas instalados en nuestra cabeza, moldeando lo que tememos, lo que rechazamos y, sobre todo, lo que estamos dispuestos a tolerar.

Uno de esos relatos es el del miedo a la izquierda.

No es un miedo cualquiera. Es un miedo profundo, histórico, alimentado por años de violencia, por la asociación casi automática entre izquierda y guerrilla, por la idea de que cualquier intento de transformación social es el primer paso hacia el caos: Venezuela, expropiaciones, crisis económica, pérdida de libertades. Ese miedo no surgió de la nada. Tiene raíces reales. Pero también ha sido cuidadosamente amplificado, repetido y utilizado.

Porque mientras ese miedo ocupa el centro de la conversación, otras cosas pasan a un segundo plano.

Durante años, Colombia vivió un momento en el que la seguridad se convirtió en la prioridad absoluta. Veníamos de un proceso de paz fallido, de un país desbordado por la violencia, de una sensación de pérdida de control. En ese contexto, apareció un liderazgo que ofrecía recuperar el orden, devolver la confianza, permitir que el país volviera a moverse. Y en muchos sentidos lo logró.

Pero ese logro vino acompañado de zonas oscuras que el país, en buena medida, decidió no mirar con el mismo rigor. Graves señalamientos, investigaciones con conclusiones desmoralizantes, vínculos incómodos del poder con estructuras ilegales, abusos en su ejercicio, uso indebido de instituciones del Estado, interceptaciones, persecuciones, relaciones peligrosamente cercanas con actores armados. Hechos muy dolorosos con afectación de derechos humanos que dejaron cicatrices terribles. Hechos sucedidos en un gobierno, causado por unas FFMM desbordadas en todos los rincones del país. No como la teoría de las manzanas podridas, sino la verificación de estar el costal entero incentivado para cometer un hecho tan atroz. 

Nada de eso es un invento. Todo eso ha sido documentado, investigado, debatido. Y sin embargo, una parte importante del país eligió poner el foco en el resultado: la seguridad, el crecimiento, la sensación de orden. Ese fue el pacto implícito.

Mientras tanto, la izquierda seguía siendo vista no como una alternativa política, sino como una amenaza. Durante décadas, incluso intentar representarla podía costar la vida. El exterminio de la Unión Patriótica no es un episodio menor de nuestra historia: es una herida abierta que explica por qué el país llegó tarde a una verdadera competencia democrática entre proyectos distintos. Más de 5.000 militantes que declararon su militancia en una izquierda desarmada haciendo política. Fue demasiado fácil hacernos creer que eran "el brazo político de las FARC", y no dijimos nada cuando el exterminio sucedió ante nuestros ojos.

Cuando finalmente la izquierda apareció como una opción real de poder, lo hizo en medio de un enorme descontento social acumulado. No llegó desde la comodidad del establecimiento ni con el respaldo de los grandes medios o del poder económico tradicional. Llegó como respuesta a una sensación extendida de inequidad, de exclusión y de agotamiento frente a una forma de hacer política que parecía siempre favorecer a los mismos. Llegó de la frustración de una reforma agraria necesaria que fue torpedeada con el "hacer trizas la paz" con que se hizo elegir el gobierno de ese entonces.

Y entonces el miedo volvió a activarse. Se habló, otra vez, de la destrucción del país. De un salto inevitable hacia el desastre. De un proyecto oculto que terminaría arrasando con la economía, con la propiedad privada, con la institucionalidad.  El problema no es que se critique. La crítica es necesaria.

El problema es cuando el miedo sustituye el análisis. Y cuando las cosas que aseguraban como quien puede predecir el peor de los futuros, no sucedieron. 

Porque mientras discutimos escenarios catastróficos que aún no ocurren, dejamos de mirar con la misma severidad aquello que sí ha ocurrido durante décadas. Y así, sin darnos cuenta, seguimos alimentando un relato que nos permite indignarnos selectivamente.

