Hubo un tiempo en que Colombia parecía asomarse a un abismo. El miedo era cotidiano, las carreteras estaban tomadas, las ciudades sitiadas por el secuestro, las emboscadas y las bombas. En medio de esa incertidumbre, Álvaro Uribe Vélez llegó al poder en 2002 con una promesa clara: recuperar el país.
Y en parte, lo hizo. No se puede negar. Durante sus dos mandatos, los secuestros cayeron en picada, las carreteras se abrieron, el Estado recuperó control territorial y la inversión extranjera volvió a mirar a Colombia con interés. La economía creció, la inflación se controló y se construyó una narrativa de confianza inversionista que duraría años.
Pero mientras las luces brillaban, las sombras se alargaban. Bajo la superficie, se gestaba una historia paralela: redes de poder, espionaje, alianzas prohibidas, corrupción estructural y un saldo humano que todavía duele.
Las cifras oficiales mostraban victorias militares históricas. Sin que eso no costara vidas y miembros de nuestros soldados, o víctimas civiles inocentes que cayeron en medio de la confrontación. Pero tras esas victorias, el Ejército perseguía resultados a cualquier costo. Entre 2002 y 2008, más de 6.400 colombianos fueron ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Campesinos, jóvenes desempleados, hasta personas con discapacidad… sus familias aún los llaman por su nombre, pero los expedientes los registraron como “bajas”.
La JEP ha documentado estos crímenes en el macrocaso 003. Generales como Mario Montoya, Nicacio Martínez y Rito Alejo del Río han sido llamados a responder.
El Estado pidió perdón, pero las heridas siguen abiertas. Y hoy, en Argentina, se tramita una querella internacional por estos hechos, bajo jurisdicción universal.
Solo imaginemos ese suceso en tiempos de Petro. Que murieran miles de colombianos a manos de las fuerzas de seguridad, en proporción alarmante respecto al histórico. Qué se diría?
El DAS, las “chuzadas” y los enemigos internos
Si alguien se atrevía a criticar al gobierno, podía terminar vigilado. Desde la mismísima Presidencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) organizó una operación de espionaje masivo contra magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos.
Las condenas son firmes:
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Jorge Noguera, exdirector del DAS: 25 años de cárcel por colaborar con paramilitares.
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María del Pilar Hurtado, directora del DAS: condenada por interceptaciones ilegales.
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Bernardo Moreno, jefe del DAPRE: también condenado.
Era el Estado espiando a sus propios ciudadanos.
Imaginemos al gobierno Petro y un escándalo de tales proporciones. La oposición, las cortes y los periodistas con sus comunicaciones interceptadas. ¿Se lo alcanzan a imaginar?
Los paramilitares y la política
Uribe desmovilizó oficialmente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero las investigaciones revelaron otra verdad incómoda: las fronteras entre el Estado, el Congreso y los paramilitares estaban peligrosamente difusas.
Decenas de congresistas y alcaldes de la coalición uribista fueron condenados por parapolítica: por pactar con grupos armados ilegales, recibir financiamiento o avalar despojos de tierras.
Incluso hombres cercanos al presidente cayeron:
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Mario Uribe, su primo, condenado por concierto para delinquir.
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Mauricio Santoyo, su jefe de seguridad, admitió ante tribunales estadounidenses haber colaborado con las AUC y recibido millones de dólares a cambio de información privilegiada.
En paralelo, mientras los paramilitares firmaban desmovilizaciones, sus empresas y testaferros se quedaban con miles de hectáreas. Fue un despojo masivo: Urabá, Montes de María, Chocó, Magdalena Medio. Hoy, miles de campesinos reclaman tierras y justicia, mientras líderes sociales caen asesinados por defenderlas.
Imaginemos a más de 60 congresistas del Pacto Histórico, con condenas en firma por ser empujados sus votos en sus municipios con la intimidación de la guerrilla. Imaginemos la financiación ilícita de sus campañas, e imaginemos la influencia en el congreso hacia el partido de gobierno. ¿Alguien imagina la dimensión del escándalo?
La reelección y el precio de un voto
Uribe quería quedarse. Y se quedó.
La Constitución se modificó para permitir la reelección inmediata. Años después, la propia Corte Suprema confirmaría lo que muchos denunciaron: ese cambio se compró voto a voto.
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Yidis Medina confesó haber recibido sobornos.
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Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velásquez, hombres clave del gobierno, fueron condenados por corrupción.
