Entre la verdad íntima y la justicia probada

En medio del debate penal que hoy ocupa buena parte de la conversación pública en Colombia, resulta necesario detenerse en un principio que, aunque pueda incomodar a muchos, es pilar de cualquier democracia: la presunción de inocencia. Nuestro sistema exige que sea el Estado —y solo el Estado— el encargado de demostrar, con pruebas legítimas y concluyentes, la culpabilidad de quien es señalado.

Es un estándar altísimo. Y, sin embargo, prefiero esa dificultad a un sistema que invierta la carga de la prueba o que condene desde la sospecha. Prefiero la certeza dura de las pruebas impecables a la ligereza peligrosa del rumor y la intuición. Porque quitarle la libertad a alguien es el acto más grave que puede ejercer el Estado, y solo puede hacerlo sobre bases irreprochables.

Dicho esto, no ignoro la otra cara de la realidad: la verdad íntima que intuimos y reconocemos en lo profundo de nuestra conciencia colectiva. Y es imposible no pensar en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lo creo no desde la pasión del instante, sino desde el trasegar de los años; desde los testimonios repetidos una y otra vez, los hechos documentados en prensa y en expedientes, las decisiones de gobierno que beneficiaron a grupos criminales, los testigos directos asesinados, las personas condenadas por hechos que solo favorecieron a Uribe mientras él permanecía intocable. Es la suma de patrones difíciles de ignorar, que dibujan un cuadro demasiado consistente como para atribuirlo al azar o la persecución política.

Y con todo y eso, acepto que no es suficiente para condenarlo. Los que lo veneran y agradecen no alcanzan a verlo como yo, o si lo ven agradecen que Uribe se presuma inocente, por encima de los hechos que saltan a la luz.

Es aquí donde surge la tensión: creo que Uribe es culpable de los delitos que hoy se le imputan y de otros más graves que aún esperan juicio. Lo creo no desde la visceralidad, sino desde la acumulación de hechos que, vistos en conjunto, dejan pocas dudas.

Y, aun así, lo afirmo tres veces —para que no haya duda—:

• Me allano al fallo de la justicia colombiana.

• Me allano al fallo, sea el que sea, porque creo en el aparato judicial de mi país a pesar de fallas, o jueces que no han dado muestra de estar a la altura de su majestad..

• Me allano al fallo, aun si contradice mis convicciones íntimas, porque creo en el principio que nos protege a todos: la presunción de inocencia. Si no fueron capaces de desvirtuar su presunción de inocencia, es porque ante a justicia de mi país, es inocente.

La verdad puede habitar en la conciencia y aun así no alcanzar los estrados. Y esa distancia —dolorosa, frustrante, pero profundamente necesaria— es lo que nos separa de la arbitrariedad. Porque si alguna vez invertimos ese principio y presumimos culpabilidad sin pruebas impecables, nadie estará a salvo cuando sea su turno de ser señalado.

Invito a toda Colombia a aceptar el fallo desde ya, para ahorrarnos la absurda eventualidad de que si el fallo "nos es favorable, es porque la justicia majestuosa actuó", pero que "si el fallo nos desfavorece, es porque la juez o el tribunal en pleno, están locos, son unas crápulas, o son de izquierda radical y están politizados."

Aceptar el fallo antes de que salga es jugar a ganar. Arriesgando la frustración que puede darnos, pero eligiendo un bien mayor que es el de creer y apoyar nuestras instituciones, si es que nos llamamos demócratas. Aceptar el fallo solo si nos es favorable, es jugar para no perder. Poniendo en tela de juicio condicional a nuestras instituciones, y sentir que de cualquier forma salimos ganando. "Porque no la justicia sino yo era quien tenía la razón." Conveniente. Ventajoso. Amañado.