Argentina: Ordenar el caos no es lo mismo que construir futuro


Hace unos días, en una conversación con alguien a quien respeto, apareció una frase que me dejó pensando más de la cuenta. Hablábamos de Argentina, de Javier Milei, y de cómo todo el mundo parece tener ya una posición tomada. O estás completamente a favor, o estás completamente en contra.

Y en ese momento me di cuenta de algo que no es nuevo, pero que cada vez se hace más evidente: cuando una conversación se vuelve binaria, normalmente deja de ser útil.

No porque falten opiniones, sino porque empieza a faltar pensamiento.

He tratado de mirar lo que está pasando en Argentina con algo de distancia. No con neutralidad —porque todos tenemos sesgos—, pero sí con la intención de no caer en respuestas automáticas. Y lo que veo, al menos por ahora, es un proceso que no cabe bien en los extremos.

Argentina venía de una situación muy difícil de sostener. No era solo una economía con problemas; era un sistema que había perdido referencias básicas. La inflación no permitía proyectar, el déficit se había vuelto estructural y, quizás lo más complejo de todo, se había erosionado la confianza en que las reglas del juego fueran a mantenerse.

En ese contexto, me parece importante reconocer algo que a veces se omite dependiendo de quién esté hablando: el gobierno de Javier Milei ha logrado ordenar variables que llevaban mucho tiempo fuera de control. La inflación ha bajado de manera significativa, las cuentas fiscales han mostrado un giro relevante y la economía ha comenzado a recuperar crecimiento después de una caída inicial.

Hasta ahí, hay un mérito que no me parece honesto desconocer.

Pero al mismo tiempo, hay algo que me cuesta pasar por alto. Y es que ese orden, que es necesario, todavía no se traduce de forma clara en una sensación de bienestar extendido. Cuando uno se sale de los indicadores y trata de mirar la vida cotidiana —el empleo, el consumo, la situación de distintos sectores— aparece una realidad más desigual, más fragmentada, menos contundente que los números agregados.

No lo digo como crítica cerrada, sino como una inquietud real.

Porque hay una diferencia que me parece clave y que a veces se diluye en la discusión pública: estabilizar no es lo mismo que prosperar. La estabilización es, si se quiere, el piso. Pero lo que realmente valida un proceso económico es su capacidad de convertirse en oportunidades sostenidas para las personas.

Y ahí es donde siento que el proceso argentino todavía está en una especie de transición.

Como si hubiera salido de una fase crítica —lo cual ya es bastante—, pero aún no encontrara una forma clara de consolidar una mejora que se sienta compartida. Algunos sectores avanzan más rápido, otros siguen rezagados, y en el medio aparece una pregunta que no tiene todavía una respuesta evidente: si este modelo, tal como está planteado, puede sostener ese equilibrio en el tiempo sin generar nuevas tensiones.

No es una pregunta menor.

Porque sostener disciplina fiscal, reducir inflación, recuperar reservas y, al mismo tiempo, reactivar sectores que generan empleo masivo, no es un ejercicio mecánico. Es un equilibrio delicado. Y suele ser en esos equilibrios donde los procesos se consolidan… o se desgastan.

Además, hay algo que siempre termina entrando en juego, tarde o temprano: la percepción de las personas. Más allá de la consistencia técnica de las políticas, los procesos se legitiman —o se erosionan— en la experiencia cotidiana. Y esa experiencia no siempre se mueve al mismo ritmo que los indicadores.

Por eso, más que preguntarme si lo que está pasando en Argentina es un éxito o un fracaso, me resulta más honesto ubicarlo en su momento.

Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei ha conseguido algo que durante años fue esquivo: detener una dinámica de desorden persistente y recuperar cierto control sobre variables fundamentales.

Eso, para mí, es una primera victoria. Pero no es la última.

La parte más exigente —y probablemente la más incierta— es la que viene: convertir ese orden en un proceso de crecimiento que incluya, que genere empleo, que fortalezca el tejido productivo y que, sobre todo, se sienta en la vida de las personas de manera sostenida.

Ahí es donde realmente se define todo.

