Primero EAN que Semana.

Paseaba a mi perrita por la 11 con 78 bajo una luz especial de las diez de la mañana en diciembre. Bogotá, después de la Navidad, parecía recién lavada: cielo azul, gente lenta, ciudad en pausa. Y entonces aparecieron, una detrás de la otra, como si alguien hubiera armado la escena con intención.

Primero, una universidad: la Universidad EAN.
Después, una revista: Revista Semana.

El orden importa. Mucho.

La EAN no promete salvar el país. No grita. No adoctrina. Enseña.
Forma jóvenes que conviven con el barrio, con la ciudad real, con la complejidad del mundo. Allí la verdad no se impone: se descubre, se discute, se prueba. No es una verdad cómoda. Es una verdad que exige pensar.

Ahí no hay dogma. Hay método. No hay consigna. Hay criterio.

Y esa verdad —lenta, imperfecta, revisable— es la única que termina impregnándose de verdad en la cultura de un país.

Luego viene la revista.

Una revista de derecha que no tiene problema en asumirse como tal. Hasta ahí, legítimo. El problema comienza cuando informar deja de ser el centro y pasa a ser un medio para otra cosa: intereses económicos, reputación, poder político. Cuando el periodismo deja de incomodar al poder y empieza a administrarlo.

El capital en los medios no es neutral. Nunca lo ha sido.

El capital en los medios es amarre político. Es interés disfrazado de objetividad.
Es reputación cuidada. Es la voz —más o menos maquillada— de un partido político hablando en nombre del país.

Todo dentro de la ley, claro.
Pero no todo lo legal es ético.
Y no todo lo publicado es información.

Lo verdaderamente inquietante no es que existan medios así.
Lo inquietante es que la gente los compra.

Compra la revista. Compra el titular. La suscripción. Compra la indignación dirigida.
Compra el miedo bien empacado. Compra opinión creyendo que es información.

Un país no se debilita solo por malos medios.
Se debilita cuando sus ciudadanos no distinguen entre periodismo y propaganda.

Por eso la EAN va primero que Semana.
No por ideología. Por sentido histórico.

Porque cuando los medios —de derecha o de izquierda— están copados por militancias y, sobre todo, por los grandes grupos económicos, la educación se convierte en el último contrapeso real de una democracia.

La educación no compite con los medios: los supera.
Porque mientras un medio intenta convencer, la educación enseña a pensar.

Un país sin pensamiento crítico es un país gobernado por titulares.
Un país sin debate es un país dócil. Un país que no enseña a contrastar ideas termina obedeciendo relatos.

Los jóvenes no están “aprendiendo para algún día”.
Están decidiendo ahora.

Son los jóvenes quienes decidirán qué país vale la pena narrar, a quién creerle, y a quién dejar de comprarle el miedo.

Y a nosotros nos queda una responsabilidad incómoda, pero ineludible:
aprender a liderarlos sin domesticarlos. Una idea suelta para rematar. Necesitamos estudiar y descubrir el tipo de liderazgo que más conecta con los jóvenes. Necesitamos buenos, jóvenes líderes de todos los rincones de la nación, de todos los estratos y orígenes económicos, para que saquen adelante este país, con una verdad construida por ellos mismos. 

Porque el futuro no se informa.
El futuro se piensa.

La moral Lafaurie Cabal es digna de estudio para entender la idiosincrasia colombiana.

I.

La historia comienza, como tantas buenas farsas políticas, con una lección moral.

“Los subsidios hacen a la gente perezosa”, se nos ha explicado con paciencia pedagógica desde tribunas, micrófonos y redes sociales por el uribismo mismo. ¿Remember AIS? El Estado, al parecer, es un mal hábito… salvo cuando es útil.

Así, el joven abogado Juan José Lafaurie Cabal, fogoso crítico del asistencialismo, decidió protagonizar un interesante ejercicio académico:
denunciar los subsidios en público y estudiarlos bien aplicadito en privado.

El experimento incluyó un crédito de 400 millones de pesos de Finagro, elegantemente acompañado por un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) —esa figura tan perezosa—, diseñado precisamente para pequeños productores. Todo muy técnico. Muy legal. Muy… conveniente.

Para mayor tranquilidad institucional, el crédito contó con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) en un 80 %. Es decir: si algo salía mal, el Estado respondía. Nada fomenta más el espíritu emprendedor que saber que papá paga si el negocio no cuaja.

El acceso a estos beneficios requirió un gesto de humildad administrativa:
declararse “pequeño productor”.
Una categoría flexible, como la conciencia ideológica, cuando se la mira desde el formulario correcto.

Todo esto ocurrió mientras José Félix Lafaurie, patriarca de la familia, ocupaba —desde hace más de 16 años— un asiento en la Junta Directiva de Finagro, el máximo órgano rector de la entidad. Él aclara que no informó del asunto porque, técnicamente, no era su responsabilidad. Y en política, lo que no es responsabilidad directa, suele evaporarse como el té mal servido.

Los recursos, por supuesto, no flotaban en el aire. Estaban destinados a un proyecto de palma de aceite en una finca vinculada a la sociedad familiar Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., cuyos socios incluyen, casualmente, a la senadora y a sus hijos. La empresa familiar: ese noble invento que permite que el mérito se herede sin hacer ruido.

La contradicción, ya para este punto, era tan evidente que decidió llamar la atención de la Contraloría General, que anunció una visita de auditoría. Nada grave: solo el Estado revisándose a sí mismo después de haberse prestado dinero con una sonrisa.

Ante el revuelo, el patriarca salió a explicar que no había privilegios, sino política pública. Una distinción sutil pero crucial:
cuando otros reciben subsidios, es populismo;
cuando los recibe la familia, es diseño institucional.

El debate escaló. Periodistas, columnas, entrevistas, acusaciones de sesgo. La retahila del uribismo ya conocida que se encarga de desprestigiar y asociar a Coronell con las mafias, siempre que les pisa los talones y se les adelanta con una investigación contundente, contra lo cual, suelen también apelar al "odio que Daniel le tiene a nuestro Uribe". La vieja estrategia: si los hechos incomodan, se diestruye al mensajero. Al mejor estilo del patriarca mayor. Todo dentro del libreto de la derecha de mi país. 