El sueño de la reelección tuvo un costo institucional que el país aún paga.
Imaginemos los esfuerzos hoy de Petro por reelegirse. Imaginemos a su partido político presentando Proyecto de Ley de Reforma Constitucional, sabiendo que el voto va a ser comprado para favorecer otros 4 años de Petro!!! ¿¿¿se lo pueden imaginar???
El campo, el oro y las migajas
Programas como Agro Ingreso Seguro (AIS) prometían apoyar al campesino. En la práctica, terminaron financiando a grandes terratenientes, testaferros y financiadores de campaña. El exministro Andrés Felipe Arias —“Uribito”— fue condenado a 17 años de prisión.
Lo mismo ocurrió con la minería: en medio del boom extractivista, se otorgaron títulos mineros cuestionados, muchos hoy bajo investigación por irregularidades.
Imaginemos a Petro haciendo algo similar.
Odebrecht y las coimas multinacionales
El escándalo Odebrecht no fue exclusivo de Uribe, pero tocó de lleno a su administración:
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Gabriel García Morales, viceministro de Transporte, recibió sobornos y está condenado.
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Bernardo “Ñoño” Elías y Otto Bula, aliados políticos clave, también terminaron en la cárcel.
Era un sistema aceitado: licitaciones millonarias, políticos aliados y favores cruzados.
¿Se parece esto al gobierno Petro? Es igual, es peor, o definitivamente, la corrupción en este gobierno es algo nunca visto, y los 70.000 millones del internet para los niños en las regiones durante el gobierno Duque no significa nada?
Los números que duelen
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Más de 6.400 víctimas de falsos positivos.
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Decenas de congresistas condenados por parapolítica.
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Ministros, directores de agencias y jefes de seguridad sentenciados.
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Miles de hectáreas despojadas a campesinos.
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Espionaje ilegal desde la Presidencia.
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Sobornos comprobados para modificar la Constitución.
Más de 6.400 víctimas de falsos positivos.
Decenas de congresistas condenados por parapolítica.
Ministros, directores de agencias y jefes de seguridad sentenciados.
Miles de hectáreas despojadas a campesinos.
Espionaje ilegal desde la Presidencia.
Sobornos comprobados para modificar la Constitución.
Uribe hoy
En julio de 2025, Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente:
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Delitos: fraude procesal y soborno en actuación penal.
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Pena: 12 años de prisión domiciliaria y multa de $3.400 millones COP.
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Está libre mientras apela, pero la historia ya registró el golpe.
Y, al mismo tiempo, enfrenta una querella internacional en Argentina por los falsos positivos. La justicia, aunque lenta, parece haber encontrado su cauce.
Luces y sombras
El legado de Uribe es complejo. Recuperó la confianza y la seguridad, pero a un precio altísimo: el país se llenó de fosas comunes, el Congreso se tiñó de parapolítica, la justicia fue presionada y las instituciones se vieron vulneradas. Y la polarización que se deriva de la falta de verdad en esos hechos agobia al país hoy día y nos tiene divididos como jamás habíamos visto. Hasta el punto que pensar desde el centro, sin consideraciones extremas, se ha vuelto una labor imposible.
Colombia salió del miedo de las FARC… y entró en otra red de silencios, alianzas y heridas que todavía supuran.
Y no podemos hoy contar con una opción de izquierda o derecha moderadas. Que reconozcan al contrario y no lo descalifiquen. Que se apeguen completamente a los DDHH en la recuperación de de la seguridad del país. Que sean capaces de modernizar instituciones, blindar los poderes ejecutivo y judicial, y no desprestigien a la oposición. Que nos ofrezcan un cambio en las costumbres políticas, en la transparencia del uso de los recursos, en una reforma agraria con fuerte financiación de la tecnificación bajo esquemas cooperativos. Que nos permitan ver una Reforma a la Salud que destape los intereses privados ilícitos en un asunto público. Que podamos ver una reforma política real con una Comisión de Acusaciones capaz de juzgar al poder, que seamos capaces de reducir la corrupción de forma notoria y significativa. Que las reformas tributarias atiendan principios de justicia distributiva, que todos paguen en relación a su capacidad de aporte y generación de riqueza.
Si juzgamos y desvaloramos al gobierno Petro, hagámoslo con todos por igual. Y no nos conformemos ni moderemos el debate de que queremos un salvador, un cambio, sin saber en verdad a quién estamos eligiendo y qué podemos esperar.