Y si soy honesto, es también donde me quedo pensando. No tanto en lo que ya ocurrió, sino en si ese paso siguiente va a lograrse sin que algo importante se rompa en el camino.

Porque ordenar era necesario. Pero no suficiente.

Y debo decir, que contrario a lo que pensaba originalmente de ese gobierno, lo veo con mejores ojos y me encanta lo que está pasando en ese querido país que quiero tanto sin saber bien por qué. 


Luis Carlos Jacobsen

Abril 6 de 2026

domingo, 5 de abril de 2026

Cuando la prensa deja de ser el cuarto poder

 



“La libertad de prensa es el primer bastión de la democracia.”

“Mientras haya medios, habrá libertades.” 

"La libertad de expresión es lo primero que no se puede perder."

Lo hemos repetido durante décadas como una verdad casi incuestionable. Y, en esencia, lo es.

Una prensa libre, rigurosa e independiente es indispensable para cualquier democracia. Es el llamado cuarto poder porque tiene la capacidad —y la responsabilidad— de vigilar a los otros tres: investigar, incomodar, revelar lo que el poder ejecutivo o legislativo, y en menor proporción el judicial, preferiría mantener oculto.

Sin esa función, la democracia se debilita. Pero ahí está el punto incómodo: esa función no siempre se está cumpliendo como creemos.

Porque la libertad de prensa no garantiza, por sí sola, una prensa independiente. Y mucho menos una prensa neutral.

Los medios de comunicación no existen en el vacío. Operan dentro de estructuras económicas, responden a modelos de negocio, tienen dueños, líneas editoriales, intereses y, en muchos casos, relaciones cercanas con los mismos centros de poder que deberían vigilar. Eso no los invalida automáticamente. Pero sí obliga a mirarlos con más cuidado.

Durante mucho tiempo, la prensa fue percibida como un intermediario confiable entre los hechos y la ciudadanía. No perfecta, pero sí lo suficientemente sólida como para construir una narrativa común de realidad. Hoy, esa confianza está erosionada.

No solo por la aparición de redes sociales o la sobreabundancia de información, sino porque cada vez resulta más evidente que no todos los hechos reciben el mismo tratamiento, que algunas historias se amplifican mientras otras se diluyen, que ciertos enfoques se repiten y otros apenas logran aparecer.

Y eso cambia todo.

Porque cuando la ciudadanía empieza a percibir que la información está mediada por intereses —económicos, políticos o ideológicos— la prensa deja de ser un árbitro creíble y pasa a ser un actor más dentro de la disputa.

Un actor con poder. Pero también con sesgos.

Ahí es donde la frase “prensa libre pero responsable” deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una exigencia concreta. Responsable no solo en la verificación de los hechos, sino en la forma en que decide qué hechos importan. Responsable no solo en lo que publica, sino en lo que omite. Porque lo que no se cuenta también construye realidad.

Decir que la prensa es el primer bastión de la democracia sin preguntarnos a quién responde, qué intereses la atraviesan y cómo construye sus narrativas, puede terminar siendo más una afirmación romántica que una descripción precisa. Y ese romanticismo es peligroso.

No porque la prensa no sea necesaria —lo es, profundamente— sino porque una prensa que no se cuestiona a sí misma puede terminar protegiendo, consciente o inconscientemente, los mismos privilegios que debería examinar. Eso no significa que no haya periodismo valioso. Lo hay, y mucho.

Significa que ya no podemos consumir información con la misma ingenuidad de antes. Hoy, más que nunca, la democracia no depende solo de que exista una prensa libre. Depende de que exista una ciudadanía capaz de leerla críticamente. De contrastar. De dudar cuando sea necesario. De no confundir repetición con verdad.

Porque si la información deja de ser un camino hacia la comprensión y se convierte en una herramienta de poder, la libertad de prensa, por sí sola, deja de ser suficiente. Y entonces la pregunta ya no es si tenemos medios. La pregunta es más incómoda:

¿Tenemos realmente una conversación pública basada en la verdad…
o, ¿esa conversación pública se funda en narrativas que favorecen a quienes siempre han tenido el poder de contarlas?