Y como si la política tuviera un sentido del humor particularmente británico, ese mismo día, y a contrario sensu de lo que indicaban las encuestas, el partido decidió despejar cualquier suspenso democrático:

Paloma Valencia fue ungida candidata presidencial por el jefe supremo.

Una decisión vertical.
Rápida.
Elegante en su contundencia.

Las dudas no tardaron. Surgieron incluso dentro del partido, empezando por la contendora directa, que hasta esa mañana se movía con la confianza de quien se sabe la mejor gallina del corral, convencida de que el puesto era cuestión de trámite.

Pero la política, como ciertas tradiciones familiares, no siempre se rige por concursos abiertos. A veces funciona más como herencia: se reparte en la sala, entre conocidos, con la naturalidad de quien lleva años usando la casa.

Nada ilegal, insistirán.
Nada personal, dirán.
Solo una cadena de hechos perfectamente explicables… por separado.

El problema es cuando se leen juntos.

Porque entonces el chiste se cuenta solo.
Y el público ríe.
No porque sea gracioso.
Sino porque ya entendió.

Y pasó por ahí el bobo despistado diciendo al aire que esa candidatura la acabó el muchachito Cabal... , eso dicen.

Fuego familiar, dirán otros. 

Es un patrón y es linaje, digo yo. 

II.

El libreto, visto en conjunto, empieza a parecer menos una anécdota aislada y más una obra en varios actos, escrita durante años.

Ya vimos el primero:
el joven tribuno anti-subsidios que descubre, con admirable flexibilidad intelectual, que los subsidios no son tan malos cuando llegan con nombre propio, respaldo estatal y finca familiar incluida.

Luego aparece el segundo acto, más doméstico, pero no menos ilustrativo.

Porque esta no es la primera vez que el apellido protagoniza escenas incómodas. En el reparto también está la hija repostera, convertida por unos días en fenómeno de redes, cuando una iniciativa empresarial —tan loable como cualquier otra— terminó acompañada de preguntas incómodas sobre condiciones laborales, privilegios y el uso de recursos asociados a esquemas de seguridad del Estado. Todo muy emprendedor. Todo muy… polémico.

Nada ilegal probado.
Pero tampoco exactamente edificante.

El tercer acto lo ocupa el patriarca. José Félix Lafaurie, personaje omnipresente en la política ganadera colombiana, con una larga trayectoria orbitando el Estado: juntas, gremios, cargos, interlocuciones privilegiadas. Siempre cerca del poder, siempre defendiendo que lo suyo no es privilegio sino gestión, no es renta sino representación. Una distinción semántica que, como el subsidio bien explicado, depende mucho de quién la escuche.

A esto se suman episodios que no necesitan sentencia para incomodar:
defensas públicas de comportamientos privados difíciles de justificar,
silencios selectivos,
y una concepción de la autoridad donde la responsabilidad moral suele diluirse en tecnicismos.

Y, por supuesto, está el telón de fondo permanente:
las controversias de la senadora María Fernanda Cabal, figura central de la confrontación política, asociada recurrentemente a debates por intereses de clase, posturas inflexibles frente a reformas tributarias —como la resistencia a gravar alimentos procesados— y señalamientos políticos que, aun sin condena judicial, han erosionado su reputación pública.

Tal vez —y esto hay que concederlo— un juez determine que todo se hizo dentro de la ley. Es perfectamente posible.
En Colombia, lo legal y lo legítimo rara vez viajan juntos.

Pero incluso en ese escenario, la duda persiste. No jurídica. Moral.

Porque cuando los subsidios se condenan pero se usan,
cuando el Estado se denuncia pero se aprovecha, cuando los privilegios se heredan con naturalidad, y cuando las polémicas se acumulan casi nunca por buenas noticias, lo que emerge no es un error aislado.

Es un estilo. Un estilo que hasta se manifiesta en los escándalos sociales como es que su hijo rompa a puños a un compañero y lo deje tendido y en el hospital 35 días. 

Una estirpe política donde el bien público se trata con familiaridad,
como si fuera parte del mobiliario.

Y aquí la sátira ya no necesita exagerar.

Porque cuando una familia aparece una y otra vez en el centro del escándalo —no por crear valor, sino por administrar ventajas—, el problema deja de ser el último episodio.

El problema es el patrón. El linaje.

Y el público, que podrá discrepar ideológicamente, no es ingenuo.

Puede que no condene.
Pero recuerda.

La herida que no cierra: la cultura paraca que se nos volvió paisaje

Conocí a una linda mujer de Ocaña hace años, recién llegada a Bogotá a trabajar. Me hablaba bajito, como quien todavía teme que las paredes tengan oídos. Se notaba que venía de vivir con miedo. Contaba cosas que a veces este país prefiere olvidar: muchachos asesinados por andar tarde en la calle, señalados de “marihuaneros” por cualquier vigilante armado del turno; mujeres marcadas, literalmente marcadas, para ser “escogidas” por el jefe de la zona. No es ficción. Eso viene pasando en todo nuestro territorio hace un tiempo, y es aún peor que como lo cuento. Es Colombia escrita con sangre fina.

Aquí todos conocemos esa cultura de la fuerza bruta: la del “usted no sabe quién soy yo”, la de las venias al uniforme, la del político regional que reparte puestos, terrenos y permisos porque tiene a los “muchachos” de su lado. "El Duro" de la región. El que conquistó poder económico por medios ilícitos que dejan de importar. El hombre tiene poder y plata.. Esa cultura no nació de la nada. Se incubó con el paramilitarismo, se alimentó de miedo y de silencios, y terminó filtrándose como humedad en las grietas de los pueblos, las ciudades y hasta la política nacional.

El paramilitarismo no solo dejó muertos, masacres, desplazamientos. Dejó una forma de pensar: la idea de que el pensamiento contrario es un enemigo al que hay que desaparecer; que la izquierda es sinónimo de guerrilla; que el debate es una amenaza; que escuchar al otro es perder autoridad. Ese guion, reciclado hasta hoy por ciertos personajes que aspiran a la presidencia —como los de La Espriellas o las Vicky Dávilas—, convierte cualquier idea progresista en un riesgo para la patria. El truco es viejo: si no puedes rebatir al otro, mételo en el mismo saco del enemigo y muéstralo como alguien a quien hay que temerle. Generar temor del contradictor ha sido la mejor forma de sacarlo del camino. Como pasó con la masacre de la UP que aún personas como la Cabal niegan a pesar de sentencias judiciales.

En ese clima, la diversidad no es riqueza: es delito. Ser gay, trans, diferente de cualquier modo… es motivo suficiente para ser golpeado, expulsado o asesinado. La moral del fusil siempre cree que tiene razón.

Y aquí viene lo incómodo (lo que muchos fingen no haber visto): ese modelo de poder se consolidó cuando un partido político —el de aquel gobierno de la reelección fraudulenta, cosa rara— decidió aliarse con los paramilitares para “ordenar” las regiones. No es mi opinión, son decenas de sentencias judiciales que demuestran que el poder del partido de gobierno fue impuesto por la fuerza en las regiones. No fue ingenuidad. No fue torpeza. Fue cálculo. Y ese cálculo terminó corrompiendo Fuerzas Militares, alcaldías, gobernaciones, notarías, registradurías… todo. Y eso está ahí, sembrado en la cultura política de regiones como Antioquia, Cesar, Córdoba y tantos otros lugares. La institucionalidad quedó atravesada por la lógica del que manda porque puede, y del que obedece porque teme. Y si eso pasó hace 2 décadas, el flagelo persiste hoy con diferentes derivaciones. La mafia en la política es un hecho que nadie puede controvertir. Es un legado de aquel gobierno tan democrático que algunos aún añoran. Y si a alguno le cuesta creerlo, recordemos al concejal con su bate de baseball que recientemente amenazaba la protesta social, con miles de personas que avalaban sus maneras y método. 

Muchos no quieren aceptar esa responsabilidad política. Otros prefieren maquillarla como “estrategias de seguridad”. Pero los hechos son tozudos: con tal de acabar la guerrilla, terminaron legitimando una mafia armada que hizo de la crueldad su doctrina.

Por eso hay que sacudirnos esa cultura paraca que todavía respira en tantas esquinas. No va a ser recitando discursos ni firmando pactos simbólicos. Se hace de otra forma: validando al que piensa distinto, escuchando al otro sin convertirlo en enemigo, defendiendo la vida del que no se parece a nosotros, y devolviéndole a la política su tarea más elemental: resolver conflictos sin matar gente. Defendiendo a la izquierda, o a la derecha legítimas, así seamos del ala contraria.

Puede sonar ingenuo. Pero es exactamente lo contrario: es lo único verdaderamente revolucionario que nos queda. Volver a creer en la convivencia, en la diferencia, en el argumento, en la dignidad humana. Porque solo así este país puede sanar la herida que no quiere cerrar.

Luis Carlos Jacobsen

23.11.25

Esa derecha radical de mi país.

Esa derecha radical de mi país…

Esa colectividad que todo lo ha hecho tan bien en su historia y que inclusive es capaz de contar con la atención de mucho incauto que se suma a las críticas a Petro gracias a la narrativa de la prensa nacional en televisión y escrita, que no brilla por su objetividad y mesura.

Veamos...

Esa derecha que antes de que Petro se posesionara ya narraba el fin del mundo con devoción casi religiosa. Traían ya todo escrito: "país fallido, fuga de capitales, inflación galopante, hambruna, empresas quebradas, caos social, turismo evaporado, dólar en ocho mil y, por supuesto, la conversión inmediata a Venezuela en seis meses." Así lo afirmaban, sin cifras, ni datos, augurando el peor futuro para Colombia. Y de tanto oírlo, eso cala en cualquier incauto. 

Un apocalipsis tan elaborado que casi merecía derechos de autor.

No soy hincha ciego de este gobierno. Tiene errores garrafales. Hechos de corrupción inaceptables.  La seguridad se deterioró, el manejo de la paz negociada arrancó desordenado y sin método riguroso, y varios proyectos quedaron en promesa.

Pero hay una distancia abismal entre reconocer errores… y sostener el libreto del desastre que cierto sector de derecha recitó con tanta convicción y tan poca evidencia. Y que repito, tantos incautos repiten con fervor.

Porque cuando uno confronta los anuncios con la realidad, el guion no cuadra por ningún lado.

La realidad que arruinó este gobierno

El dólar viene en bajada y está hoy, 22.11.25 a 3.741, no los 8.000 que juraban los profetas del mercado. La inflación bajó al 5 % y el desempleo al 8,2 %, el nivel más bajo desde 2018. La economía crece en promedio alrededor del 2,4 %. Sin embargo, anunciaba ayer el DANE que en el último trimestre nuestra economía crece al 3.6%. (!)

El salario mínimo subió y, contrario a la narrativa del terror y la exageración, no generó espiral inflacionaria. Esto con inflación controlada es más plata en el bolsillo para la gente común. Y eso es muy bueno para el país y su consumo.

Y lo más doloroso para quienes anunciaban “quiebras masivas”:
Las grandes empresas del país reportaron utilidades que harían sonrojar a cualquier predicador del colapso, trayendo cifras de su propios reportes:

– Ecopetrol: 14,9 billones
– Grupo Sura: 5,3 billones
– Cenit: 5,3 billones
– EPM: 4,8 billones
– ISA: 2,8 billones
– Argos: 2,5 billones
– GEB: 2,4 billones
– Bavaria: 2,3 billones
– Emgesa: 2,2 billones

Más de 50 billones en utilidades combinadas.
Para ser un país “al borde del colapso”, la quiebra nos salió bien rara.

El campo que según la derecha no sobreviviría

El sector agropecuario creció 10,2 %, su mejor cifra en seis años.
Los fertilizantes bajaron tras la crisis global. Subsectores como papa, arroz, maíz y palma crecieron entre 5 y 15 %. El ingreso campesino mejoró, acorde con diversas fuentes.

Y mientras aseguraban que “no habría alimentos”, que no tendríamos qué comer (!!!) la realidad iba en dirección opuesta:

– Las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas crecieron 14 % en 2024, alcanzando USD 11.491,8 millones (Analdex).
Las exportaciones de alimentos crecieron 14 % en 2024, justo cuando se anunciaba que el país se quedaría sin campo.

Otras cifras

– Las exportaciones no minero-energéticas alcanzaron USD 21.999 millones en 2024 (+7,7 %) (MinComercio).
Un síntoma claro de diversificación y resiliencia.

– La inversión extranjera directa (IED) aumentó 22 % en el segundo trimestre de 2024 (+US$621 millones) frente al mismo trimestre del año anterior (Banco de la República).
Algunos “profetas del retiro de capitales” deberían revisarlo.

Todo eso mientras el relato opositor insistía en que nadie invertiría un peso aquí.

Tierras y ferrocarril: dos hechos que rompen el libreto del colapso

Más de un millón de hectáreas fueron formalizadas, restituidas o adjudicadas.
No es la revolución agraria total, pero sí una corrección histórica significativa. Y bastantes tierras que sí le quitaron a poseedores a quienes anteriores gobiernos de derecha se las habían adjudicado. (SAE)

Y el ferrocarril —ese fantasma del pasado que supuestamente “jamás volvería”— tuvo un renacer impensado:

– 245 km operativos entre Chiriguaná–Santa Marta
– 522 km rehabilitados entre La Dorada–Chiriguaná
– 498 km en recuperación en la red férrea del Pacífico

No es un milagro japonés… pero tampoco el cementerio férreo que heredamos. Es movimiento de carga a fletes más baratos. 

Turismo y seguridad: otra brecha entre pobres augurios y la realidad

Mientras aseguraban que “nadie volvería a pisar Colombia”:
– Llegaron 6,7 millones de visitantes no residentes en 2024. Y vamos en casi 6 millones este año
– 40 millones de pasajeros pasaron por El Dorado, rompiendo su récord histórico. Colombia está de moda. La imagen del país está lejos de ser una imagen negativa. 

En seguridad, 2023 alcanzó más de 700 toneladas de cocaína incautadas, 889 en 2024 y este año vamos en más de 600, una cifra histórica. (Mindefensa) 

Pero lamentablemente no podemos dar un debate equilibrado sobre la demanda de cocaína que se origina principalmente los EEUU, la cual propicia su producción. País que a su vez, y paradójicamente, es el que certifica nuestro compromiso de lucha contra las drogas sin ser el que sufre los muertos y la corrupción política.

Nada puede sugerir un país abandonado a su suerte.
Mucho menos “entregado”. Tampoco somos un estado fallido. Vivimos las consecuencias de las luchas infructuosas por alcanzar la paz, y las legítimas contradicciones que representa esta idea, que hacen que esta no se logre consolidar, ni por la vía armada, ni por la vía negociada. 

Postura frente a Trump: una coherencia selectiva

La derecha radical adoptó hacia Trump una postura más emocional que estratégica. No es afinidad geopolítica. No es visión hemisférica. No es doctrina. Es simple aversión a Petro.

Trump insultó a Colombia, llamó “veneno” a lo que exportamos como si la cocaína fuera un producto promovido por nuestro estado, promovió endurecer visas para colombianos y responsabilizó unilateralmente al país de la crisis de drogas en EE.UU.
Aun así, ese sector lo aplaude con devoción y le celebra cada insulto y cada desplante al jefe de nuestro gobierno. Y además es bien triste: no les cabe una sola crítica a los procedimientos ilegales de asesinato de gente en el mar bajo la presunción de ser narcotraficantes. 

No lo hacen por Colombia. Lo hacen por rabia hacia Petro. Y eso revela una incoherencia profunda: prefieren defender al que desprecia al país, si con ello golpean al presidente que detestan.

Postura frente a Israel: el alineamiento sin matices

Apoyar a Israel es legítimo. Si ello es lo que les nace.
El problema es hacerlo sin un solo matiz:

– sin reconocer el sufrimiento civil palestino, sin advertir usurpación de tierras en los territorios ocupados.
– sin cuestionar excesos militares,
– sin atender advertencias de organismos internacionales,
– descalificando toda crítica como antisemitismo.

La postura del gobierno colombiano fue crítica —no hostil— ante hechos que también denunciaron ONU, Amnistía Internacional, HRW y múltiples cortes internacionales.

Pero la derecha radical, y sus incautos amigos, prefiere simplificar: si Petro critica una acción militar, entonces está “del lado equivocado”. Una lectura pobre para un conflicto tan complejo en el que a todas luces salta la ilegalidad y el abuso de poder.

El papel de la prensa tradicional

La prensa tradicional, casi toda en manos de conglomerados privados con intereses muy definidos, amplifica esa narrativa de desastre. No miente del todo… pero cuenta solo la parte que le conviene. Nunca la historia completa. Y esa selección también es manipulación. Los colombianos en general, no estamos bien informados. Las grandes personalidades del periodismo profesan un bando y sesgan su opinión hacia su lado sin pudor. Y eso da rienda suelta a que aparezca la "verdad" de las redes sociales, la de los influencers, porque la prensa tradicional no ejerce ese rol vital para la democracia. 

Afirmaciones falsas de la derecha radical y sus realidades

❌ “Petro va a convertir a Colombia en Venezuela en seis meses.”
✔️ Nada parecido ocurrió.

❌ “El dólar se va a ocho mil apenas gane.”
✔️ El dólar ronda los 3.800

❌ “La inversión extranjera se va a ir toda.”
✔️ Se mantuvo en USD 17.000 millones y creció 22 % en 2024-Q2.

❌ “Las empresas van a quebrarse.”
✔️ Utilidades combinadas de más de 50 billones.

❌ “El campo va a desaparecer.”
✔️ Creció 10,2 % y aumentaron exportaciones.

❌ “La paz total es entregar el país al ELN.”
✔️ Lejos de una entrega, vivimos graves dificultades también experimentadas en el pasado. Y vale la pena recordar que la reducción sustancial de la violencia y la mejoría de la seguridad en los años posteriores al acuerdo de paz, se volvió a deteriorar luego de que medio país votara por "hacer trizas los acuerdos", que fue en lo que se empeñaron, pero eso sí criticando sin cuartel lo que vivimos hoy.

❌ “Colombia se va a quedar sin empleo.”
✔️ 8,2 %: el nivel más bajo desde 2018.

❌ “El turismo va a desplomarse”.
✔️ 6,7 millones de visitantes en 2024.

❌ “El país está aislado internacionalmente.”
✔️ Liderazgo visible en APEC, CELAC, ONU.

Este gobierno pudo ser mejor. Eso no tiene dudas.
Mucho mejor. Cometió errores, retrocesos y torpezas.
Pero nada —absolutamente nada— se pareció al apocalipsis que la derecha radical anunciaba con tanta rabia y tan poca evidencia. Y nada tampoco nos acerca a poder afirmar que este "es un desastre de gobierno que tiene como gobernante a un narcotraficante."

Este gobierno puede ser para muchos lo que quieran. Pero es un gobierno que respetó los DDHH, respetó la protesta social, y fue mucho más cuidadoso en sus acciones contra los alzados en armas. Sin embargo, hay quienes añoran la "mano dura" de antaño, a pesar de que hubo gobiernos que ampararon asesinatos de jóvenes inocentes para pasarlos como combatientes, y logró el récord de funcionarios cercanos al presidente condenados por gravísimos delitos. Mi país muchas veces pierde la memoria. 

Para la derecha radical, y sus amigos incautos, la realidad vivida en este gobierno, para su desgracia, les salió mejor que su discurso. Y me parece más bien que los carcome el odio contra Petro, y lo tildan de guerrillero, y desconocen de forma campante un proceso de desmovilización de la guerrilla del M19 cuyo ponente fue el mismo Uribe Velez. Paradójicamente dicen que es Petro quien odia Colombia, odia a las empresas, y odia a los ricos. Nada más falso, a mi juicio. 

Por esa razón, cuidémonos de discursos apocalípticos en épocas de elecciones. Están diseñados para exaltar ánimos en época electoral, generar temor, y mover el voto. Ocupémonos de ver hojas de vida, programas y propuestas audaces para que nuestro país avance. Y elijamos libremente al mejor para cada quién, basados en hechos y datos. 

Luis Carlos Jacobsen

22.11.2025

La verdad incómoda del Palacio de Justicia

        Créditos al Archivo fotográfico de El Espectador 

El 6 y 7 de noviembre de 1985 no fueron solo una tragedia: fueron un espejo perverso que todavía nos devuelve un reflejo que preferimos no mirar. El M-19 convirtió el corazón de la justicia en rehén. Y el Estado, en su supuesta misión de rescate, lo redujo a ruinas. La toma fue un crimen. La retoma, otro distinto, más amplio y más imperdonable, porque provino de quien tenía la obligación institucional —y ética— de proteger la vida. Ese es el punto que este país aún se resiste a entender.

La condena al M-19 no admite matices. Fue un acto criminal en toda regla: secuestro masivo, homicidio, uso de explosivos dentro de una sede judicial y sometimiento de cientos de personas al terror. Nadie sensato va a romantizar un ataque armado contra el Estado y contra civiles. La operación guerrillera violó la democracia, la vida y el principio más básico de convivencia: no convertir al otro en botín. Ese es un hecho y no merece ninguna relativización.

Pero aquí es donde la discusión suele enturbiarse. La responsabilidad del Estado, en cambio, es distinta y más pesada. No porque el uniformado valga más o menos que el insurgente, sino porque el Estado no es un actor más en el tablero: es quien debe custodiar la vida, incluso la del criminal. Y en el Palacio, el Estado falló de manera flagrante. Usó tanques contra pisos donde había rehenes, ignoró las súplicas del presidente de la Corte Suprema, permitió desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Lo hizo con poder legal, con estructura institucional y con una cadena de mando que decidió actuar como si el enemigo fuera la vida misma.

No lo digo yo: lo dicen las sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema y, sobre todo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Colombia por desapariciones, torturas y ejecución de civiles bajo custodia militar. Cuando un grupo insurgente comete atrocidades, traiciona la ley. Cuando lo hace el Estado, traiciona su razón de ser. Y eso no se puede maquillar con palabras como “exceso”, “confusión” o “operación compleja”. La desaparición forzada nunca es un “exceso”: es un crimen de lesa humanidad.

Las desapariciones son la zona más oscura del Palacio. Once personas —empleados de la cafetería, visitantes y una guerrillera— salieron vivas del edificio. Vivas. Registradas. Con nombre propio. Después fueron conducidas bajo custodia militar. Y luego… nada. Silencio. Olvido deliberado. Años de versiones contradictorias, de cuerpos mal identificados, de expedientes empantanados. Todo un aparato institucional trabajando más duro para encubrir que para esclarecer. Eso es lo que hace insoportable este capítulo de nuestra historia: no solo lo que pasó en la retoma, sino todo lo que se hizo para que no pudiéramos nombrarlo.

Créditos al Archivo fotográfico de las 2 Orillas

Por eso hay que decirlo sin rodeos: es inaceptable que un Estado —nuestro Estado— haya cometido actos criminales de la misma naturaleza que un grupo insurgente. Pero aún más grave: lo hizo desde el uniforme, desde la autoridad legal, desde el deber de proteger. El uniforme no puede ser un escudo para la barbarie. Si permitimos eso, si lo justificamos o lo relativizamos, erosionamos la democracia desde adentro.

Cada tanto reaparece un argumento particularmente torpe: “¿Por qué unos militares están presos y los del M-19 quedaron libres?”. La respuesta es sencilla, pero exige pensamiento crítico. Los guerrilleros fueron amnistiados por un proceso de paz legal, validado por el Estado, con el propósito explícito de reducir la guerra y evitar más muertes. Una amnistía no es absolución moral: es un mecanismo jurídico para cerrar un conflicto. Y quienes se acogieron debieron reconocer su responsabilidad, no desfilar ondeando banderas como si hubieran ganado algo distinto a la posibilidad de reincorporarse.

Los militares condenados, en cambio, no están presos por “defender al país”. Están presos por torturar, desaparecer y asesinar ciudadanos usando el poder del país. No cayeron por cumplir el deber, sino por traicionarlo. Hay una diferencia moral y jurídica gigantesca entre “combatir una guerrilla” y desaparecer a un civil desarmado que salió con vida del Palacio. Pretender meter esas dos cosas en el mismo costal es un insulto a la inteligencia y a la decencia.

Lo más doloroso es el silencio cómplice que hemos arrastrado por décadas. Ese gesto colectivo de mirar hacia otro lado. De repetir que “así era la guerra” o que “algo habrán hecho”. El Estado no puede operar bajo esa lógica. Una guerrilla puede pedir amnistía; el Estado no puede desaparecer ciudadanos. Una insurgencia puede violar la ley; el Estado no puede violar la Constitución a nombre de la ley.

Esta columna no absuelve a nadie. Reconoce las responsabilidades de ambos actores, pero las distingue, porque el país necesita madurez para diferenciar entre quien actúa al margen de la ley y quien actúa en su nombre. La ciudadanía puede perdonar; el Estado no puede torturar. La guerrilla puede reincorporarse; el Estado no puede borrar personas de los registros.

El Palacio de Justicia sigue ardiendo en nuestra memoria. Arde no porque queramos vivir encadenados al pasado, sino porque ese incendio nos recuerda la primera obligación de un Estado decente: proteger la vida, incluso en medio del terror. Cuando el Estado falla ahí, no es un “error”: es un quiebre moral.

Si este país quiere sanar, necesita decir la verdad sin temblar: la guerrilla atacó la justicia; el Estado la traicionó.

Y esa diferencia lo es todo.

Citas y fuentes clave 

“La insurgencia convirtió la justicia en rehén; el Estado, que debía rescatarla, la hizo desaparecer.” Sustenta con Corte IDH + CSJ + CE. corteidh.or.cr+1

“El Palacio no ardió solo por el M-19; ardió también por tanques que dispararon donde había rehenes y por cadenas de mando que prefirieron el arrase a la vida.” Rama Judicial

“Cuando el Estado desaparece a sus ciudadanos, deja de ser Estado de derecho: es crimen de lesa humanidad, no ‘excesos’.” (núcleo de la sentencia Corte IDH). corteidh.or.cr

• Rama Judicial – “Memoria Viva” (micrositio oficial): cronología, número de víctimas, lista de desaparecidos, síntesis de fallos (CSJ/CE). Rama Judicial

• Corte IDH, caso “Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia”, 14/11/2014: sentencia de fondo (desaparición, tortura, ejecuciones). corteidh.or.cr

• CNMH – Especial 30 años: contexto, hallazgos y avance (incluye identificación de restos y estado de investigaciones). Centro Nacional de Memoria Histórica

• CSJ, AP6599-2024 (trámite de revisión) y antecedentes SP3956-2019 (casación Arias Cabrales). archivodigitalapi.cortesuprema.gov.co+1

• Wikipedia (uso de contraste rápido, no como fuente principal): síntesis de cifras y secuencia; siempre cruza con fuentes primarias. Wikipedia

Pensar desde el Centro: una apuesta para navegar la complejidad cuando todo te dice que es más fácil gritar

                       Una bandera tricolor en la que todos los colores son naranja.

Vivimos tiempos de ruido. Tiempos en los que el volumen con el que se grita una idea parece más importante que la idea misma. Tiempos donde lo que se espera de ti no es que pienses, sino que escojas bando. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Eres de los buenos o de los malos? ¿Te indigna esto o lo otro?

En medio de ese coro polarizado, yo me atrevo a decir algo incómodo: quiero pensar desde el centro. No como zona tibia ni como lugar de la indiferencia —esa caricatura que con gusto nos lanzan desde los extremos—, sino como un espacio de responsabilidad ética, de convivencia real, de pensamiento crítico que no le teme a la ambigüedad ni a los dilemas.

La derecha radical: libertad para unos pocos

La derecha radical se llena la boca de palabras democráticas: libertad, institucionalidad, legalidad. Pero cuando se trata de mantener a su caudillo en el poder, no repara en reformar fraudulentamente la constitución para lograrlo, sin que ello les parezca medianamente malo. La defensa del Estado de Derecho termina siendo selectiva. Pide meritocracia, pero ignora las brechas. Defiende la propiedad privada, pero desprecia el deber social que esa propiedad implica. Pero eso sí, nos advierten hasta el cansancio los riesgos de que el contrario se perpetúen en el poder. "Es que si fue el nuestro, ¿qué problema hay?"

Y su narrativa está siempre marcada por el miedo: el miedo al comunismo, a la invasión ideológica, al castrochavismo, al Estado que “todo lo da y todo lo daña”. Se nos vende la idea de que lo público es ineficiente por naturaleza y que el mercado es el único camino. Pero lo que vemos en la práctica es concentración de la riqueza, desprotección laboral, precarización del acceso a la salud y la educación. 

La izquierda radical: justicia sin autocrítica

La izquierda radical, por su parte, denuncia con razón la corrupción de gobiernos de derecha. Pero es hábil para tapar la propia. Es capaz de exigir respeto por los derechos humanos —y debe hacerlo—, pero calla o justifica cuando los atropellos vienen “de su lado”. Lo que uno critica del otro, es, muchas veces, un reflejo fiel de sí mismo.

Desde esa orilla, el disenso interno se convierte en traición, el empresario es enemigo natural, y la clase media es vista con sospecha. El discurso se vuelve excluyente, incluso agresivo, hacia quien piensa distinto. Lo que comienza como una lucha por la equidad, termina en un dogma que no admite matices.

¿Y los del medio, qué?

No todos pensamos desde los extremos. Muchos somos moderados. O quisiéramos serlo. De centro. Inclinados en algunas ocasiones hacia un lado o el otro, según el tema, pero conscientes de que la realidad es más compleja que una consigna.

Nos acusan de tibios por no asumir posturas tajantes. Pero ¿acaso no es más difícil sostener la mesura en medio de tanto grito? ¿No se requiere más carácter para contemplar más de una posibilidad? ¿No hay más valentía en sostener el equilibrio que en dejarse arrastrar por la fuerza de una bandera?

Desde el centro se ve con claridad que el mundo está lleno de zonas grises. Que no todo lo que defiende la derecha es egoísmo, ni todo lo que propone la izquierda es subversión. Se puede ser defensor radical de la reforma agraria sin ser enemigo de la propiedad privada. Se puede apoyar al empresariado y al mismo tiempo exigir mejores condiciones para los trabajadores. Se puede condenar el terrorismo de Hamas sin dejar de denunciar la brutalidad de la respuesta israelí. Se debe ser pro Palestina si es que el humanismo importa, porque eso no es ser antisemita ni tampoco implica celebrar la barbarie de los extremistas. Podemos inclusive preguntarnos por la causa originaria de la resistencia palestina, y si en ella algo tiene que ver la colonización de judíos en los territorios ocupados. Se puede hacer el esfuerzo por ser justos, así ello signifique lo difícil que es valorar posturas de los 2 lados.  Se puede pensar con matices. Se debe.

El desprecio clasista de la protesta

Lo mismo ocurre con la protesta social. Si la marcha es multitudinaria, si participan jóvenes o personas humildes con su ropa habitual, si son indígenas, afrodescendientes o campesinos que gritan su dolor, se les tilda de vagos, de salvajes, de gente sin oficio. Se les acusa de bloquear el desarrollo, de generar caos, de ser “una indiamenta”. Y todo ese descontento social y esas frustraciones, muchas veces derivan en desmanes absurdos contra la propiedad pública que tanto lamentamos. 

Pero si la protesta es en silencio, vestidos de blanco, caminando en orden por la séptima, entonces es “civilizada”, “digna” y “legítima”. La doble moral se esconde mal tras la estética del privilegio. El juicio no se hace sobre las causas que se reclaman, sino sobre quién las reclama y desde dónde lo hace. Y así, una vez más, lo ideológico y lo clasista se entrelazan para dividirnos aún más. Y obvio, ¿por qué habría de destruir Transmilenio gente educada, con un techo, y bien alimentada desde niños? "Yo no marcho, yo produzco", deslegitimando las causas por las que se protesta y ahondando en superioridad moral o de clase que dividen.

Vivir bajo el dominio de los extremos

Es agobiante vivir en un país dominado por el pensamiento radical, sobre todo cuando uno no hace parte de esa lógica binaria. En un mundo polarizado, siendo más claros. Basta con opinar diferente para que te ubiquen en el bando contrario. Si estás con los palestinos, te dicen que apoyas a Hamas. Si condenas los crímenes de guerra israelíes, te acusan de antisemita. Sin importar si desde un inicio condenaste el terrorismo como base de tus argumentos. Si apoyas una política social, te llaman comunista. Si cuestionas al gobierno, eres vendido a la oligarquía.

Ese ambiente hace invivible la democracia. Porque el pensamiento radical no necesita argumentar: descalifica. No dialoga: impone. No resuelve dilemas: elige el camino fácil de negar al otro. Y así, la política se convierte en guerra cultural, en campo de batalla de trincheras ideológicas donde el que piensa distinto no es rival: es basura.

Y lo más grave: la radicalización crea alianzas impresentables. Porque cuando lo único que importa es defender una corriente, uno termina rodeado de personas más radicales que uno mismo, justificando lo injustificable solo para no darle la razón al “enemigo”.

El centro como lugar ético, incómodo y necesario

Pensar desde el centro no es no tomar partido. Es tomarlo con criterio. Es defender principios por encima de lealtades. Es preguntarse qué es lo mejor para el bien común, incluso si eso incomoda a la clase social a la que uno pertenece.

Desde el centro se reconoce que hay momentos en que el mercado es más eficiente, y otros en que el Estado debe intervenir con fuerza. Que hay avances que debemos al capitalismo, y otros que solo han sido posibles por luchas sociales de izquierda. Que la dignidad humana no es patrimonio de ningún partido, ni de una sola ideología.

Lo sé: el centro no tiene marketing. No genera trending topics. No cabe en un meme. Pero es el único lugar desde donde se puede dialogar sin odio, pensar con libertad y construir sin destruir.

Ojalá nos cansemos de las caricaturas. Ojalá nos demos permiso de habitar la complejidad. Ojalá entendamos que vivir juntos implica aceptar que el otro no va a desaparecer.

Y que eso, lejos de ser una tragedia, es nuestra mayor esperanza. La democracia demanda que acojamos al que piensa distinto, y y que le demos un lugar al contrario. Es solo eso. Un contendor político. No un enemigo, como lo estamos viendo diariamente. 

Estoy con Gaza. Estoy con los Palestinos. Y con ello no apoyo a Hamas

He condenado con claridad el acto terrorista de Hamas. Aun sin comprender completamente las raíces de esa resistencia armada, me queda claro que matar civiles no es el camino. Pero tampoco lo es arrasar un pueblo entero bajo la excusa del derecho a defenderse. Ese derecho ni es absoluto, ni puede ser desproporcionado. Los ciudadanos israelís deben regresar a salvo. Sin discusión.

Desde hace años he visto cómo se despoja a los palestinos de sus tierras. Cómo se destruyen sus casas, cómo colonos israelíes toman por la fuerza lo que no les pertenece. Lo que parece una operación militar, en el fondo es una política de expansión territorial. Lo que se presenta como defensa, tiene cara de ocupación.

No me trago el cuento de los escudos humanos. No me trago que “avisan antes de bombardear”. ¿A quién le avisan? ¿A las niñas de cinco años que mueren bajo los escombros? ¿A las madres que paren entre ruinas? ¿A los niños que ya no tienen escuela, ni casa, ni hermanos?

Veo una tragedia sin medida: miles de personas inocentes —mujeres, hombres, niños— masacradas por bombas israelíes. Y no logro entender cómo desde la derecha de mi país se puede justificar un derecho a defenderse que no conoce límites, que no respeta la vida, que no distingue entre un combatiente y una criatura.

Estoy convencido de que si Israel saliera de Gaza, si dejara en paz a los palestinos, el mundo entero se volcaría a exigir —y lograr— la liberación de todos los secuestrados. Yo mismo lo haría, sin cesar. Con presión diplomática, con solidaridad humana, con cada palabra posible. Pero ¿cómo pedir justicia mientras se comete una masacre?

Lo que parece estar pasando no es solo una guerra. Es un despojo. Es una apropiación brutal de la franja de Gaza. Lo dicen los propios políticos israelíes: “Nunca permitiremos un Estado Palestino”. Lo confirma la promoción de nuevos proyectos urbanísticos en terrenos arrasados. ¿Cómo se puede planear un centro comercial sobre una tierra bañada en sangre?

Y entonces surgen preguntas que duelen:

• ¿Cómo fue posible que el sistema de defensa más avanzado del mundo no detectara el ataque inicial?

• ¿Por qué hay testimonios que aseguran que parte de los kibbutz fueron alcanzados por fuego amigo?

• ¿Por qué se niegan tantas investigaciones independientes?

Para mí, hay algo claro: Israel no quiere compartir el territorio. Quiere todo. Lo que le dieron y lo que no. Lo que el derecho internacional reconoce como palestino, y lo que ya ha sido ocupado por la fuerza.

No escribo esto con odio. Lo escribo por humanidad. Conocí Israel a mis 18 años y amé ese país. Admiré su gente. No me aplica el cuento de ser antisemita porque rechazo la barbarie israelí. 

Porque ningún niño merece morir por el país en el que nació.

Porque ninguna madre debería tener que enterrar a sus hijos por la religión que profesa.

Porque ningún pueblo debería vivir eternamente bajo el yugo de otro.

Porque la dignidad no se negocia. Se defiende. Y hoy, defenderla es ponerse del lado de quienes no tienen ejército, ni radares, ni escudos, ni cúpulas de hierro. Solo el polvo, el llanto y la resistencia de estar vivos.

Estoy con Gaza. Estoy con los palestinos.

Y también estoy con los judíos que se atreven a alzar la voz contra esta locura.

Estoy con los seres humanos, de cualquier bandera, que todavía creen en la justicia, en la paz y en la igualdad.

La derecha de mi país está con Trump

Una radiografía sin anestesia del ciniamo político que permite a la derecha colombiana abrazar al autoritarismo, mientras predica democracia.

La derecha de mi país no duda: está con Trump. Sin matices. No importa lo que haga, diga o represente. Si Trump lo respalda, ellos también. Si lo aplaude la ultraderecha global, ellos también se sienten validados. Todo lo que huela a “antipetrista” es adoptado sin filtro, aunque venga del autoritarismo, del cinismo o de la ilegalidad más descarada.

Como Trump apoya sin vergüenza los bombardeos en Gaza, ellos hacen silencio o aplauden. Como Trump impuso la infame descertificación a Colombia desde su pedestal moral de supremacía hipócrita, ellos la celebraron como si fuera un reconocimiento. Aun cuando esa medida nos desangra, nos estigmatiza y exonera al mayor consumidor de droga del planeta de cualquier responsabilidad en nuestra tragedia.

La derecha de mi país ha demostrado que es capaz de aliarse con el diablo si eso le garantiza poder. Lo vimos en el pasado, cuando legitimaron un aparato paramilitar que sembró terror en las regiones y les puso congresistas y gobernadores. Lo vimos al final del gobierno de Uribe, cuando sus fotos oficiales parecían una convención de criminales. No se inmutaron. Callaron. Justificaron.

“No es amor a Trump. Es odio a todo lo que se atreva a parecer distinto.”

Y ahora, su nueva figura sagrada es Donald Trump.

Pero, ¿qué es exactamente lo que están aceptando, celebrando y justificando con esa devoción?

Aceptan, sin pestañear, que Trump ya fue condenado por 34 delitos graves. No es una acusación. Es una condena. Y eso, en cualquier otro personaje, los haría montar en cólera. Aquí, en cambio, callan o lo justifican.

Aceptan que Trump fue hallado responsable de abuso sexual por un tribunal civil. Que difamó públicamente a su víctima. Y que tuvo que pagar millones. ¿Y la moral? Bien, gracias.

Aceptan que intentó robarse una elección, presionando a funcionarios estatales, organizando electores falsos, y azuzando una turba violenta contra el Congreso de su propio país. Lo celebran como “estrategia”.

Aceptan que Trump desprecie la justicia, ataque jueces, amenace fiscales, y pretenda que la ley solo se aplique a sus enemigos. Esa misma justicia que ellos dicen defender.

Y aceptan —sin el más mínimo temblor— que respalde con entusiasmo un genocidio en Gaza, que minimice el sufrimiento de los civiles, que blinde diplomáticamente a quienes hoy cometen atrocidades.

Pero claro: como odia a la izquierda, como insulta a Petro, como promete “orden”, entonces lo siguen, lo excusan, lo veneran.

La derecha de mi país es muy buena para apuntar con el dedo. Pero nunca se mira al espejo.

Aceptaron sin chistar el aparato paramilitar que sembró terror en las regiones y puso congresistas a su favor. No se inmutaron al ver a Uribe, al final de su gobierno, rodeado de hampones, muchos ya condenados o investigados. Jamás se preguntaron qué pasó ahí. ¿Cómplices? ¿Indiferentes? ¿Ciegos voluntarios? O campantes sentenciaron que "eso fue parte de una persecución política."

Y, como Trump, son expertos en generalizar con veneno: si algo huele a izquierda, lo tachan de asesino. Si alguien disiente, es un guerrillero con disfraz. Si un periodista incomoda, es activista y enemigo.

                “Con tal de conquistar el poder, la derecha de mi país está dispuesta a pactar con lo                     delincuencial, callar frente al genocidio y aplaudir al abusador.”

Pero lo que más duele es su doble rasero.

Se rasgan las vestiduras por la "libertad" y "la democracia", pero disfrutan tener la prensa hegemónica de su lado. Esa prensa que silencia, descontextualiza, y les presta el micrófono para repetir mentiras como si fueran verdades. Nunca han querido un periodismo que funcione como contrapeso. Solo les interesa cuando sirve de espada.

Y así, sin rubor, se arrodillan ante Trump. Le celebran todo: sus delitos, sus discursos de odio, sus arbitrariedades, sus ataques a jueces, su desprecio por las reglas y su nostalgia imperial.

Se sienten fuertes al lado de un abusador, aunque eso signifique avalar lo mismo que alguna vez dijeron combatir. Todo lo que huela a poder sin límites, les seduce.

Por eso Trump les fascina.
Porque encarna lo que son en el fondo: un proyecto sin vergüenza, sin razón, sin decencia.
Un proyecto dispuesto a pactar con lo delincuencial si eso asegura el poder.

Y eso —duele decirlo— es hoy la derecha de mi país.